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Menos de 24 horas después de atender la moción de censura que se hizo en su contra en la plenaria de la Cámara de Representantes, el canciller Álvaro Leyva Durán intervendrá este jueves ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en Nueva York, en el marco del informe trimestral sobre la verificación del proceso de paz.
Este reporte corresponde al período del 27 de diciembre de 2022 al 26 de marzo de 2023, en el cual el jefe de la misión especial en Colombia, Carlos Ruiz Masieu, presenta los avances en la implementación de algunos artículos del Acuerdo Final del proceso con las Farc, en particular sobre la reforma rural integral y el capítulo étnico, además de garantías de seguridad y sentencias restaurativas, entre otros.
Leyva señaló que espera que se mantenga el consenso de los países miembros frente al compromiso de Colombia con la implementación del Acuerdo y la consolidación de la paz, como expresión del firme respaldo de la comunidad internacional al proceso.
Adicional a hablar ante el Consejo de Seguridad de la ONU, el canciller atenderá varios encuentros bilaterales.
En paralelo, el defensor del Pueblo, Carlos Camargo, recordó que el acuerdo de paz firmado con las Farc en 2016 es una obligación del Estado, que debe ser cumplido por todos y pidió que se construya sobre lo construido.
“El reto de lograr la paz implica un esfuerzo extraordinario para todas las entidades y un decidido esfuerzo presupuestal, que, de forma responsable y organizada, se debe seguir haciendo”, indicó el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis.
En tal sentido, precisó que, aunque hay avances, es “necesario recordar que el Acuerdo Final de Paz es una obligación del Estado y un compromiso de todas las partes. El nivel de implementación no ha sido el mismo en todos los puntos, pero no se puede concluir que hay una ausencia de voluntad en su puesta en marcha, con menor razón, si se tiene en cuenta que la ejecución está prevista a doce años”.
Frente a la implementación de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), el defensor sostuvo que a corte de octubre del año anterior, reportó un 40% de iniciativas con rutas de implementación activadas. En relación con el Programa de Sustitución Voluntaria de Cultivos Ilícitos, la Defensoría del Pueblo observa que se mantuvo la vinculación formal de 99.097 familias beneficiarias.
Según Camargo, “sabemos de la magnitud que implica la reparación integral y la adjudicación de tierras, aunque es necesario aclarar que el Acuerdo no habla de comprar 3 millones de hectáreas, sino de hacer un fondo con tierras que en parte pueden provenir de baldíos del Estado. Hemos visto que la principal barrera para el cumplimiento de esas obligaciones estatales está en la falta de coordinación, en la ausencia del diseño de planes concretos y en la identificación de las fuentes de recursos”.
Insistió en que “no se puede pensar en dejar de construir sobre lo construido. El Estado colombiano, en los últimos años, consolidó un importante proceso de planeación y, dado que ha habido más avances en unos aspectos que en otros, se requiere acelerar en la implementación de todos los puntos del acuerdo”.