Diez actos administrativos expedidos durante el gobierno del presidente Gustavo Petro fueron demandados ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo por la firma SPL Salgado Abogados y Consultores, que solicita a los jueces revisar la legalidad de estas disposiciones.
Las acciones judiciales cuestionan normas expedidas entre 2021 y 2026 por considerar que, en distintos casos, habrían creado obligaciones sin sustento legal, excedido la potestad reglamentaria, desconocido el principio de reserva de ley o generado efectos sobre la seguridad jurídica de ciudadanos, trabajadores y empresas.
Las demandas fueron radicadas por la firma especializada en derecho tributario, laboral y administrativo, que sostiene que corresponde a la jurisdicción determinar si los actos administrativos fueron expedidos dentro de los límites establecidos por la Constitución y la ley.
Los diez actos administrativos incluidos en las demandas
Entre los procesos figura el Acuerdo 10 de 2023 del SENA, mediante el cual, según la demanda, se incorporaron a la cuota de aprendizaje oficios que no requieren formación académica integral. SPL sostiene que esta decisión convirtió la monetización del contrato de aprendizaje en una carga económica adicional para las empresas sin respaldo legal.
También fue demandado el Decreto 1225 de 2024, relacionado con la reglamentación de la reforma pensional. La firma considera que el decreto estableció obligaciones antes de que la ley correspondiente entrara en vigor, anticipando efectos jurídicos que, según su interpretación, aún no podían aplicarse.
Otro de los actos cuestionados es el Decreto 0234 de 2026, que reglamentó la negociación colectiva por niveles superiores al de la empresa. La demanda sostiene que esa figura no fue creada por el Congreso y que, por tratarse de una materia reservada al legislador, no podía ser incorporada mediante un decreto reglamentario. Además, señala una presunta vulneración del derecho de asociación negativo.
En la lista también aparece el Decreto 0415 de 2026, por ordenar el traslado anticipado a Colpensiones de recursos pertenecientes a afiliados del régimen de ahorro individual que aún no habían consolidado su derecho pensional. Según SPL, la medida sería contraria a lo previsto en la reforma pensional, que establece el momento en que dichos traslados pueden realizarse.
Las acciones judiciales incluyen igualmente las Resoluciones 1145 de 2021 y 1323 de 2022 de la UGPP, relacionadas con la devolución de recursos entregados mediante los programas PAEF y PAP durante la pandemia. La firma sostiene que las resoluciones ordenaron liquidar intereses moratorios conforme al Estatuto Tributario, pese a que los recursos correspondían a subsidios estatales y no a obligaciones tributarias.
Siga leyendo: Exclusivo | El legado ambiental que deja Petro: la deforestación repuntó y la minería ilegal se expandió
Otro proceso se dirige contra el Decreto 1601 de 2022, al considerar que no desarrolló el sistema de presunción de ingresos previsto por la ley y se limitó a reproducir disposiciones existentes, sin crear el mecanismo ordenado por el legislador.
La firma también cuestionó el Decreto 572 de 2025, mediante el cual se incrementaron las tarifas de retención y autorretención en la fuente. La demanda señala que la medida habría sido adoptada sin un estudio técnico suficiente para sustentar su impacto económico y advierte que, en algunos casos, podría generar efectos confiscatorios.
Asimismo, fue demandado el Decreto 1017 de 2025, por establecer una tarifa del 0,1 % sobre los fletes. SPL argumenta que esa disposición implicaría la creación de una obligación tributaria mediante decreto, desconociendo el principio constitucional de reserva de ley.
Entre los actos demandados también está la Resolución 687 de 2026, que fijó un cobro equivalente al 15 % del 25 % por concepto de supuestos gastos operativos en procesos de cobro coactivo. Según la firma, la medida crea un cobro obligatorio sin autorización legal expresa.
La relación de procesos concluye con el Decreto 1047 de 2024, mediante el cual el Gobierno prohibió las exportaciones de carbón hacia Israel. La demanda sostiene que la decisión podría desconocer compromisos adquiridos por Colombia en tratados internacionales de libre comercio, así como disposiciones de la Organización Mundial del Comercio y principios constitucionales relacionados con la libertad económica y la libertad de empresa.
Las demandas continúan en estudio judicial
Sobre el propósito de las acciones, Carlos Mario Salgado, director legal de SPL Salgado Abogados y Consultores, afirmó:
“El control judicial de los actos administrativos constituye una garantía esencial del Estado de derecho. Nuestro propósito no es controvertir decisiones por razones políticas, sino procurar que toda actuación de la administración pública se mantenga dentro de los límites que establecen la Constitución y la ley. Cuando un acto administrativo desconoce esos límites, corresponde a la jurisdicción determinar su legalidad”
El abogado indicó que las diez acciones de nulidad se encuentran actualmente en trámite ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo y que serán los jueces quienes determinen la legalidad de cada uno de los actos administrativos demandados. Añadió que las demandas buscan fortalecer la seguridad jurídica, garantizar el respeto por el principio de legalidad y brindar certeza a ciudadanos, trabajadores, empresas y demás actores económicos frente a las actuaciones de la administración pública.
Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí.
Bloque de preguntas y respuestas:
- ¿Cuáles son los actos administrativos del Gobierno Petro que fueron demandados?
- Las demandas abarcan diez actos administrativos: el Acuerdo 10 de 2023 del SENA, los Decretos 1225 de 2024, 0234 de 2026, 0415 de 2026, 1601 de 2022, 572 de 2025, 1017 de 2025 y 1047 de 2024, además de las Resoluciones 1145 de 2021, 1323 de 2022 de la UGPP y la Resolución 687 de 2026.
- ¿Quién presentó las demandas contra estos actos administrativos?
- Las acciones de nulidad fueron presentadas por SPL Salgado Abogados y Consultores, firma especializada en derecho tributario, laboral y administrativo.
- ¿Qué busca una demanda de nulidad contra un acto administrativo en Colombia?
- Busca que la jurisdicción de lo contencioso administrativo determine si el acto fue expedido conforme a la Constitución y la ley. La decisión final corresponde a los jueces.
- ¿Por qué fue demandado el decreto sobre la reforma pensional?
- Según la demanda, el Decreto 1225 de 2024 estableció obligaciones relacionadas con la reforma pensional antes de que la ley entrara en vigencia.
Regístrate al newsletter