Pasar 2,6 millones de afiliados a la EPS que no presenta estados financieros desde 2023, que en menos de dos años aumentó cuatro veces sus deudas (de $6 billones a $24 billones), que acumuló 120.000 tutelas sin responder y que ha tenido cinco interventores en 21 meses, ¿qué podría salir mal? Para el gobierno del presidente Gustavo Petro, parece que nada. Por eso, el Ministerio de Salud expidió un decreto que establece nuevas reglas para la operación de las aseguradoras y que pone a la Nueva EPS a recibir esa cantidad de personas.
El documento define “mecanismos diferenciales para la operación del aseguramiento en salud con enfoque territorial y poblacional”. Esto limita cuántas EPS pueden operar en un territorio según su número de habitantes, por eso aquellas con menor cobertura deberán trasladar a sus pacientes a otras más grandes, como Nueva EPS, Savia Salud y Servicio Occidental de Salud (SOS).
En plata blanca eso implica que Nueva —la aseguradora más grande del país, con 11,5 millones de afiliados y los líos antes mencionados— reciba esa cantidad de población provenientes de otras, como Sura y Sanitas.
Así mismo, las EPS que tengan menos de un millón de usuarios mantendrán su estado actual. No obstante, si en un departamento su participación es inferior al 3 % de los afiliados, entre régimen contributivo y subsidiado, no podrán seguir operando.
¿Qué cambia el decreto?
El Decreto 182 de 2026 —cuyo borrador fue publicado hace dos semanas— establece que en departamentos con más de dos millones de habitantes, solo podrán operar las EPS con al menos el 5 % de los afiliados en esa zona; mientras que en otros con población entre 390.001 y 2 millones de habitantes, el mínimo será del 10 %.
Y, finalmente, en departamentos entre 100.000 y 390.000 habitantes, la participación exigida será del 15 %.
Esto se traduce en que el número de aseguradoras que puedan operar en los diferentes entes territoriales será limitado dependiendo del tamaño de la población y la participación de cada una.
Con la salida de algunas, se trasladará automáticamente a sus afiliados a otras entidades y como lo más grande y la que tiene presencia a nivel nacional es Nueva EPS, allí terminarán las mencionadas 2,6 millones de personas.
“Trasladan los pacientes a una EPS en caos, sin confianza de los otros agentes y con crecientes problemas de entrega de medicamentos. Los pacientes no importan. Una decisión inhumana y sin justificación”, dijo al respecto el exministro de Salud, Alejandro Gaviria.
¿Cómo será el traslado?
El decreto habla de un mecanismo de “asignación especial de afiliados” con el que el Ministerio de Salud y la Administradora de Recursos del Sistema de Salud (Adres) redistribuirán, en cinco días, a los afiliados de las EPS que dejarán de operar. Entre tanto, las que reciban no podrán negarse, incluso si vienen de otro régimen. Y, si los usuarios se quieren cambiar, deberán esperar mínimo 60 días en la aseguradora asignada para poder ejercer su derecho a la libre escogencia y solicitar traslados. Entre las excepciones se mencionan la reunificación de grupos familiares y las comunidades indígenas.
Por otra parte, el documento obliga a que las entidades del régimen subsidiado y las públicas del régimen contributivo deben contratar mínimo el 60 % del gasto en salud con empresas sociales del estado (ESE) que haya en los municipios donde operen.
“Es vulneración del derecho a la libre escogencia y pasan a la gente como si fuera una rifa de confeti para otras EPS. No tiene sentido ese traslado porque es inconsulto y llegarán a una que no tiene capacidad para ateneder más pacientes”, aseguró la presidenta de la Asociación de Usuarios de Sanitas EPS, Gloria Elena Quiceno, quien contó que a Sanitas la sacan 15 departamentos con ese decreto.
Y es que en municipios que queden son con una EPS habilitada, conllevará a una concentración en esas zonas ante la inexistencia de más opciones. Eso es lo que menciona Quiceno como la libre escogencia: cada persona decida en dónde quiere afiliarse.
Afiliado: así lo afecta el decreto
Cambiar a 2,6 millones de personas de EPS es una tarea mayúscula, que implica cambio de red prestadora (instituciones que prestan servicios de salud a las EPS), al trámite de nuevas autorizaciones y a posibles retrasos en medicamentos o tratamientos en curso.
Así las cosas, más allá de si implementar el decreto sea ordenada, lo que atañe preguntarse es si el sistema de salud tiene la capacidad operativa de mover millones de usuarios sin afectar su atención. Para Gloria Quiceno la respuesta ineludible es que no y lo que pone en riesgo es la vida.
“Qué más puede ser si no es el riesgo de la muerte de la gente”, apuntó. “Eso romperá tratamientos y servicios que llevan las personas porque tendrán que arrancar en otra EPS de cero para ir donde un nuevo médico y que envíen otro tratamiento. Eso de que garantizarán el servicio y contrataciones en cinco días es pura paja e imposible”, añadió.
El representante a la Cámara, Andrés Forero (Centro Democrático), advirtió que el Minsalud “está desatendiendo la orden que había dado el Consejo de Estado y, por esa razón, voy a pedirle que abra un incidente de desacato por reproducir un decreto que había sido suspendido y, adicionalmente, le voy a pedir que suspenda este nuevo decreto”.
Mientras el país queda en vilo por estos cambios, Quiceno advirtió que si entra en operación el decreto, lo primero que deberán hacer las personas que vincule es “dirigirse a la EPS para saber dónde lo van a entender y si las IPS (instituciones prestadoras de servicios de salud) con que tienen convenios están en capacidad para atenderlos o si deben renovar o ampliar contratos”.
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