La crisis diplomática entre Ecuador y Colombia dio un nuevo salto este jueves, cuando el presidente ecuatoriano Daniel Noboa anunció la imposición de un arancel de seguridad del 30 % a las importaciones colombianas. La medida fue respondida casi de inmediato por el Gobierno de Gustavo Petro, que suspendió de forma temporal la venta de energía eléctrica a Ecuador y anunció un gravamen aduanero del 30 % a los productos ecuatorianos, en una señal clara de escalamiento del conflicto.
Ecuador sostiene que las medidas adoptadas buscan proteger su frontera en un momento en el que el país enfrenta una crisis de seguridad sin precedentes, con organizaciones criminales que han convertido su territorio en un punto clave para la salida de droga hacia el Pacífico.
El cruce de sanciones comerciales y energéticas se produce en un contexto de relación bilateral deteriorada, marcada por desacuerdos en materia de seguridad fronteriza, control del narcotráfico y tratamiento migratorio a ciudadanos colombianos en territorio ecuatoriano. No obstante, en el trasfondo del conflicto hay un ingrediente político y diplomático que sigue incomodando a Noboa, y es la postura del presidente Gustavo Petro frente al caso de Jorge Glas.
Un día antes de que Ecuador anunciara la imposición del arancel, el presidente Gustavo Petro publicó en sus redes sociales un llamado público a la liberación de Glas, ex vicepresidente de Ecuador condenado por casos de corrupción y actualmente recluido en la Cárcel del Encuentro en Santa Elena. En su mensaje, Petro presentó a Glas como ciudadano colombiano, y sostuvo que su estado físico evidencia afectaciones asociadas a lo que describió como “tortura psicológica”, comparando su situación con la de presos políticos en Venezuela y Nicaragua y argumentando que debía ser liberado.
Esta intervención coincidente en tiempo con las medidas comerciales adoptadas por Noboa añade un elemento diplomático de tensión.
Críticos coinciden en que la relación con Colombia comenzó a resentirse con mayor fuerza en el plano político. En particular, por la insistencia del gobierno Petro en el caso de Jorge Glas. Aunque no ha sido el detonante inmediato del choque comercial, su nombre aparece de manera recurrente en el intercambio diplomático entre ambos países.
Jorge Glas cumple una condena en prisión tras ser hallado responsable del delito de peculado, en un proceso judicial relacionado con el manejo de recursos públicos destinados a la reconstrucción posterior al terremoto de 2016, que devastó las provincias de Manabí y Esmeraldas. La justicia ecuatoriana concluyó que, como responsable de un comité encargado de esas obras, Glas participó en el uso irregular de fondos estatales.
Para el Gobierno ecuatoriano, se trata de una sentencia firme y de un caso estrictamente judicial. Para Petro, en cambio, Glas ha sido presentado como un preso político, una lectura que ha generado fricción constante. A esa diferencia se sumó la decisión de Colombia de otorgarle la ciudadanía.
Una determinación que fue anunciada públicamente por el presidente Petro el 16 de septiembre pasado mediante un mensaje difundido en redes sociales. En esa comunicación, el mandatario informó que su administración había otorgado la ciudadanía colombiana al exvicepresidente ecuatoriano, quien ocupó ese cargo durante los gobiernos de Rafael Correa y Lenín Moreno.
“El ciudadano Jorge Glass (sic) obtiene su nacionalidad colombiana, espero del gobierno de Ecuador su entrega al gobierno colombiano. Le agradezco al gobierno de Ecuador este paso para la paz de las naciones”, escribió Petro. Más tarde el trino fue eliminado.
La decisión provocó una reacción inmediata. La Cancillería de Ecuador emitió un comunicado en el que dejó claro que la nueva nacionalidad no modifica el estatus legal de Glas en su país. El Ministerio de Relaciones Exteriores recalcó que, pese a contar con otra ciudadanía, Glas sigue siendo ciudadano ecuatoriano y que los procesos judiciales en su contra continúan plenamente vigentes.
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El interés del presidente Gustavo Petro en el caso de Jorge Glas tiene un trasfondo político e ideológico. Glas se convirtió en una figura simbólica del correísmo, al ser el último dirigente de alto nivel de ese movimiento que permanece en prisión, lo que para sus seguidores lo representa como un emblema de persecución política. Petro, ha manifestado en distintas ocasiones su cercanía política con el expresidente ecuatoriano Rafael Correa, con quien comparte afinidades ideológicas y una visión crítica sobre los procesos judiciales contra exdirigentes de izquierda en la región. Esa coincidencia explica, en buena parte, la atención constante que el mandatario colombiano ha puesto sobre la situación judicial de Glas.
Otras medidas en la crisis diplomática
En paralelo, Ecuador ha endurecido su postura frente a Colombia con deportaciones de ciudadanos colombianos, mayores controles en la frontera y reclamos por una supuesta falta de cooperación en seguridad. Colombia, por su parte, cuestiona el manejo ecuatoriano del tema migratorio y se defiende el derecho a responder a decisiones comerciales que afectan directamente a productores colombianos.
El resultado es un choque abierto, con consecuencias económicas inmediatas y un trasfondo diplomático cada vez más complejo. Mientras los gobiernos cruzan medidas de presión, el caso de Jorge Glas permanece como un factor de tensión latente, que no explica por sí solo la crisis, pero sí añade una carga política que dificulta cualquier intento de distensión entre dos países históricamente aliados.
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