La Defensoría del Pueblo entró en las discusiones que pretenden fijar el salario mínimo para el 2024. Desde el Ministerio Público pidieron a las partes ajustar el salario a las realidades socioeconómicas del país y basadas en la protección de los derechos laborales.
“Es vital lograr una concertación técnica que reconozca la inflación y el comportamiento de la productividad para que se pueda mantener el poder adquisitivo de los colombianos, sin castigar el crecimiento económico y la generación de empleo”, dijo el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo.
Desde la Defensoría indicaron que respaldaran las iniciativas que garanticen las condiciones generales del trabajo y el acceso a beneficios sociales.
“El salario mínimo, como derecho constitucional y obligación social que goza de la protección especial del Estado, no es solo un número, sino un instrumento para asegurar que los trabajadores tengan un nivel de vida acorde con la dignidad humana”, añadió Carlos Camargo Assis.
La Defensoría pidió a la mesa concertadora que el salario mínimo pueda cubrir las necesidades básicas de los trabajadores y sus familias y que, bajo ningún pretexto, sea un argumento para la explotación y la precarización laboral.
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“Por ello, la protección de los derechos humanos laborales implica no solo un salario digno, sino condiciones laborales justas y oportunidades de desarrollo para los trabajadores”, manifestó el defensor.
