Así lo reveló el abogado de la familia del precandidato presidencial, Víctor Mosquera, quien sostuvo que el organismo pidió explicaciones al Estado sobre las medidas de seguridad con las que contaba el senador.
La defensa del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay –víctima de un atentado el pasado 7 de junio durante un acto de campaña–, reveló este jueves que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó información al Estado colombiano sobre las condiciones de seguridad del también senador, al tiempo que reveló que se elevó una solicitud al organismo para que cobije con medidas cautelares tanto al congresista como a su núcleo familiar.
De acuerdo con el jurista Víctor Mosquera, abogado de la familia del senador Miguel Uribe Turbay, “se trata de un avance a nivel internacional” en la búsqueda por esclarecer el atentado que sufrió el precandidato en el occidente de Bogotá.
“La CIDH ha solicitado información urgente al Estado colombiano para que se establezca cuál es la seguridad actual de Miguel, cuál es la seguridad que se le ha brindado a la familia y qué tipo de medidas se han implementado después de este accionar criminal y sobre todo, están preguntando por qué Miguel no tenía la seguridad adecuada en el momento que pasó este fatídico hecho”, explicó Mosquera.
En esa línea, al agradecer las gestiones del organismo internacional por hacer las veces de observador, el abogado agregó que espera que el Estado colombiano “le haga seguimiento a esta solicitud” y que, en caso de que no implemente las medidas de seguridad adecuadas, insistirán en la solicitud de medidas cautelares “para Miguel, para la familia y toda la campaña política debido a este atentado”.
Días atrás, Mosquera reveló que fue radicada una denuncia formal contra el director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez, por presunta negligencia en el manejo de las alertas sobre la seguridad del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.
Según Mosquera, durante el año 2025 se radicaron más de 23 solicitudes ante la UNP para reforzar su esquema de seguridad, sin que se hubieran adoptado medidas efectivas. La última petición fue presentada el 5 de junio, apenas dos días antes del atentado que dejó al congresista gravemente herido.
El abogado señaló que las solicitudes contenían justificaciones claras sobre el riesgo al que estaba expuesto Uribe, quien fue calificado en 2023 por la Oficina Nacional de Evaluación de Riesgos (ONT) con un nivel de riesgo extraordinario.
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No obstante, en 2024, la UNP no actualizó esa evaluación, pese a que desde octubre Miguel Uribe ya era oficialmente candidato a la Presidencia. “Lo más grave es que, desde enero de 2025, la UNP se limitó a enviar respuestas repetitivas, casi un ‘copy-paste’, argumentando que no representaba un riesgo y negándole apoyo logístico y de seguridad para sus desplazamientos”, afirmó el abogado.
Entre los hechos más preocupantes, Mosquera reveló que durante la Conferencia Bancaria en Cartagena, Uribe tuvo que viajar solo con su equipo de campaña, ya que no se autorizó el desplazamiento de sus escoltas ni se le brindó seguridad en el lugar.
“Esto demuestra un estado absoluto de indefensión y por eso solicitamos a la Fiscalía General de la Nación abrir una nueva línea de investigación para determinar si hubo omisión por parte del Estado que contribuyó a este grave atentado”, concluyó.
La denuncia busca establecer responsabilidades penales y disciplinarias por la omisión en la atención de los requerimientos, en un contexto donde las amenazas contra líderes políticos y candidatos han ido en aumento de cara a las elecciones de 2026.
