La Procuraduría General de la Nación advirtió sobre el grave deterioro ambiental en Playa Blanca, isla Barú, y la ciénaga de Portonaito en la Costa Caribe, y exigió a la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique (Cardique) un informe detallado sobre las medidas adoptadas para frenar la contaminación y el impacto ecológico que está afectando la zona.
La entidad expresó su preocupación por la persistencia de vertimientos inadecuados de aguas residuales, acumulación de basuras, proliferación de negocios informales, ausencia de baños públicos y el deficiente manejo de residuos sólidos provenientes de actividades hoteleras y cabañas turísticas.
Deterioro ambiental en Playa Blanca, isla Barú, y la ciénaga de Portonaito
El deterioro ambiental también se extiende a la ciénaga de Portonaito, pues según la Procuraduría, la llegada constante de embarcaciones turísticas ha generado una alta contaminación por residuos sólidos “ordinarios y peligrosos”, aceites y combustibles vertidos en el agua.
Asimismo, evalúan a la entidad ambiental sobre “los procesos adoptados frente a presuntos ocupantes de bienes de uso público en Playa Blanca para prevenir daños al ecosistema”.
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En febrero, Cardique confirmó la presencia de coliformes y contaminantes peligrosos (Respel) en la zona.
Las pruebas de Calidad Ambiental Marina (ICAM) revelaron que las aguas no son aptas para el contacto primario debido a la acumulación de residuos sólidos, aceites y combustibles.
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Además, la inspección evidenció el deterioro de manglares y descargas de aguas residuales que amenazan especies protegidas y afectan el ecosistema.
Ante la situación, la Procuraduría 3 Judicial II para Asuntos Ambientales y Agrarios de Cartagena exigió a Cardique explicaciones sobre “las actuaciones administrativas adelantadas contra 148 predios que realizan actividades en terrenos de uso público en Playa Blanca y cómo avanzan los procesos sancionatorios por incumplimiento de los compromisos pactados en años anteriores”.
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Por su parte, Cardique había indicado el pasado mes de febrero que se “inició una indagación preliminar dentro de sus funciones de control y vigilancia ambiental”.
