Este martes una comisión investigadora integrada por un fiscal anticorrupción y un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, escuchará las declaraciones de los exdirectivos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (Ungrd), Olmedo López y Sneyder Pinilla, en el proceso penal que busca llegar al fondo del entramado de corrupción en esa unidad, sus implicados, los montos del desfalco y participación de funcionarios activos en el Gobierno Nacional.
Adicionalmente, este martes también está citado, en calidad de testigo, el empresario pastuso Luis Eduardo López, cuyo nombre es ampliamente mencionado en el escándalo, ya que al parecer sus empresas fueron claves para inflar montos de los contratos de los que se habría sacado millonarias tajadas para, supuestamente, sobornar a congresistas y engordar las chequeras de los implicados.
De López se sabe que tiene relación directa con las empresas Luket SAS, Brand SAS e Impoamericana Roger S.A.S.
Esta última, de la que además es representante legal, fue la que se quedó con el contrato para suministrar al Gobierno los carrotanques que iban a repartir agua en La Guajira y que finalmente nunca se usaron. Dicha compra, se hizo por 46.000 millones de pesos, lo que, gracias a denuncias, más adelante se demostró fue un contrato amañado con millonarios sobrecostos. Llama la atención que Impoamericana, logró quedarse con ese negocio pese a que, en ese momento, contaba con un patrimonio de apenas 207 millones de pesos.
De la empresa Luket SAS, trascendió que lleva varios años contratando con distintas entidades estatales para la atención de emergencias, aunque su especialidad es la elaboración de obras de ingeniería civil. De hecho, la Contraloría General de la República la ha investigado en varias ocasiones por presuntas irregularidades fiscales y de contratación.
Recientemente, la Ungrd reveló que dichas empresas, en las que aparece el nombre de López o el pastuso como es conocido, aumentaron su rápidamente su valor gracias a los más de 155 contratos por 160.000 millones entre los años 2012 y 2024, firmados con el Estado.
No es la primera vez que este contratista se enfrenta a líos con la justicia, en el año 2020 la Fiscalía General le abrió una investigación por los presuntos sobrecostos en un contrato firmado con la Gobernación de Nariño, superior a los mil millones de pesos, para entregas de ayudas durante la pandemia por el Covid-19. Un modus operandi similar al aplicado en la compra de los carrotanques.
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Basados en lo anterior, este martes los delegados de la Fiscalía esperan que diga “todo cuanto le conste acerca de los hechos que son objeto de la presente investigación, como, por ejemplo, su relación con la empresa en el caso de la UNGRD y los carrotanques de La Guajira”. Pero además, que informe sobre la influencia de los exdirectivos de la unidad y quién fue el cerebro detrás del corrupto direccionamiento.
Todo este proceder, presuntamente irregular, llevó a las autoridades a ponerle la lupa a otros negocios de los que se lucra el pastuso. Se trata de sus actividades en el sector de los licores en el departamento de Nariño.
Su testimonio es considerado clave, pues daría cuenta de un proceder corrupto y sistemático en la contratación estatal. Adicionalmente, fue citado como testigo en la investigación que, por los mismos hechos, adelanta la Procuraduría General.
