La Contraloría informó este 14 de noviembre que detectó una concentración atípica de contratación interadministrativa en el Estado colombiano, luego de que el 7 de noviembre —último día antes de la entrada en vigencia de la Ley de Garantías Electorales— se comprometieran $6,1 billones en convenios y contratos, lo que llevó a la entidad a emitir su primera alerta de cara a las elecciones legislativas y presidenciales de 2026.
Y es que durante la primera semana de noviembre, entre el 1 y el 7, la contratación interadministrativa alcanzó los $9 billones. La cifra supera de forma amplia los niveles habituales de contratación mensual registrados en 2025 y revela un comportamiento concentrado en el cierre previo a las restricciones electorales. Según los datos, el 7 de noviembre se firmaron $6,1 billones, equivalentes al 68 % de todo lo contratado durante la semana.
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Ese único día registró un volumen 2,9 veces mayor al promedio mensual de enero a agosto ($2,1 billones), con un incremento del 190 % frente al histórico. La entidad considera que esta congestión en la contratación, justo antes del bloqueo normativo que impone la Ley 996 de 2005, es un indicador de que muchos procesos fueron acelerados para quedar firmados antes del límite legal.
El comportamiento muestra una concentración inusual de procesos contractuales en un solo día, lo que para la Contraloría constituye un indicador crítico de fallas en la planificación y de posibles aceleraciones en la firma de contratos justo antes del inicio de las restricciones electorales.
Este volumen excepcional refleja decisiones adelantadas para cerrar procesos antes de que entrara en vigencia la Ley de Garantías, lo que eleva la necesidad de seguimiento preventivo sobre el uso de los recursos públicos.
Un seguimiento a las contrataciones
El Departamento de Prosperidad Social (DPS) fue la entidad con mayor participación en este comportamiento. Durante la semana analizada comprometió $770 mil millones, lo que corresponde al 8,5 % del total contratado por el Estado. La Contraloría señaló que continúa revisando cómo se distribuyeron los contratos en los distintos departamentos.
La alerta se desprende del Modelo Analítico de Seguimiento Preventivo, presentado el 10 de noviembre de 2025, que permite monitorear la contratación pública durante el periodo electoral. La DIARI (Dirección de información, análisis y reacción inmediata), en articulación con la Delegada de Gestión Pública e Instituciones Financieras, adelanta un análisis detallado de los contratos firmados en septiembre, octubre y los primeros siete días de noviembre.
El seguimiento incluye la revisión del valor contratado, las modalidades empleadas, los objetos de cada proceso y las entidades ejecutoras. El objetivo es identificar patrones, incrementos inusuales y operaciones sensibles como actividades logísticas, eventos o suministros que suelen aumentar antes de elecciones.
La Contraloría busca anticipar riesgos y emitir alertas tempranas para evitar que los recursos públicos se comprometan en contravención a la Ley de Garantías o se destinen a fines distintos al interés general.
“Este ejercicio permitirá identificar con precisión operaciones sensibles—como actividades logísticas, eventos, suministros y otros tipos de contratación susceptibles de incrementarse en época preelectoral— con el fin de anticipar riesgos, emitir alertas tempranas y garantizar que los recursos públicos no sean comprometidos en contravención de la Ley de Garantías ni destinados a fines distintos al interés general”, concluye la Contraloría.
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