El presidente anunció que convocará por decreto una consulta popular, pese a que fue rechazada por el Senado, lo que ha generado fuertes cuestionamientos sobre una posible ruptura institucional. Juristas y líderes políticos advierten por la separación de poderes y una violación a la Constitución.
El presidente Gustavo Petro anunció en la noche de este martes que, saltándose al Senado y desconociendo la separación de poderes, convocará por decreto la consulta popular que la plenaria negó el pasado 14 de mayo. Bajo la tesis de que supuestamente el Congreso no se pronunció y que hubo “trampas”, el mandatario desafió las instituciones y dijo que firmará el decreto esta misma semana en Cali o Medellín.
Ante las alertas por una aparente ruptura institucional y una amenaza al Estado social de derecho, la pregunta que salta a la vista es: ¿qué viene y cuál sería el paso a seguir en caso de que el presidente materialice su amenaza y promulgue el “decretazo”?
La Ley 134 de 1994, que regula los mecanismos de participación ciudadana, establece que uno de los requisitos para convocar una consulta popular es el concepto favorable del Senado de la República. De acuerdo con el exregistrador Alexander Vega, no se podría sacar el calendario electoral porque faltaría ese requisito.
“Se deben verificar los requisitos de la consulta y se exigen dos: el concepto favorable del Senado y el decreto de la convocatoria llamando a la votación. Pero están tan perdidos en el Gobierno que dicen que van a sacar un decreto convocando elecciones. Acá no se convoca ninguna elección, se convoca una votación”, explicó a Blu Radio el actual copresidente del Partido de La U.
Según Vega, en caso de que Petro promulgue el decreto, la Registraduría respondería que no puede hacer la convocatoria del calendario electoral en tanto “carece del concepto favorable del Senado”.
En ello coincidió el presidente del Senado, Efraín Cepeda (Partido Conservador), quien dijo estar seguro de que el registrador Hernán Penagos “no aceptará llamar a una consulta popular” en tanto ya fue negada por el Parlamento. Además, anunció que una vez sea promulgado el decreto será demandado en el Consejo de Estado.
“En el momento en que firme ese decreto, si es que lo llegan a firmar, será demandado inmediatamente. Estamos dirigiendo también una comunicación al señor registrador con la certificación del secretario del Senado (Diego González), en el sentido de que se votó y no se aprobó en el Senado la consulta. Eso también lo ha expresado el Consejo de Estado”, expresó el senador.
Si bien la ley es explícita en señalar que para convocar a una consulta se requiere el concepto del Senado, para el presidente Petro “jamás hubo un concepto favorable” y hubo un error de procedimiento.
Según la tesis del Ejecutivo, previo a la votación de la consulta , era necesario leer una proposición con la solicitud del Gobierno. Citando la Ley Quinta –que regula el proceder del Congreso–, el ministro del Interior, Armando Benedetti, insistió en que dicha proposición no se leyó, lo que implica que el Senado supuestamente no se pronunció.
Además, el Gobierno reclama que el presidente del Senado cerró la votación de manera rápida y abrupta, por lo que supuestamente impidió la participación de tres congresistas, a lo que se suma que el secretario de la Corporación presuntamente cambió el sentido del voto del senador de oposición Édgar Díaz (Cambio Radical) cuando ya se había cerrado la votación.
Aunque la norma indica que los actos administrativos como los decretos son de competencia del Consejo de Estado, el presidente Gustavo Petro pidió que sea la Corte Constitucional la que se pronuncie sobre la legalidad de su “decretazo”.
“La Corte Constitucional decidirá indudablemente, puede o no decidir, de acuerdo con las normas existentes”, declaró el jefe de Estado en la alocución televisada de este martes.
Al parecer, el presidente y su equipo de abogados estaría echando mano del artículo 241 de la Constitución, que indica que será la Corte la llamada a “decidir sobre la constitucionalidad de los referendos sobre leyes y de las consultas populares y plebiscitos del orden nacional. Estos últimos sólo por vicios de procedimiento en su convocatoria y realización”.
En contraste, los opositores al “decretazo” insisten en que será el Consejo de Estado el llamado a dirimir el conflicto y citan además un auto de la Sección Quinta, que admitió una demanda de nulidad contra el concepto que había entregado el Senado y que tumbó el proceso a convocatoria de la consulta popular.
En términos prácticos ello implica que, contrario a la tesis del Gobierno, para el Consejo de Estado sí hubo un concepto desfavorable del Senado y el trámite de la consulta popular se convirtió en un “acto definitivo” de carácter electoral que podrá ser examinado por la autoridad judicial.
El registrador Penagos también citó el Consejo de Estado para decir que la Registraduría no pude fijar una fecha para la votación de la consulta porque el concepto favorable debe ser emitido por el Senado y eso no se dio.
“Basta ver el auto de admisión de la Sesión Quinta en donde dice que ya hubo decisión, que es un acto de contenido electoral, razón por la cual ese requisito (concepto favorable) no está dado por el Senado de la República, por consiguiente la organización electoral no podría convocar un calendario electoral”, había dicho el registrador.
Para el abogado Humberto Sierra Porto, director del Departamento de Derecho Constitucional de la Universidad Externado, una consulta por decreto en contra de la voluntad del Senado es una situación manifiestamente contraria a la Constitución.
“Eso genera una ruptura de las funciones, de la separación de poderes que hay en el Estado colombiano”, dijo, alertando por una aparente situación de autoritarismo, arbitrariedad y abuso del derecho constitucional.
En ello coincidió el exministro de Justicia Andrés González, quien advirtió que el Gobierno Petro, de manera deliberada, “está generando una crisis política e institucional que pone en riesgo el Estado de derecho, al desconocer decisiones del Congreso y al mismo tiempo al abstenerse de acudir ante los jueces para resolver este conflicto”.
Según el jurista, de fondo habría una estrategia para quitarle legitimidad a las instituciones. “El tema de fondo es si los colombianos están de acuerdo en mantener una democracia, un Estado de derecho o un régimen autoritario. Defendamos la Constitución”, dijo.
