La demanda, interpuesta ante la sección primera del Consejo de Estado, asegura que una figura administrativa no puede prevalecer por encima de los derechos y estabilidad de toda la ciudadanía. Conozca los argumentos legales que buscan anular la figura central de la Paz Total.
En medio del revuelo por las denuncias sobre los presuntos nexos entre el Estado, altos mandos del Gobierno y jefes de las disidencias de las Farc al mando de alias Calarcá; la defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, demandó a la Presidencia por el decreto que establece la creación de los “gestores de paz”.
La demanda fue presentada ante el Consejo de Estado, abriendo así otra de las coyunturas de seguridad y conflicto armado más criticadas de este Gobierno: el nombramiento de excomandantes paramilitares bajo la cobija de esta figura, que les otorga beneficios como apoyo psicosocial, desarrollo de habilidades y la posibilidad de recibir una asignación mensual, además de poder tener la suspensión de medidas de aseguramiento y penas.
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Según la Defensora, esto es una afrenta a las víctimas, y una afectación al orden público, social, económico y político.
En el documento presentado, se menciona a los 16 excomandantes cobijados por la medida: Salvatore Mancuso Gómez; Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40; Ramiro Vanoy Murillo, alias Cuco Vanoy; Hernán Giraldo Serna, alias El Patrón; Luis Eduardo Cifuentes Galindo, alias El Águila; y Manuel de Jesús Pirabán, alias Pirata.
También a Juan Francisco Prada Márquez, Juancho Prada; José Baldomero Linares, alias Guillermo Torres; Diego Fernando Murillo Bejarano, alias Don Berna; Carlos Mario Jiménez Naranjo, alias Macaco; Fredy Rendón Herrera, alias El Alemán; Édwar Cobos Reyes, alias Diego Vecino; Rodrigo Pérez Álzate, alias Julián Bolívar; Arnubio Triana Mahecha, alias Botalón; Héctor Buitrago Rodríguez; y Héctor Germán Buitrago Prada.
La demanda llegó a la mesa de la sección primera del Consejo, y deberá determinar si procede o no con ella. En la justificación, la Defensoría agregó que:
“El acto introduce un riesgo estructural de revictimización simbólica, pues para las víctimas directas de la violencia paramilitar, que han esperado por décadas una reparación integral que no llega, verán a sus victimarios elevados a un rol de interlocución con el Estado, sin que medie un proceso de reparación efectivo y sin su participación, lo que constituye una afrenta a su dignidad y un retroceso en los procesos de reconciliación comunitaria”.
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Además, insistió en que la paz no puede construirse sobre el dolor de quienes sufrieron las consecuencias de la guerra. Para la Defensoría, la decisión de Presidencia de otorgarle beneficios a los excomandantes paramilitares es una forma de mitigar la confianza de la ciudadanía en el Estado y las leyes.
Será el Consejo de Estado el que decida si la demanda de la Defensoría procede de acuerdo con lo sustentado. Cabe resaltar que la sustentación no solo fue cualitativa, sino normativa.
Y es que, el ente de control citó que, por ejemplo, la resolución que establece la figura de gestores de paz ignora los derechos de las víctimas a la participación y a la verdad, puesto que los excluye de la toma de decisiones acerca de cómo, cuándo y qué actividades de reparación se realizarán.
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