Colombia

Exalcalde de Ibagué y exdirector de Coldeportes, imputados por obras de Juegos Nacionales de 2015

El exalcalde de Ibagué, Luis Hernando Rodríguez, también fue imputado en el mismo caso.

El exdirector de Coldeportes, Andrés Botero Phillipsbourne, fue imputado por presunto detrimento patrimonial en un contrato que suma 27.923 millones de pesos. FOTO: COLPRENSA

25 de octubre de 2021

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La Contraloría General de la República imputó responsabilidad fiscal por un total de $27.923 millones contra ocho exfuncionarios de la nación por una serie de recursos que debieron haberse utilizado en los Juegos Nacionales de 2015.

Se trata del “exdirector de Coldeportes, Andrés Botero Phillipsbourne; el exalcalde de Ibagué, Luis Hernando Rodríguez, y dos funcionarias de su administración; el exdirector del Instituto Municipal para el Deporte y la Recreación de Ibagué, Carlos Heberto Ángel, y dos funcionarios de esta entidad; así como el contratista y el interventor del proyecto de construcción”, tal como lo anunció el ente de control.

Así las cosas, la Contraloría detalló que la imputación se da por la financiación del proyecto “Construcción, adecuación y remodelación de escenarios del Parque Deportivo de la ciudad de Ibagué para los XX Juegos Deportivos Nacionales y IV Paranacionales 2015”, que dieron como resultado obras inconclusas, cantidades de obra pagadas y no ejecutadas y deficiencias constructivas y de calidad que generaron detrimento patrimonial.

Para la Contraloría, la Alcaldía de Ibagué, el IMDRI y Coldeportes, como fuente de financiación, “omitieron tomar acciones frente a las falencias del proceso constructivo de los escenarios deportivos objeto del contrato No. 119 de 2015 y el grave atraso de estas obras, que eran de su conocimiento”.

Sumado a eso, la Contraloría le imputó responsabilidad fiscal al director de Coldeportes del aquella época por cuanto omitió su deber de controlar, vigilar y hacer seguimiento a los recursos destinados a la financiación del proyecto, al contratista, supervisor del contrato de obra y la interventoría, a las supervisoras técnica y financiera, en cuantía de $ 25.288 millones, “toda vez que intervinieron en el giro de los recursos sin ejercer un debido control de los mismos”.

Por último, la autoridad nacional recordó que, debido a esos retrasos en los cronogramas, las sedes que se pretendían construir y remodelar para los Juegos Nacionales no pudieron ser entregadas a tiempo y, por ende, no fueron utilizados durante dichos juegos de 2015.

Para llegar a esta decisión, proferida por la Contralora Delegada Intersectorial No. 5 de la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción, “se revisaron los informes de interventoría, correspondencia cruzada entre todos los intervinientes, bitácoras de obras, actas de comité, constancias de pago, así como las demás pruebas recaudas, practicadas y valoradas integralmente a lo largo de la causa fiscal”, concluyó la Fiscalía.