Luego de denunciar que el Ministerio de Hacienda no giró los recursos para pagar la nómina de 5.160 contratistas de la Defensoría del Pueblo, Iris Marín, líder de la entidad, aseguró que la comunicación con el jefe de aquella cartera es limitada, y que para saldar el pago de nómina de 2025, descontarán dinero del presupuesto que les asignen en 2026.
En el entramado de entidades estatales se encuentra la Defensoría del Pueblo, un organismo cuyo trabajo está volcado hacia la ciudadanía.
Son más de 4.000 abogados que llevan los casos de defensa de quienes no tienen cómo pagar una; además de los otros miles de profesionales que dedican su día a día a la defensa de los derechos humanos en los distintos departamentos de Colombia que sufren las consecuencias más crueles del conflicto armado.
Es 29 de diciembre de 2025, y ni aquellos abogados, ni funcionarios administrativos, ni sociólogos, ni antropólogos y demás profesionales que trabajan en la entidad han recibido el pago de nómina de diciembre. En entrevista con W Radio, Iris Marín Ortiz, líder de la entidad, denunció varias irregularidades al respecto.
En total, son 5.160 contratistas los que tendrán que esperar hasta enero para recibir su sueldo de diciembre y de ese mismo mes. “Nosotros hicimos todos los trámites. He escuchado que esto ha afectado a muchas instituciones, no solo a la Defensoría. No es cierto que los pagos se hagan mes vencido”, explicó Marín.
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La defensora del Pueblo aseguró, además, que ha intentado hablar varias veces con el ministro de Hacienda, Germán Ávila, para comentarle sobre inquietudes y dificultades presupuestales en la entidad, sin embargo, “la comunicación ha sido limitada”.
En cuanto a las demoras de los pagos de diciembre, Marín aseguró: “Nos informó que no tenían flujo de caja y no tenían para el pago de los contratistas en diciembre”.
Sin embargo, lo que más le preocupa es que, según comunicaciones de Hacienda, aún no está definida la fecha de enero en la que se efectuarán los pagos, y el dinero para hacerlos será descontado del presupuesto de 2026.
“Nos dijeron que el pago se haría con recursos del 2026, de tal manera que afectaría nuestra disponibilidad presupuestaria. Es decir, descontarán los salarios de 2025 del presupuesto de 2026”, aseguró Marín.
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Es importante recordar que, según lo anunciado hace unos meses, el presupuesto de la Defensoría del Pueblo para 2026 tendrá una reducción del 5% en comparación con 2025, y del 47% en comparación con 2024. Eso, sumado al nuevo recorte para cumplir con las obligaciones de nómina de diciembre, dejarían cojeando aún más a la entidad.
En su momento, Marín aseguró: “¿Cuál es la prioridad que le da el Gobierno y el Congreso de la República a la labor independiente de promoción y defensa de los derechos humanos?”.
Ante su pregunta, la respuesta institucional fue el silencio. Y es que, a pesar de que una de las banderas del Gobierno Nacional es la protección de los derechos humanos, el presidente Petro le ha dado la espalda a la entidad. “Le escribí por un canal de mensajería que tenemos y no me respondió nada”, le dijo Marín a La FM cuando se conoció el monto aprobado.
Ahora, frente a la coyuntura, Marín explicó que, a diferencia de otras entidades públicas, la Defensoría no tiene la capacidad económica para hacer provisiones de emergencia, por lo que, aunque desde hace meses tanto el Gobierno como el Legislativo han advertido sobre una crisis fiscal, la cartera de la Defensoría es tan limitada que no tiene de dónde agarrarse.
Actualmente se han reducido las operaciones en terreno. Además, cada abogado de la entidad maneja hasta 400 casos de defensa. “Tienen una sobrecarga (...) Es una legión de gente con un amor al servicio y no pudimos hacer el pago de diciembre”, le dijo Marín a W Radio.
En la entrevista recordó que el presupuesto se asigna de manera anual, por lo que no tiene sentido ni es justo que se descuenten recursos de 2026 para sanar los vacíos que dejó la crisis de cartera en 2025.
”Los recursos que estaban previstos para el pago de diciembre eran los recursos que teníamos previstos para eso. Nosotros no podemos tomar de otros lados para pagar algo que es obligación de Hacienda (...) De hecho, hace un año tuvimos la misma dificultad, hablé con el ministro de Hacienda de entonces, él entendió y resolvió. El presupuesto tiene un principio de anualidad, debe quedar ejecutado en diciembre”, aseguró Marín.
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Para la líder del organismo, aquello no solo es un atropello a los derechos de los trabajadores, sino que también pone en riesgo la autonomía de la Defensoría. Y es que, a pesar de que es una entidad pública, no le rinde cuentas a ningún Gobierno de turno. “A pesar de eso, no tenemos injerencia en la decisión de qué recursos tendremos a la mano”, dijo Marín.
Por el momento, no hay respuesta desde el Ministerio de Hacienda.
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