El presidente Gustavo Petro asistió a la reunión trimestral ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en Nueva York y allí dio por lo menos tres grandes discursos en los que atravesó toda la historia del conflicto colombiano. Habló de la guerra de los liberales y los conservadores, del acuerdo de Benidorm en 1956 entre Alberto Lleras Camargo y Laureano Gómez; argumentó que la violencia en el país cambió para siempre cuando se declaró la guerra contra las drogas en el Gobierno Nixon. Agregó que Colombia es una “explosión vital diversa”, e hiló sobre por que nunca hubo “un solo imperio indígena” en el territorio nacional.
Luego del recorrido histórico por temas variados, finalmente aterrizó su exposición en una propuesta que podría definir el corazón de la agenda legislativa de la administración a partir del próximo 20 de julio. Petro dijo que va a proponer a la “sociedad colombiana” un fast track para implementar nueve puntos que puedan hacer cumplir el Acuerdo de paz, aunque lo amplió hacia la paz total, y dio su perspectiva sobre las negociaciones independientes con el ELN y las disidencias de las Farc.
Sin embargo, entre líneas hay una lectura que señala que Petro podría referirse a la Constituyente, pero con un nombre conocido y generalmente aceptado en el escenario en el que lo pronunció.
El acuerdo de paz de Colombia, que le dio un Premio Nobel al expresidente Juan Manuel Santos, es reconocido por Naciones Unidas como un logro propio. El lenguaje del acuerdo es fácilmente identificado por la ONU y por el Consejo de Seguridad, por eso el concepto del “fast track” no es lejano. La diferencia entre el fast track de 2016 y el que propuso Petro, es que el de entonces se usó para llevar el Acuerdo de manera puntual a la Constitución y aprobarlo entre las partes. El que propuso Petro habla de “cambiar las normas para cambiar la desigualdad”, algo mucho menos limitado, más etéreo y que podría ser todo al mismo tiempo.
“¿Qué proponemos entonces? Proponemos un acuerdo nacional para acelerar y para cumplir ante la humanidad como Estado y como sociedad colombiana. Tengo que perseverar en la idea de un pacto nacional invitando al liderazgo político, social y económico de la mitad de la población que se ha opuesto a un pacto de paz, justamente a la paz, a la que ya se firmó y a la que no se ha producido en el país. Yo no he querido romper los espacios que quedan con la oposición, la respetamos, hablamos con ella, y la invitamos para que hagamos un acuerdo común para el cambio de las normas. No se quiere un acuerdo nacional pero para no cambiar las normas. Y si esta es la sociedad más desigual del mundo, ¿cómo no se van a cambiar las normas? Por eso voy a proponerle a las cortes y la sociedad repetir un fast track”.
Petro dijo que el primer fast track, que hizo posible que existiera el Acuerdo de paz con las Farc como norma con rango constitucional (a pesar de que por una moderada mayoría el plebiscito lo ganó el “No”) tuvo que ver con las fases iniciales de ese acuerdo y ya no es suficiente para cumplir hoy. El presidente argumentó en reiteradas ocasiones en su discurso que el fast track sería para modificar las normas que no permiten que haya un cambio de la realidad en el país.
Esa línea argumentativa es la misma que el mandatario ha mantenido para defender su confusa propuesta de constituyente y poder constituyente. Lo claro es que el fast track de las reformas y la implementación que propone Petro tendría que pasar ineludiblemente por el Congreso y no es claro cómo podría convertirse al final en una Asamblea Nacional Constituyente para realizar una nueva Constitución.
“Se necesita un cambio de normas que permitan los productos del acuerdo de paz: Planes de salud, planes de vivienda, reforma agraria integrada, verdad integral no fragmentada, integración del territorio al desarrollo nacional. Por eso proponemos estos diez puntos”, agregó el jefe de Estado.
Luego, explicó de manera detallada sus nueve puntos iniciales que son los siguientes:
1. Modificación de las vigencias futuras y modificación del marco de mediano plazo para priorizar las obras de la inclusión territorial.
2. Cambio en el sistema general de participaciones para destinar recursos a los PDET.
3. Excarcelar a los productores de hoja de coca.
4. Optimización y nuevas inversiones forzosas para los programas colectivos del PNIS.
5. Conversión de los títulos hereditarios en las zonas selváticas. El mandatario recordó que muchas de las zonas PDET están en zonas de selva.
6. Planteó una reforma agraria para la compra administrativa exprés de la tierra para la reforma agraria.
7. Propuso un sistema único para que todos los sectores tengan un solo tribunal de cierre. “Incluso organizaciones narcotraficantes que tengan que ver con el conflicto”, señaló.
8. Propuso también ampliar el tiempo de implementación por 7 años más.
9. El presidente anunció que van a proponer un nuevo fast track para cambiar normas y buscar los productos del acuerdo de paz. “Lo vamos a presentar a la sociedad colombiana y ante el Congreso”, manifestó.
10. Reiteró el cambio de deuda por acción climática. “Que el diferencial de dinero vaya hacia el acuerdo de paz”, aseguró.
¿Y qué es el fast track?
El fast track que aprobó la Corte Constitucional en 2016 hizo que debates de fondo para el Acuerdo pudieran ser votados en bloque y logrados únicamente en tres sesiones del Congreso, aunque para la mayoría se necesitaban ocho en total por tratarse de reformas constitucionales, es decir dos vueltas entre las comisiones y las plenarias de Cámara y Senado. Esto hizo que normas como la creación, las funciones y la operación de la JEP fueran aprobadas solo en tres debates, lo que optimizó y agilizó los tiempos para el Gobierno Santos de una manera en la que, sin ello, no se habría logrado la aprobación del Acuerdo.
Esto es fundamental porque ante la ONU el presidente propuso un fast track para una reforma agraria, pero también habló de salud y vivienda. Si esto es aceptado una vez más por la Corte Constitucional, la reforma agraria que no tuvo buen ambiente en dos años de la administración, o la de salud, que se cayó en tercer debate, podrían ser votadas en bloque y en solo tres sesiones, tal como se hizo para los aspectos más importantes del Acuerdo en 2016. No será una Asamblea Nacional Constituyente, pero sí sería un cambio a las normas de la Constitución utilizando un mecanismo que tuvo vida en el pasado para razones que parecen parecidas pero son diferentes en el fondo. Bajo esa lógica, todas las propuestas del plan de Gobierno del presidente podrían ser consideradas como necesarias para conseguir la paz y cumplir el Acuerdo.
Para el abogado constitucionalista de la Universidad de la Sabana, Sergio Serviche, es claro que hay ambigüedades que no quedaron aclaradas en los tres discursos de Petro en la ONU. “No se sabe todavía si se va a recorrer a mecanismos extraconstitucionales o el que establece la Constitución, y sigue en el aire el concepto del poder constituyente. Inicialmente con el nombramiento de Juan Fernando Cristo parecía que se habían despejado las dudas porque él descartaba la convocatoria extraconstitucional de una Asamblea Nacional Constituyente. Cristo dijo, y ahora lo repite Petro, que antes de la Constituyente se requiere un acuerdo nacional, pero nadie sabe a qué se refieren con un acuerdo nacional. Este sigue siendo un escenario de incertidumbre”, explicó a EL COLOMBIANO.
Finalmente, en el análisis también cabe lo sucedido en la última semana con el expresidente Santos. Si bien es cierto que Santos fue enfático en rechazar cualquier posible apoyo a una Asamblea Nacional Constituyente porque es “innecesario e inviable”, también es cierto que el contexto es que uno de sus ministros más cercanos acaba de llegar al Gobierno y que uno de los conceptos emblemáticos de su periodo acaba de ser re encauchado por Petro. Y, además, luego de una reunión presencial que ambos tuvieron en los últimos días. En cualquier caso, el presidente ya anunció que propondrá ese mecanismo a las cortes y a la sociedad y todavía quedan muchas preguntas por responderse.
Pidió misión internacional por crímenes
Ante los crímenes de excombatientes que se acogieron al Acuerdo de Paz (422 desde 2016), el presidente pidió que se cree una misión internacional que apoye a la Fiscalía en la investigación de los homicidios, de cara a “establecer autores intelectuales y materiales”. En esa línea, sostuvo que ese organismo podría contribuir también a “detener el surgimiento de grupos neo-paramilitares que con ayuda de empresarios narcotraficantes y algún tipo de actividad política vuelven a retomar un crecimiento aún balbuceante en el Magdalena Medio colombiano”.
