Con el decreto de emergencia económica suspendido por orden de la Corte Constitucional, el Gobierno Petro entró en modo defensivo. A las inmediatas críticas del presidente se sumó la voz de Natalia Molina; la directora del DNP cerró filas con la Casa de Nariño para defender una medida que el alto tribunal ha puesto bajo la lupa.
“Cuando llegue el próximo gobierno, si se suspende la recaudación de los nuevos impuestos, que hasta ahora no ha sucedido, y espero no suceda hasta el próximo gobierno, crecerá mucho el costo de la deuda y el próximo gobierno tendrá que recaudar muchos más impuestos”, afirmó Gustavo Petro a través de su cuenta en X.
En la mañana de este viernes, Natalia Molina, la directora del Departamento Nacional de Planeación, DNP, en una entrevista que le hicieron en Blu Radio, la funcionaria no respondió de manera clara a los cuestionamientos hechos por el endeudamiento del Estado en la administración Petro.
“Hemos aumentado el gasto público en salud, educación y salarios dignos para el pueblo y esas son las prioridades por las que llegamos al Gobierno y por las que el presidente Petro asciende en su popularidad... El gasto social necesariamente no es malo”, afirmó la directora del DNP.
Añadió que si el Banco de la República sube las tasas de interés, como lo hizo este viernes pasando de 9,25 % a 10,25 %, “van a poner un frenazo a la reactivación económica y se pone un freno a la inversión, va a bajar la productividad y la aceleración”.
Molina calificó como “gravísima” la suspensión del decreto de la emergencia económica resaltando que el país viene de un proceso de negociación del Presupuesto General de la Nación, el cual fue aprobado por consenso entre el Gobierno y el Congreso contemplando un déficit de 16 billones de pesos que entrarían a través de la Ley de Financiamiento; por lo tanto, para ella resulta “incomprensible” que, tras haber llegado a un acuerdo inicial sobre los montos, ahora se nieguen o bloqueen estos recursos esenciales para el balance fiscal.
“El pueblo colombiano votó por un programa de Gobierno de educación gratuita, formalizar a las madres comunitarias, los incrementos salariales para la clase trabajadora, soldados, como hemos visto estos días, pues esto nos deja en una decisión de definir cómo se va a financiar”, añadió la funcionaria.
Acto seguido, en medio del intento por contrapreguntar la periodista, la directora del DNP cuestionó: “¿a quién le vamos a recortar el presupuesto? Al pueblo y la política social, que por fin están teniendo unos beneficios nunca antes vistos, o se los recortamos a los megarricos con patrimonios de más de 2.100 millones de pesos que es menos del 10 % del país”.
Sobre el déficit fiscal, estimado en 110 billones de pesos, y los cuestionamientos al aumento del gasto público, la directora del Departamento Nacional de Planeación respondió que se trata de un déficit estructural que solo puede corregirse mediante “una reforma impositiva progresiva, en la que los sectores más pobres paguen proporcionalmente menos impuestos y los megarricos contribuyan más”.
Señaló que desde la campaña presidencial el Gobierno propuso reformas por cerca de 50 billones de pesos, pero que, tras dos años, el país sigue operando con un presupuesto desfinanciado debido a la falta de respaldo del Congreso para aprobar las reformas sociales planteadas.
La funcionaria intentó explicar que el crecimiento del gasto público se ha concentrado principalmente en los gastos de funcionamiento, especialmente en dos frentes. El primero corresponde al impacto de la política de gratuidad en la educación superior, que ha permitido que estudiantes de los estratos 1, 2 y 3 accedan a la universidad, con una inversión que calificó como histórica. El segundo está relacionado con el pago y el reconocimiento de condiciones dignas para los internos de medicina y los soldados, como parte de una política de dignificación laboral.
Frente a las críticas que califican estas decisiones como un derroche, la directora sostuvo que cuestionar estos gastos implica una diferencia de valores, pues —dijo— se trata de garantizar una remuneración justa y vital a quienes arriesgan su vida y a sus familias.
A su juicio, estos recursos responden a prioridades sociales que no pueden ser leídas únicamente desde una lógica contable. Indicó que en materia de gasto de inversión el Gobierno adelanta una recomposición que permitirá destinar vigencias futuras que antes no se asignaban.
“Yo entiendo que les moleste que nosotros estemos gastando la plata en equipos básicos de salud para la gente, porque eso cuestiona un modelo de EPS”, afirmó la directora del DNP, lo que generó cuestionamientos adicionales de la periodista Camila Zuluaga que terminaron en un acalorado cruce de declaraciones.
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Según explicó, una parte del presupuesto del próximo año se orientará a educación, salud y al fortalecimiento de una red de hospitales de alta complejidad, incluido el proyecto del Hospital San Juan de Dios, para el cual se logró un acuerdo con la Alcaldía de Bogotá por 1,66 billones de pesos.
¿Quién es la directora del DNP?
Natalia Molina, profesional en ciencia política con cuatro posgrados (dos de los cuales no se ha graduado, según su hoja de vida en Función Pública), inició su vínculo directo con la actual administración durante la etapa electoral de 2022, en la campaña presidencial de Gustavo Petro entre febrero y junio de ese año.
Tras la victoria en las urnas, asumió un rol estratégico como coordinadora general del proceso de empalme entre el gobierno saliente de Iván Duque y el entrante. Posteriormente, ingresó formalmente al sector público como Gerente de Proyectos en la Sociedad de Activos Especiales (SAE) hasta marzo de 2023.
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Luego de un breve periodo, se vinculó como consultora de apoyo en el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE) durante el segundo semestre de 2023 y, más adelante, prestó sus servicios como consultora en la Unidad Administrativa Especial del Servicio Público de Empleo a mediados de 2024.
Durante ese mismo año, también formó parte de la Junta Directiva de Central de Inversiones S.A. (CISA), entidad adscrita al Ministerio de Hacienda que comprar, administra y comercializa bienes del Estado.
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Su ascenso en el Departamento Nacional de Planeación (DNP) comenzó en agosto de 2024, inicialmente en el cargo de asesora, pero gracias a su perfil técnico fue promovida a subdirectora general de Descentralización y Desarrollo Territorial, cargo que ocupó oficialmente hasta marzo de 2025. Finalmente, llegó su nombramiento y posesión como Directora General del DNP el 5 de junio de 2025, cargo que ejerce en la actualidad.
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