La fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, se enfrenta al primer gran caso de corrupción que estalla en el Gobierno desde que llegó al ente investigador, hace un mes. Se trata de la “olla podrida” que tuvo su mayor pico mediático la semana pasada, cuando el exsubdirector de Manejo de Desastres de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Sneyder Pinilla, dijo que los sobrecostos en los contratos de compra de 40 carrotanques en La Guajira se usaron, presuntamente, para pagar sobornos en el Congreso.
El ventilador que prendió Pinilla descabezó a dos funcionarios del Gobierno —el secretario de Transparencia, Andrés Idárraga, y a la alta consejera para las Regiones, Sandra Ortiz— y puso a la Procuraduría y a la Fiscalía a enfilar baterías sobre los salpicados, entre los que se encuentran los presidentes del Senado, Iván Name, y de la Cámara de Representantes, Andrés Calle.
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Sin embargo, una reciente experiencia laboral de la fiscal general Luz Adriana Camargo y de su Delegada para las Finanzas Criminales, Aura Liliana Trujillo, abren un interrogante sobre si están facultadas para conocer y encaminar las investigaciones penales sobre este escándalo de corrupción.
La asesoría de la discordia
Según reveló El Tiempo, las funcionarias tendrían un impedimento para investigar, al menos, lo que respecta al exsecretario Idárraga, pues el año pasado le prestaron un servicio de asesoría.
EL COLOMBIANO confirmó de manera independiente que tanto Carmargo como Trujillo prestaron dicha asesoría a la Secretaría de Transparencia de la Presidencia, la cual hicieron al mismo tiempo.
La hoja de vida de la fiscal Camargo señala en su experiencia laboral que entre el 11 de julio y el 31 de agosto de 2023 prestó servicios de consultoría en proyectos asociados a estándares de investigación, formas de impunidad, acceso a la justicia y fortalecimiento de mecanismos democráticos con la empresa Consucol SAS.
En ese tiempo, Camargo señaló en su hoja de vida que asesoró a la Secretaría de Transparencia en la “detección de fortalezas y debilidades en los mecanismos de contratación pública en Colombia, asesoría en las buenas prácticas internacionales sobre contratación pública para optimizar los mecanismos de cooperación interinstitucional en materia de transparencia”, así como brindar acompañamiento al entonces secretario en “capacitación sobre buenas prácticas en manejo de denuncias de corrupción”.
Entre tanto, Trujillo registró que prestó sus servicios como especialista en contaduría forense con Consucol, nombre junto al que puso “Open Society”. Allí estuvo entre el 1 de julio y el 31 de agosto de 2023.
Las funciones que desempeñó fue la de prestar asesoría a la Secrertaría de Transparencia en temas anticorrupción por medio de un “equipo multidiscilpinario en la detección de hechos irregulares que puedan constituirse en actos de corrupción, al interior de entidades del Estado, a través de la realización de auditorías forenses”.
Así mismo, diseñó el plan de trabajo que desarrolló dicho equipo; coordinar con las entidades auditadas los “
parámetros y alcance para la aplicación de la metodología de la auditoría forense”; así como “direccionar el proceso, revisar y analizar los resultados obtenid0s” en la procedimiento.
¿Habría algún impedimento?
Consultado por este diario, el abogado penalista Francisco Bernate fue tajante en responder en que ese vínculo laboral no le genera un impedimento.
Según explicó, en ese caso la fiscal Luz Adriana Camargo “no lleva alguna investigación al respecto directamente”, pues esto lo haría un fiscal delegada, quienes “son absolutamente independientes”.
En ese sentido, explicó que estaría impedida si en sus responsabilidades estuviera la de “coordinar un equipo de funcionarios que estén indagando” sobre el exsecretario.
Y recordó que “en el caso de Odebrecht en el periodo de Néstor Humberto Martínez sí aplicaba porque el grupo de fiscales que investigaba el hecho (en el que estuvo involucrada una compañía a la que asesoró) dependía de él”.
La “mesa técnica de coordinación” del Gobierno
Ante el escándalo con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres —en el que habría habido sobornos de hasta $7.700 millones, como lo dijo EL COLOMBIANO—, el presidente Gustavo Petro anunció la creación de una “mesa técnica de coordinación” para investigar esos señalamientos de corrupción.
Ante esto, la Fiscalía General de la Nación dijo en un comunicado de prensa que “aprecia” esta iniciativa presidencial, pero que no modifica las facultades que le asisten a la Fiscalía para “llevar a cabo procesos de priorización, definir las líneas lógicas de las distintas investigaciones y asignar los medios idóneos para adelantarlas”.
Finalmente, el comunicado sostiene que “advierte valiosa la iniciativa”, pero que no compromete la independencia y autonomía del ente acusador “en las acciones contra la corrupción y en todas las demás que le competen”.
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