El exdirector del Dapre y pieza clave en el escándalo de la ‘Yidispolítica’ —uno de los casos de corrupción más grandes del Gobierno de Álvaro Uribe, que permitió su reelección— presentó una tutela ante la Corte Constitucional en la que alega violación a sus derechos fundamentales.
En la Corte Suprema de Justicia crece la expectativa por la revisión de una tutela que podría reabrir uno de los capítulos más controversiales del escándalo de la ‘Yidispolítica’.
Se trata del caso de Bernardo Moreno, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), quien busca anular la condena de cinco años y cinco meses de prisión que le fue impuesta por el delito de tráfico de influencias.
Moreno, quien fue secretario general de la Presidencia durante el primer gobierno de Álvaro Uribe Vélez, asegura que su derecho al debido proceso, la libertad, la igualdad y la favorabilidad fue vulnerado por la Corte Suprema al aplicar, por primera vez, un aumento de la pena para extender el tiempo de juzgamiento y evitar la prescripción del caso.
Según la tutela, a la que tuvo acceso este diario, el tribunal hizo uso de una figura jurídica nunca antes utilizada en esa etapa procesal, lo que, a juicio de la defensa, quebrantó el principio de legalidad y la confianza legítima del procesado.
Moreno fue investigado por su presunto papel en el entramado de corrupción que permitió la aprobación de la reforma constitucional de 2006, que habilitó la reelección inmediata de Álvaro Uribe.
Aunque no se le atribuyó participación directa en los ofrecimientos hechos a la excongresista Yidis Medina, la Fiscalía encontró que habría gestionado nombramientos de personas cercanas a ella como parte de un intercambio de favores políticos.
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Inicialmente se le imputó el delito de cohecho, pero en 2012 la Fiscalía anuló parcialmente esa imputación al constatar que los hechos ocurrieron antes de que asumiera como director del Dapre, por lo que ese cargo no era procedente.
En su lugar, el ente acusador formuló cargos por tráfico de influencias de servidor público en modalidad continuada, basándose en ocho hechos ocurridos entre 2004 y 2008.
El último de esos hechos, clave para el conteo del tiempo de prescripción, ocurrió el 21 de febrero de 2008, cuando, según la acusación, Moreno discutió con Yidis Medina la publicación de un libro que podría comprometer al Gobierno.
La defensa de Moreno ha sostenido desde el inicio que los hechos no constituyen un delito continuado, sino un concurso homogéneo, lo que habría permitido la prescripción de varios de ellos. No obstante, la Sala de Primera Instancia rechazó todos los recursos, y en octubre de 2023 dictó sentencia condenatoria bajo la tesis del delito continuado.
Lo novedoso —y polémico— es que la Corte Suprema aplicó por primera vez un aumento de una tercera parte en la pena como herramienta para ampliar el término de prescripción, y no para tasar la condena, como tradicionalmente se había hecho.
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La Sala Penal, con ponencia del magistrado Gersón Chaverra, dejó en firme esa decisión el 24 de julio de 2024, argumentando que el delito de Moreno podía asimilarse a los delitos de ejecución permanente, como el secuestro, donde el daño se extiende en el tiempo.
Esta interpretación, según la tutela, constituye una analogía en perjuicio del procesado, lo cual está prohibido por el derecho penal.
Tras ser negada en primera y segunda instancia, la tutela fue seleccionada por la Corte Constitucional para revisión, lo que ha generado inquietud entre magistrados de la Corte Suprema, ante la posibilidad de que se anule la condena contra una figura clave del escándalo de la Yidispolítica.
El pasado 23 de julio, la Corte Constitucional ordenó la práctica de pruebas, incluyendo el análisis de los 104 cuadernos y 147 medios magnéticos del expediente digital, actualmente archivado en su versión física desde septiembre de 2024.
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La Sala Segunda de Revisión estudia actualmente el caso. La defensa de Moreno insiste en que se alteraron las reglas del juego a mitad del proceso y que, al cambiar la jurisprudencia sin advertencia previa, se afectó gravemente su derecho a la defensa y la seguridad jurídica.
Moreno permanece en casa por cárcel desde el 26 de febrero de 2025, luego de que la Corte le concediera la sustitución de la pena intramural por detención domiciliaria.
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