Las alarmas están disparadas dentro de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), por cuenta del ambiente enrarecido que están creando las constantes críticas a su funcionamiento de parte del Gobierno y otros sectores políticos. ¿Qué puede haber detrás del planteamiento público de ese debate?
Los sablazos a la JEP comenzaron en febrero de 2024, cuando los congresistas del partido Comunes, conformados por desmovilizados de las Farc, cuestionaron su utilidad.
“A pesar de nuestro cumplimiento con relación a la jurisdicción, nos preocupa el empeño de la JEP por alejarse del espíritu y la letra de lo acordado, haciendo sus propias interpretaciones a un texto que es claro en sus propósitos de paz, dado el carácter político del Acuerdo que firmamos con el Estado, pretendiendo llevarlo a un terreno judicial punitivista, más propio de un sometimiento a la justicia”, expresaron en una carta dirigida al presidente Gustavo Petro.
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Los exguerrilleros, que participaron en el diseño de la JEP durante los diálogos de La Habana, cuestionaron “la apertura interminable de macro casos”, la vinculación cada vez mayor de comandantes de rango medio y bajo a los expedientes, y que de 4.485 solicitudes de amnistía presentadas a esa fecha, solo les hubieran concedido 688.
El debate se enfrió durante varios meses, hasta que fue revivido por el propio Gobierno. El pasado 24 de septiembre, el consejero Comisionado para la Paz, Otty Patiño, planteó la necesidad de llegar a un cierre definitivo de esa jurisdicción y de la de Justicia y Paz.
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“Todas esas justicias especiales son justicias transicionales, pero que también deberían ser transitorias. A veces la tendencia es a que se vuelvan eternas y eso, en últimas, debilita a la justicia ordinaria y no genera satisfacción por parte de quienes acudieron a esa justicia transicional”.
Incluso expresó que estaba en conversaciones con la fiscal General, Luz Adriana Camargo, para “fortalecer la justicia ordinaria” y que esta “adquiera cierta flexibilidad”, dando a entender que podría ser menos punitiva y más transicional.
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El expresidente Juan Manuel Santos, en cuyo gobierno se fomentó la creación de la JEP, en acuerdo con las Farc, recalcó que la entidad tiene una “actitud maximalista”, y que “si continúa con esa actitud, no va a cumplir con los términos, va a terminar su periodo sin haber resuelto el tema de la justicia”.
Los cuestionamientos dispararon las alertas en el tribunal. Su presidente, el magistrado Roberto Vidal, recalcó que “cualquier cierre prematuro de JEP le causaría un enorme perjuicio al país, pero sobre todo a aquellos comparecientes que pertenecieron a las extintas Farc-EP y a los miembros de la Fuerza Pública, pues se podría ver comprometida la regularización de su situación judicial”,
La Corporación Excelencia en la Justicia (CEJ) intervino en el debate, recordando que “cualquier afectación a la JEP, como lo sería a cualquier otra corte u órgano judicial, implicaría un grado de desconocimiento de la Constitución Política de Colombia y su sustitución, generando gran desestabilidad institucional”.
