Colombia optó por la erradicación manual de cultivos ilícitos, aunque estos hayan aumentado el 38 % el año pasado, alcanzando las 96.000 hectáreas cultivadas con hoja de coca. Sin embargo, la ONU instó ayer al Gobierno a ser precavido, ya que la presencia de minas antipersonal en territorios donde se cultiva coca, pone en alto riesgo a los erradicadores.
En las observaciones finales del Comité de Derechos Humanos de la ONU a Colombia, se hace referencia a que “el Comité nota con preocupación los informes relativos a actividades de erradicación manual de cultivos de coca realizadas por campesinos pobres que no tienen otras oportunidades laborales en zonas donde están expuestos a los riesgos generados por la existencia de minas terrestres y la presencia de grupos armados ilegales”.
Si bien el Comité tomó nota de la información proporcionada por el Estado, en la que evidencia sus esfuerzos para reducir los riesgos para los erradicadores, le preocupa que “muchas de estas personas habrían perdido la vida o resultado heridas como consecuencia de la explosión de minas terrestres o de ataques de grupos armados ilegales”.
Es un hecho que en este país los grupos ilegales que se financian con el narcotráfico, o con parte de la cadena de ese negocio, cuidan los cultivos sembrando minas en sus alrededores. No es gratuito que desde el 2006 se hayan presentado 381 casos de accidentes con minas antipersonal a quienes ejercían esa labor, y que 42 personas hayan muerto, según la Dirección de Acción Integral Contra Minas, Daicma.
El informe del Monitoreo de Cultivos Ilícitos de la ONU contra la Droga y el Delito, ONODC, entregado en julio pasado, reveló que “las minas antipersonal son utilizadas por los actores armados ilegales para proteger los cultivos ilícitos; esta situación se ha registrado también en los procesos de erradicación manual forzada, en la que los actores armados ilegales aumentan el nivel de instalación de minas antipersonal como medio de disuasión frente a la intervención estatal”.
Un señalamiento justo
Esta alerta emitida por la ONU fue buscada por muchos años por la Campaña Colombiana Contra Minas.
“Desde el 2006 empezamos a encontrar víctimas erradicadores en Caldas”. Eran campesinos que producto de la crisis cafetera, optaron por irse a erradicar coca a cambio de un salario que ofrecía el Gobierno para esta labor, contó Luz Estela Navas, responsable del área de asistencia a las víctimas de la campaña.
A esos labriegos los invitaron a erradicar coca sin ninguna garantía, tenían contratos irregulares y ni siquiera estaban afiliados a riesgos profesionales, explicó Navas.
Tardaron cinco años en ser reconocidos como víctimas del conflicto y desde entonces la iniciativa ha llevado a diferentes partes del mundo su queja y su solicitud de protección. Lo han hecho ante la Procuraduría General de la Nación, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Comité de Derechos Humanos de la ONU.
“Nosotros pedimos que no sean los campesinos civiles quienes hagan este trabajo”, anotó Navas, quien argumentó que las secuelas de las minas antipersonal, para quienes no fallecen, son de por vida.
Una tarea dispendiosa
María Isabel Loaiza, profesora de la Facultad de Ciencia Política de la Universidad del Rosario, está de acuerdo con que en Colombia no se fumiguen los cultivos ilícitos con glifosato, ya que es un agente muy dañino para el suelo, los cultivos cercanos, las aguas subterráneas y los animales.
Eso deja como único camino posible la erradicación manual de cultivos, que además es la misma propuesta de las Farc en el acuerdo con el Gobierno Nacional.
“La erradicación manual de por sí toma su tiempo, no solo por la presencia de minas va a demorarse la erradicación de los cultivos ilícitos”, dijo la profesora, quien agregó que si no se llega a la sustitución voluntaria, Colombia no va a salir de los cultivos porque podrán trasladarse de un lugar a otro, y ni siquiera en la época en la que se usaba glifosato logró disminuirse las hectáreas a menos del 60 %.
“Siempre es importante que existan los controles para que no ocurran más muertos”, concluyó Loaiza.
Recomendaciones
El Comité de Derechos Humanos recomendó a Colombia “interrumpir el uso de civiles en actividades de erradicación manual de cultivos de coca hasta que se verifique, de conformidad con los estándares internacionales para dicha verificación, que las áreas en las que se deban realizar tales actividades estén efectivamente libres de minas terrestres”.
Además sugiere reparar integralmente a las personas que hayan sido víctimas de este tipo de explosivos en función de la erradicación y sus familias sean reparadas de integralmente.
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