Ambos gremios denunciaron un “golpe de Estado” para separar al presidente e inclusive, llegaron a llamar la atención por un supuesto magnicidio.
La Federación Colombiana de Educadores (Fecode) –el mismo gremio que hace un mes convocó las marchas y manifestaciones que terminaron en el asedio a la Corte Suprema de Justicia–, así como la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), divulgaron un extenso comunicado en el que convocan a una movilización popular el próximo 9 de abril.
Según argumentaron ambas agremiaciones, el objetivo de las marchas es defender la política de paz del gobierno de Gustavo Petro, así como sus ambiciosas reformas sociales –entre ellas, la de la salud, pensional y laboral–, que hoy penden de un hilo en el Congreso de la República.
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En la misiva, rechazan las “intentonas de la extrema derecha” de provocar una supuesta ruptura institucional, al tiempo que denuncian un “golpe de Estado” para separar al presidente. Además, rechazan “la corrupción y el sesgo político” de la Fiscalía de Francisco Barbosa –aun cuando la propia Corte la escogió a Luz Adriana Camargo–, así como de la procuradora Margarita Cabello.
“El Gobierno sigue teniendo graves obstáculos para sus avances pues ha estado bajo fuego de los grandes empresarios, de la oligarquía y en especial de la extrema derecha; de los grandes medios de comunicación cuyos jefes son los poderes económicos; algunas expresiones de los militares; de las asociaciones de alcaldes y gobernadores de la oposición. Incluso, expresamos gran preocupación por un magnicidio”, aseguraron.
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La CUT y Fecode expresaron también su respaldo al Ejecutivo y a las políticas “del cambio”, “encaminadas a establecer la paz total y propender por la justicia social y ambiental”. En esa línea, respaldaron los “logros del gobierno del cambio en materia de la nueva reforma tributaria”, así como los avances en la mesa de diálogo con la guerrilla del ELN y los ceses al fuego con otros grupos armados.
Además de pedirle al Gobierno que cumpla los compromisos de la reparación colectiva del sindicalismo, ambos gremios abogan por consolidar un acuerdo nacional, aun cuando el presidente Gustavo Petro le cerró la puerta a esa opción y convocó a una Asamblea Nacional Constituyente.
“Proponer al conjunto de las organizaciones sociales y políticas del país, programar y realizar una amplia, masiva y pacífica movilización social y popular que logre desactivar cualquier ruptura institucional, aprobar las reformas sociales y crear un ambiente favorable a la paz total, la justicia social y ambiental”, precisan.
Inclusive, sumado a una transición energética y a una apuesta por la reactivación económica basada en la reforma agraria y la reindustrialización de la Nación, pidieron una solución política negociada a la guerra entre Rusia y Ucrania, así como la intensificación del conflicto en Medio Oriente.
Por último, al insistir en que los jóvenes deben ser atendidos y ratificar los derechos de la clase trabajadora disminuyendo la jornada laboral, pidieron remover de algunos sectores del Estado a “directivos vinculados a la extrema derecha y la oligarquía que entorpecen las políticas progresistas, democráticas y sociales”.
