La representante a la Cámara Catherine Juvinao aseguró este martes que la Registraduría habría incurrido en posibles irregularidades en la adjudicación de dos millonarios contratos que estarían a punto de ser celebrados desde dicha entidad. Uno por cerca de 206 mil millones de pesos y el otro por 93 mil millones de pesos.
Para la congresista, estos contratos presentan “deficientes estudios previos, precios exorbitantes y requisitos que podrían estar dirigidos a beneficiar algunas empresas particulares”.
El primer proceso de contratación inició el pasado 23 de noviembre, y habría de firmarse el 23 de diciembre, por un valor $205.923.159.013. Este tiene por objeto implementar un sistema tecnológico para adelantar el proceso de inscripción de ciudadanos y el registro virtual de grupos significativos de ciudadanos, movimientos sociales y comités independientes de voto en blanco para las elecciones 2023.
Sobre el mencionado contrato, señala la representante, “se encontraron varias irregularidades”. La primera es que en 2018, antes de que llegara Vega a la Registraduría, se celebró un contrato con objeto similar para las elecciones 2019 por un valor de 65.000 millones. Para ella, hay un incremento de 140 mil millones de pesos en el valor que es “injustificado”.
“La única diferencia con el contrato de hace 4 años es que en la plataforma a contratar ya no solo se inscribirán ciudadanos, sino también movimientos significativos de ciudadanos, movimientos sociales y comités de voto en blanco. ¿Eso implica 140 mil millones de pesos más?”, cuestionó.
Juvinao también le exigió a la Registraduría explicar por qué, según ella, en los pliegos no se discriminan los valores de cada ítem del contrato, como sí se hizo en 2018. “Aquí tenemos un contrato de 206 mil millones a la ciega”, reparó, y denunció que estarían a punto de adjudicarse en plena semana navideña.
Leer más: “Tenemos un registrador que habría falsificado su propia experiencia laboral”: Catherine Juvinao
Sobre el segundo contrato
El proceso del segundo contrato que busca celebrar el registrador arrancó el 1 de diciembre y se firmaría el 26 de noviembre. El mismo asciende a $92.582.021.817. Este tendría como fin la implementación de un sistema de ciberseguridad para la infraestructura tecnológica de la Organización Electoral.
Su queja está centrada en que, pese a que es un instrumento necesario para evitar ataques informáticos, “los cerca de 93 mil millones del valor del contrato son ampliamente superiores en comparación con otros sistemas usados por entidades públicas que manejan información sensible”. Pone como ejemplo la Dirección de Inteligencia Policial, “que destina $4.300 millones, o la DIAN, que invierte cerca de 68 mil millones”.
Así mismo, señala que los requisitos para las empresas que decidan aplicar a estos contratos, le parecen “excesivos”, por lo que “todo parece hecho a la medida para que los contratos se adjudiquen con nombre propio. Alexander Vega quiere aprovechar la Navidad para firmar estas multimillonarias contrataciones en medio de una opacidad y con la gente mirando para otro lado”, denunció.
Juvinao, finalmente, le exigió explicaciones a la Registraduría y manifestó que le harán un control a este proceso de contratación, y una vez más, insistió en que Vega debe renunciar.
