Durante este año se han registrado 28 asonadas contra miembros de la Fuerza Pública en Colombia. La estrategia de los ilegales –de instrumentalizar las comunidades para frenar el avance de las tropas oficiales– dio resultados y desde el Gobierno ahora buscan ejecutar medidas para frenar el accionar de los criminales.
“Están poniendo en grave riesgo la seguridad de las comunidades, porque las operaciones donde vamos nosotros es donde hay peligro y donde hay alertas tempranas”, señaló Pedro Sánchez, ministro de Defensa.
Desde el Gobierno afirmaron que usar a las comunidades como escudo humano constituye un crimen de lesa humanidad en tanto se violentan los derechos de los civiles: sujetos protegidos por el Derecho Internacional Humanitario.
El ministro Sánchez aseguró que desde su cartera se evalúa la manera en la que se podría ajustar la normativa operacional para hacerle frente a los delitos como la asonada en Colombia.
Un informe de las Fuerza Militares reveló que, detrás de las asonadas en Colombia, están los actores armados ilegales como las disidencias de alias Iván Mordisco, el Eln y la Segunda Marquetalia.
“Se está valorando cómo aplican otras naciones las reglas de encuentro, en la cual determinan un área de supervivencia vital de la Fuerza Pública”, señaló Sánchez.
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En Perú, por ejemplo, se emitió una Ley de Emergencia que busca proteger la integridad de militares y policías ante ataques letales o secuestros.
“Hacemos un llamado a la indignación de toda una nación. Quien ataca a un policía o a un militar, está atacando a una institución, y, por ende, está atacando a Colombia”, apuntó Sánchez.
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