El Tribunal Administrativo de Santander ordenó la apertura de un incidente de desacato contra la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, debido a los retrasos en la delimitación del Páramo de Santurbán, incumpliendo una sentencia de la Corte Constitucional emitida hace más de siete años.
En contexto: Procuraduría y Defensoría denuncian incumplimiento en delimitación del páramo Santurbán.
La decisión del tribunal se da tras evidenciarse reiterados aplazamientos en el cronograma de concertación con las comunidades, la inasistencia de la funcionaria a reuniones clave y la falta de asignación presupuestal para ejecutar el proceso.
El auto de esa institución indicó que el incumplimiento de la sentencia T-361 de 2017 podría derivar en sanciones económicas contra la ministra, al considerar que su inacción afecta los derechos fundamentales protegidos por la alta corte.
Según el documento, de las 31 mesas de trabajo programadas con las comunidades, solo seis se han realizado, lo que ha generado incertidumbre en municipios como Vetas, California, Suratá, Salazar, Arboledas, Cáchira y Bucaramanga.
En ese sentido, la falta de delimitación ha permitido el avance de la minería ilegal y la contaminación de fuentes hídricas con mercurio, superando hasta 40 veces los límites internacionales permitidos, según informes de la Procuraduría General y la Defensoría del Pueblo.
El Tribunal Administrativo de Santander requirió a la ministra Muhamad para que, en un plazo de cinco días, justifique las razones del incumplimiento o, en su defecto, adopte medidas inmediatas para cumplir con la orden judicial.
Asimismo, solicitó a la Procuraduría y la Defensoría presentar un informe actualizado sobre la situación ambiental en la región. Vale recordar que los organismos de control han insistido en la urgencia de concretar la delimitación antes de establecer nuevas regulaciones sobre el territorio. Así mismo, esas entidades han reiterado la necesidad de garantizar un proceso de concertación amplio con las comunidades, en cumplimiento del Acuerdo de Escazú y las sentencias de la Corte Constitucional de 2014, 2017 y 2024.
Finalmente, el Tribunal advirtió que en caso de persistir los incumplimientos, podría adoptar medidas sancionatorias más drásticas contra la funcionaria.
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