Como consecuencia de la ola de violencia que se generó dentro de las manifestaciones ciudadanas en mayo, las autoridades regionales y nacionales emprendieron investigaciones para dar con los responsables de los múltiples heridos tanto de civiles como de uniformados.
Dentro de esos procesos, la Procuraduría General de la Nación citó a audiencia al comandante del Distrito Mayor VI de la Policía de Jamundí, en el Valle del Cauca.
Según detalló la entidad, el mayor Raúl Pérez Araméndiz, respondió por “presunta omisión de sus funciones durante enfrentamientos en los cuales resultaron heridas cerca de 12 personas, entre indígenas y civiles”.
Al parecer, a pesar de presenciar las agresiones entre residentes de la comuna 22 y miembros de la minga indígena del Cauca. Así las cosas, el investigado no “habría desplegado ningún procedimiento policial” en busca de preservar la convivencia pacífica y proteger la vida e integridad física de quienes protestaban en la avenida Cañasgordas, el 9 de mayo de 2021.
Para la Procuraduría Regional de Valle del Cauca “la actuación del uniformado tenía que desarrollarse en virtud del deber concerniente a la protección de los ciudadanos que se encontraban expuestos ante este tipo de agresiones, protección que se materializa en la acción, las órdenes para el apoyo, la aprehensión o traslado con el fin de adelantar procedimiento policivo”.
En esta etapa procesal la falta del investigado fue calificada como gravísima a título de dolo.
Para garantizar la separación de la instrucción y el juzgamiento, la doble instancia y la doble conformidad en las actuaciones disciplinarias, esta actuación se remitirá por competencia a las procuradurías delegadas con funciones de juzgamiento (reparto), comunicando dicha decisión al investigado y a su defensor.