En un nuevo capítulo del escándalo de corrupción que sacude a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Olmedo López, exdirector de esta entidad, señaló al exministro del Interior, Luis Fernando Velasco, de buscar la aprobación de la reforma a la salud con una presunta compra de votos en el Senado.
Según reveló la Revista Semana, en la declaración juramentada que rindió Olmedo López ante la Corte Suprema, el exdirector de la UNGRD aseguró que Vélez habló de un plan con hasta 80.000 millones de pesos en contratos para asegurar el respaldo a la reforma a la salud.
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La mencionada revista accedió a la declaración de más de nueve horas que López rindió ante el magistrado Francisco Farfán, encargado de investigar a figuras clave como Iván Name y Andrés Calle, expresidentes del Congreso. En este interrogatorio, López afirmó que Velasco habría mencionado su disposición a negociar contratos millonarios para garantizar la aprobación de la controvertida reforma a la salud.
“Estoy negociando, dijo el doctor Velasco, ministro del Interior, para sacar adelante en la Comisión (...) la reforma a la salud. Me están pidiendo en contratación 80.000 millones de pesos para los congresistas. Yo arranqué la oferta en 35.000. Voy a ver cuánto logro negociar con ellos”, declaró López.
De hecho, la declaración de López coincide con testimonios previos, como el de María Alejandra Benavides, exasesora del entonces ministro de Hacienda Ricardo Bonilla. Según Benavides, el senador Julio Elías Chagüí, presidente de la Comisión Primera del Senado, habría actuado como intermediario de nueve congresistas de la Comisión Primera, quienes buscaron beneficiarse con 30 contratos gestionados por la UNGRD e Invías.
Además, Olmedo López había dicho en otra declaración que el exministro Velasco presuntamente había ordenado cumplir un acuerdo con un grupo de congresistas liderado por Chagüí tras un “cónclave” celebrado el 4 de diciembre de 2023. Este pacto habría sido una solución de último momento después de que un intento previo de otorgar contratos por 30.000 millones de pesos a través del Invías fracasara.
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Otra figura central en esta trama es Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre). Según López, González habría ordenado destinar recursos millonarios a Iván Name y Andrés Calle, quienes, como presidentes del Senado y la Cámara respectivamente, supuestamente recibieron sobornos para favorecer a sus familiares en las elecciones regionales de octubre de 2023.
En este contexto, López mencionó un primer desembolso de 4.000 millones de pesos en efectivo, considerado solo la “cuota inicial” de un acuerdo corrupto cuyo monto total ascendía a 70.000 millones de pesos. Los beneficiarios directos de estos sobornos incluyen a María Clara Name, hija de Iván Name y actual concejal de Bogotá, así como a Gabriel Calle, alcalde de Montelíbano, Córdoba, y hermano de Andrés Calle.
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López describió cómo operaba este sistema de corrupción, destacando que González era quien avalaba las decisiones clave. Según sus palabras, Sandra Ortiz era la emisaria encargada de negociar con Iván Name, mientras que él debía encargarse de Andrés Calle.
Aunque López asegura no haber informado al presidente Gustavo Petro sobre estas maniobras debido a su vínculo político de décadas con González en el M-19, este testimonio dejaría en evidencia un entramado de corrupción que ya toca las altas esferas del gobierno en Ministerios, Congreso y familiares de políticos.
