Este viernes, cinco días después de haber sido anunciado, Presidencia publicó el decreto 0062 de 2025 que faculta al presidente Gustavo Petro para tomar medidas extraordinarias por 90 días (prorrogables) en el marco de la crisis humanitaria en el Catatumbo que ya cobró la vida de 80 personas y ha desplazado a más de 42.000. Aún no están claros, según el documento y expertos consultados por EL COLOMBIANO, todos los detalles y alcances de la medida. Más bien, el contexto retrata otro episodio de improvisación del Gobierno y deja preguntas sin respuestas.
Cuando el presidente Petro anunció el lunes de esta semana que iba a declarar el estado de conmoción interior, tomó por sorpresa no solo al país sino, incluso, a su propio gabinete. Según fuentes del Gobierno, era una posibilidad lejana que se habló desde el viernes en el que el jefe de Estado aterrizó a Cúcuta y luego a Tibú (Norte de Santander). Tanto así, que el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, que estuvo con Petro en el consejo de seguridad en el Catatumbo, dijo el domingo que sería una “medida de último recurso” y que no tenía “simpatía” en el Gobierno.
No fue así. Un día después, el mandatario escogió la red social X para hacer el anuncio y casi en el último párrafo anunció la medida y la juntó con la declaración de emergencia económica que terminó cayéndose. Opositores, expertos y los propios juristas de Casa de Nariño, en cabeza de Paula Robledo, secretaria jurídica de Presidencia, advirtieron que ambas figuras eran innecesarias en el mismo decreto. Era suficiente con el estado de conmoción interior. De hecho, como terminó sucediendo, las facultades extraordinarias que adquiere el presidente Petro se limitan a la región del Catatumbo, que abarca Norte de Santander y parte del Cesar. No incluye Arauca, departamento que también sufre los estragos del conflicto, como se alcanzó a contemplar por pedido del mandatario.
“Están mirando que la justificación sea clara o si no prefieren mandar solo Catatumbo para no poner en riesgo todo el decreto”, le dijo a este diario una alta fuente del Gobierno antes de que se hiciera público. En efecto, para blindarse de la revisión de la Corte Constitucional, los funcionarios del equipo de Robledo en Presidencia sacaron en tiempo récord el documento, citaron al gabinete el pleno el jueves –un requisito es que todos los ministros deben firmarlo– y a la cúpula de las Fuerzas Armadas para explicar los puntos que incluye el decreto.
En el documento, de 19 páginas, el Gobierno reconoce que la subregión del Catatumbo es un escenario de disputa entre los actores armados del ELN, las disidencias de las Farc, residuos de Los Pelusos y que el Clan del Golfo también ha movido sus hombres para tratar de ingresar.
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“El ELN ha incrementado sus ataques y hostilidades contra la población civil y, especialmente, contra los firmantes del acuerdo final de paz en la región del Catatumbo, lo cual es promovido y financiado, entre otros, con los recursos provenientes de las actividades y economías ilegales en esta región”, dice el documento.
También aseguran que organismos de inteligencia detectaron que el ELN envió tropas desde Arauca para sumarse a la ofensiva que adelanta ese grupo ilegal desde el 15 de enero contra los disidentes del frente 33 de las Farc.
“Desde el 16 de enero de 2025, la grave perturbación del orden público en la región del Catatumbo se ha intensificado como consecuencia del despliegue militar, las hostilidades y las operaciones armadas del ELN en contra de la población civil y las instituciones, lo que ha generado una grave e imprevisible crisis humanitaria que compromete, entre otras, a poblaciones especialmente vulnerables”, añade el documento.
Así como ese punto, hay otros varios nombrados como “presupuestos fácticos” y “presupuestos valorativos” justificarían jurídicamente la necesidad de esa declaración. La última vez que se hizo uso de la figura de la conmoción interior fue hace 16 años durante el Gobierno de Álvaro Uribe, quien reconoció hace unos días que no le funcionó.
El presidente Petro volvió a usarla y según el decreto está delimitada para Ocaña, Abrego, El Carmen, Convención, Teorama, San. Calixto, Hacarí, La Playa, El Tarra, Tibú y Sardinata. Así como el área metropolitana de Cúcuta.
“Esta medida extraordinaria es indispensable para adoptar mecanismos y utilizar herramientas inmediatas que permitan conjurar la crisis y evitar su agravamiento”, subrayó el decreto que incluye otros sectores y facultades.
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Impuestos transitorios y expectativa de recaudo del Gobierno
Por ejemplo, el documento menciona “la insuficiencia de medios económicos disponibles para la inversión adicional requerida para hacer frente al estado de conmoción interior exige que el Gobierno nacional adopte las medidas presupuestales y fiscales necesarias que permitan atender la región del Catatumbo de manera efectiva”.
Esto se traduce, en la práctica, a impuestos transitorios como a las apuestas. Así lo confirmó el ministro de Hacienda, Diego Guevara, en entrevista con La FM: “No vamos a tocar el IVA de alimentos ni de bienes necesarios. Estamos considerando suspender la exención del IVA a los juegos de azar en línea, una medida que no afecta a la clase media, tiene un recaudo inmediato y responde a una visión solidaria para ayudar al Catatumbo”.
Guevara también le dijo a La República que esperan recaudar “entre $700.000 y $1 billón, que luego asignaremos, según las prioridades en los próximos 90 días”.
La conmoción interior pretende desembolsar nuevos recursos para el sector Defensa. Los recortes del Presupuesto General de la Nación también los tocó. En total, la reducción fue de $687 mil millones para el sector defensa y Policía, entre funcionamiento e inversión, correspondiente al Presupuesto de 2024.
¿Cuáles son las amenazas inminentes?
Otro justificación del decreto que presenta un panorama complejo es “que las inminentes amenazas a la seguridad y la posible interrupción de las operaciones impactan de manera grave y extraordinaria el desarrollo y la gestión eficiente de los hidrocarburos en la región, con riesgo de afectación de los activos de los campos de Tibú, Sardinata y Oripaya”.
Esto representaría un daño a nivel nacional, pues según la definición formal, el Sistema Interconectado Nacional (SIN) es un conjunto de instalaciones eléctricas que conectan las diferentes regiones de un país para transportar energía desde las centrales de generación hasta los consumidores.
“Además, está en inminente riesgo la producción de gas para la cuenca del Catatumbo (...) de llegarse a interrumpir la explotación dinámica de gas en la referida cuenca, los yacimientos perderían presión, lo que disminuiría el límite técnico y afectaría la gestión de las reservas en el país, tanto en gas como en petróleo”, agrega la declaración. Este viernes, de hecho, fue convocada una reunión en Palacio para tratar este y otros temas energéticos que podrían producir otros decretos en el marco de la conmoción interior.
EL COLOMBIANO conversó con el abogado y politólogo Carlos Prieto, profesor de la Universidad Javeriana, quien explica que el decreto “tiene control de constitucionalidad automático en la Corte Constitucional, como pasó con el de la emergencia que se quiso establecer en La Guajira. La Corte hará un análisis de fondo de ese decreto y de todos los decretos que se expidan con base en ese (que aún no se conocen)”.
El profesor Prieto ve complejo que el presidente Petro, quien el pidió ayuda a la Rama Judicial cuando hizo el anuncio, logre justificar, como dice la ley, “hechos no sobrevivientes. Para atender lo que sucede en el Catatumbo no requiere de elementos especiales o de circunstancias o atribuciones especiales”.
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