La nueva cabeza del ente de control es de origen atlanticense y, aunque dice contar con una trayectoria “netamente técnica”, ha trabajado en el Congreso y en la Gobernación del Atlántico.
Tras la salida formal del ahora excontralor Carlos Hernán Rodríguez –tras un fallo del Consejo de Estado que anuló su elección–, este viernes asumió en el cargo quien venía desempeñándose como vicecontralor, Carlos Mario Zuluaga, quien permanecerá en calidad de encargado.
Se trata de un abogado atlanticense, magíster en Alta Dirección Pública y experto en Gerencia Estratégica, que cuenta con 20 años de experiencia en el sector público, privado e internacional.
Zuluaga, quien ha negado ser “cuota de partido alguno, ni del gobierno”, ha defendido que cuenta con una trayectoria profesional “netamente técnica”. La ahora cabeza del organismo se ha desempeñado como contralor delegado para la Participación Ciudadana, director de Estudios Sectoriales de la Contraloría Delegada para el Sector Minas y Energía, y director de Vigilancia Fiscal en calidad de encargado.
En materia política, fue asesor de la Presidencia del Senado y asesor del Congreso de la República en la Comisión V, y estuvo vinculado a la Gobernación del Atlántico como secretario del Interior, secretario de Educación (encargado) y gerente de Capital Social.
Este jueves, pasados 21 días del fallo que lo apartó del cargo, se despidió de la Contraloría de Carlos Hernán Rodríguez, quien formalmente dejó su cargo. El ahora excontralor se apartó del puesto días después de un fallo de tutela con el que buscaba anular los efectos de la sentencia que lo sacaban del cargo.
Si bien el Consejo de Estado admitió para estudio la acción de tutela, no aceptó las medidas cautelares que pedían suspender los efectos del fallo que anulaban su elección. Según el documento de poco más de 85 páginas radicado el pasado 9 de junio, Rodríguez reclamaba la vulneración de sus derechos y garantías fundamentales a elegir y ser elegido.
“No es constitucionalmente admisible que a una persona se le restrinja su derecho a acceder a cargos públicos cuando no existe plena certeza de que la autoridad judicial procedió correctamente al limitarlo”, aseguraba parte de la acción judicial radicado.
Entre los argumentos presentados por el demandante se explicaba que los magistrados cometieron errores de fondo durante la discusión, pues no tuvieron en cuenta que las irregularidades cometidas por el Congreso durante el proceso de elección no fueron trascendentales para afectar la decisión final. Así mismo, se insistía en la recusación contra la magistrada Rocío Araujo al señalar que el proceso era imparcial al tener ese presunto impedimento.
En su momento, el Consejo de Estado rechazó la recusación al asegurar que los argumentos de la defensa de Rodríguez eran errados, pues María Juliana Araújo Oñate (hermana de la magistrada) había salido de la Contraloría desde el 19 de octubre de 2022 y la primera actuación de la magistrada Rocío Araújo Oñate se produjo el 21 de octubre de ese mismo año.
Tras el cumplimiento de la salida del Contralor, emitido por la Sección Quinta del Consejo de Estado el pasado 25 de mayo, será el Congreso quien deberá conformar una nueva lista de candidatos a ocupar el cargo.
En su fallo, el alto tribunal señaló que la mesa directiva del Congreso, encabezada por el entonces senador Roy Barreras, incurrió en irregularidades para elegir a Rodríguez Becerra como contralor al elaborar una tercera lista de elegibles y variar sin justificación alguna los parámetros de calificación fijados inicialmente en la convocatoria.
De acuerdo con el Consejo de Estado, la mesa directiva del Congreso decidió cambiar los criterios y valores fijados en la convocatoria inicial del proceso de elección del contralor general que, según su concepto, fueron injustificados y, además, también varió gravemente los parámetros de evaluación de los participantes.
