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Así va ‘la toga’ que Moreno pidió descolgar

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Gustavo Moreno. FOTO COLPRENSA

La carta que, en tono de pedido de auxilio, envió el extraditado exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno al presidente Iván Duque el pasado lunes, puso de nuevo en perspectiva los procesos que, a paso lento, avanzan contra magistrados y congresistas por el denominado “Cartel de la Toga”.

En la misiva, Moreno le aseguró a Duque que un juez de control de garantías dio plazo hasta el próximo 17 de mayo para determinar la continuidad del principio de oportunidad que formalizaba su colaboración con la justicia y le pidió interceder, puesto que “próximos al vencimiento de los términos, aún no hay fecha conocida para realizar dicha audiencia”. Según el exfiscal, esto podría ocasionar, incluso, que decisiones judiciales tomadas en relación al “Cartel de la Toga” quedaran anuladas.

Sin embargo, esa versión fue desmentida posteriormente por la Fiscalía General de la Nación, que en un comunicado indicó que desde el 9 de abril, el fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, quien tiene a cargo la investigación, “radicó la solicitud de prórroga del principio de oportunidad” y que en las próximas semanas se dará a conocer la decisión sobre ese mecanismo.

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Moreno, a quien el principio de oportunidad le concede la suspensión de la acción penal en su contra a cambio de sus declaraciones, afirmó que le queda “mucho por contar, por explicarle al país”. El exfiscal, capturado el 27 de junio de 2017 por haber recibido dinero de congresistas y políticos para frenar investigaciones que cursaban en su contra en la Corte Suprema, permanece extraditado en Estados Unidos desde mayo del año pasado, pero no es el único implicado en el “Cartel de la Toga” que permanece en vilo por el avance del caso.

Lyons, el otro ventilador

El 20 de febrero de 2018, la Corte Suprema condenó al exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons, a 5 años y 4 meses de prisión por delitos contra la administtación pública que cometió durante su mandato. Lyons, detenido en Estados Unidos, ha sido el principal colaborador de la DEA en el proceso contra Luis Gustavo Moreno, tras suministrar audios en los que se evidencia que el exfiscal le ofreció filtrarle información de procesos penales en su contra a cambio de coimas.

Una vez termine su colaboración en el exterior, Lyons deberá regresar a Colombia a cumplir su pena y deberá pagar una multa de $4.000 millones.

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A la espera de la JEP

Acusado de haber pagado unos $2.000 millones a Luis Gustavo Moreno, para archivar un expediente en su contra por parapolítica, sobre el exsenador Musa Besaile recaen dos procesos penales en la Corte Suprema. El primero, por concierto para delinquir por sus presuntos nexos con paramilitares, se encuentra en etapa de investigación en la Sala de Instrucción; mientras que el segundo, por peculado y cohecho, avanza en etapa de juicio en la Sala de Casación.

Argumentando que existen pruebas suficientes para considerar que los delitos por los que se le acusa están relacionados con el conflicto armado, el pasado 29 de enero el exsenador pidió que sea la Jurisdicción Especial para la Paz la que analice y falle su caso. Ese tribunal, sin embargo, a la fecha no ha tomado la decisión de admitir el proceso contra Besaile.

Por su parte, el exsenador Álvaro Ashton también fue señalado por Moreno de haberle pagado $600 millones por archivar la investigación que adelantaba la Corte Suprema en su contra por presuntos vínculos con paramilitares. Ashton está detenido desde diciembre de 2017 y también espera que la JEP admita juzgar su caso.

Los magistrados

La Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes tiene abierta una investigación que busca establecer si los exmagistrados Leonidas Bustos, Francisco Ricaurte y Gustavo Malo, habrían recibido sobornos para desviar o engavetar expedientes contra congresistas.

A Bustos, la Comisión le imputó en noviembre de 2017 los cargos de concierto para delinquir, cohecho propio y tráfico de influencias, pero el proceso no ha tenido mayores avances. No obstante, luego de conocerse la carta que envió Luis Gustavo Moreno al presidente Duque, la Comisión de Acusación citó para hoy una nueva sesión en la que se pretende analizar las recusaciones presentadas por la defensa de Bustos, que han dilatado el desarrollo del caso.

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Por su parte, Francisco Ricaurte fue capturado el 20 de septiembre de 2017, pero el lunes, tras considerar que ya caducó el término establecido por la ley desde la presentación del escrito de acusación hasta el inicio del juicio, su defensa solicitó que sea dejado en libertad puesto que “se están violando sus derechos procesales”.

A su vez, al conocerse la carta del exfiscal Moreno, la Corte Suprema llamó a juicio al exmagistrado Gustavo Malo, investigado por presuntamente haber recibido dinero para influir en los casos de Musa Besaile y Álvaro Ashton. La audiencia preparatoria está programada para el próximo 15 de mayo en la Sala Especial de Juzgamiento de Primera Instancia

Contexto de la Noticia

Opinión “Por jerarquía, pero no por ley”

Luis Agudelo Suárez
Magíster en Derecho Penal
“Si partimos de la separación de las ramas del Poder Público, el presidente de la república, Iván Duque, no podría hacer mucho para atender la solicitud que el exfiscal Luis Gustavo Moreno le envió mediante la carta. Pero no debemos olvidar que quien decide sobre el principio de oportunidad es la Fiscalía, que es un órgano administrativo, sujero a la política criminal del Estado. Entonces, si bien la ley no le da competencias al presidente para interceder por el exfiscal, jerárquicamente sí tiene manera de hacerlo”.
Sergio Andrés Correa

Tengo la maleta siempre hecha y mi brújula, que por lo general apunta al sur, me trajo al periodismo para aclarar mi voz. Busco la pluralidad y no le temo a la diferencia.


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