La Fiscalía desarticuló una banda señalada de estafar al sistema de seguridad social y a mujeres de siete departamentos. La investigación determinó que los posibles delincuentes vinculaban a embarazadas a empresas fantasmas, para después cobrarle al Estado por sus licencias de maternidad.
“La Fiscalía General de la Nación, a través de la Seccional Vichada y la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio, impactó a una red delictiva señalada de defraudar al Estado mediante el cobro de licencias de maternidad”, explicó Liliana Patricia Donado, fiscal especializada.
Las pruebas recopiladas indican que integrantes de tres familias crearon 19 empresas de papel que se hacían pasar por organizaciones inmobiliarias, de servicios generales o de asesorías. La red operaba en el Vichada, Meta, Casanare, Boyacá, Atlántico, Huila y Cundinamarca.
El rastreo de la Fiscalía determinó que los capturados se hacían pasar por funcionarios de una ONG o servidores públicos. Con ese discurso buscaban embarazadas de escasos recursos –entre el cuarto y quinto mes de gestación–. Después de convencerlas iniciaban el papeleo para ingresarlas a la empresa ficticia.
428 mujeres fueron víctimas de esta red. La banda criminal reportaba ante las autoridades que “las trabajadoras recibían una remuneración equivalente a un millón de pesos, pero faltando un mes para que dieran a la luz informaron sobre un aumento salarial a ocho millones de pesos”.
Con esta maniobra los presuntos estafadores pedían al Sistema General de Seguridad Social en Salud que le giraran a sus empresas las licencias de maternidad sobre el último sueldo de las mujeres (8 millones de pesos).
“De esta manera, defraudaron en cerca de 9.000 millones de pesos a la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud”, puntualizó Donado.
El informe oficial dicta que por estos hechos fueron capturadas 8 personas –dos de ellas quedaron en libertad pero vinculados a la investigación– y fueron imputados por los delitos de enriquecimiento ilícito de particulares, estafa agravada, utilización ilícita de redes de comunicación y concierto para delinquir agravado.
La Fiscalía también incautó bienes (un predio rural, tres urbanos, ocho vehículos y 19 sociedades) avaluadas en 1.216 millones de pesos.
