Durante los cuatro años del gobierno de Gustavo Petro, el número de víctimas del conflicto armado en Colombia aumentó en un millón, sumándose a los más de 10 millones que ha dejado la guerra durante décadas, según cifras de la Unidad para las Víctimas.
Así se lo reveló la entidad a una petición del diario El Tiempo, quien detalló que en los últimos cuatro años reconocieron a un total de 1’492.003 víctimas. De ese listado, 1.074.190 fueron incluidas en el Registro Único de Víctimas por hechos ocurridos específicamente entre el 7 de agosto de 2022 y el 1.º de junio de 2026.
En el informe también se reveló que el 72 % de las víctimas denunció hechos ocurridos entre 2022 y 2024, mientras que más de 400.000 corresponden a crímenes de periodos anteriores.
Los desplazamientos y las amenazas, los hechos victimizantes más reconocidos en los últimos cuatro años
Aunque el número de víctimas reconocidas ya es alarmante, otras cifras que preocupan en este cuatrienio son las denuncias por hechos victimizantes. Entre ellas, el desplazamiento forzado aparece, por amplia diferencia, como el delito más recurrente.
Según la Unidad para las Víctimas, en los últimos cuatro años se reportaron 1’259.885 casos de desplazamiento forzado, convirtiéndose en el hecho victimizante más recurrente. Le siguen las amenazas, con 308.085 denuncias, y el confinamiento, con 171.066 casos reportados.
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Continuando con el reporte de hechos violentos, la entidad reportó que recibieron 65.942 casos de homicidios, 15.331 de desaparición forzada, 5.425 de secuestros y 1.318 de tortura.
Así han sido las víctimas reportadas del conflicto armado por departamentos y municipios
Según las cifras, el departamento con mayor reporte de víctimas es Nariño con 178.160, seguido de Norte de Santander con 177.674 y Antioquia es el tercero con 154.952.
En cuanto a municipios, Buenaventura (Valle del Cauca) reportó 92.878 víctimas, mientras que en Tibú, Norte de Santander, hubo 68.489 casos. En Tumaco, Nariño, se reconocieron 42.020 en este cuatrienio.
Las cifras de la Unidad para las Víctimas se suman a las alertas que han hecho otras entidades respecto al recrudecimiento de la violencia en el año y la presencia de actores ilegales en los territorios.
Una de esas fue la Universidad de los Andes, que advirtió mediante un estudio que la extorsión aumentó 337%, las amenazas contra la población civil crecieron 70%, el reclutamiento forzado de menores se incrementó 168%.
Amnistía Internacional también reveló recientemente un informe donde rajaba de la administración Petro en materia de derechos humanos. Para la ONG, varios de los grupos armados implicados en negociaciones con el Estado siguieron delinquiendo en departamentos como Guaviare, Putumayo, Nariño, Cauca, Valle del Cauca, Chocó, Bolívar y La Guajira.
“Los confinamientos y las restricciones de la movilidad humana afectaron mayoritariamente a los pueblos indígenas y las comunidades afrodescendientes, que sumaban el 40% de las víctimas”, resaltó esa entidad en un informe publicado en el mes de abril.
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