El gobierno de Gustavo Petro presentó su nueva Política Nacional de Drogas planteando un símil con la vida misma: a los pequeños cultivadores y campesinos les dará “oxígeno” y a los grandes narcotraficantes y sus redes de comercio y corrupción los “asfixiará”. Pero, ¿qué tan efectivo es ese enfoque?
Mientras el país conoció un nuevo récord en la cantidad de hectáreas cultivadas en todo el país –calculadas en 230.000 según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito– el Gobierno detalló el plan con el que promete darle un giro a la “lucha contra las drogas” de las últimas cinco décadas atacando las plantaciones industriales, en lugar de a los pequeños cultivadores que, hoy por hoy, representan el 65% del país.
Con esa premisa en su hoja de ruta busca reducir un 43% los cultivos de uso ilícito para 2026 y ayudarles a transitar a 50.000, de las casi 115.000 familias que dependen de la coca, a economías legales.
En comparación con los últimos cinco gobiernos que han manejado al país, esta nueva ruta busca dejar de perseguir punitivamente al pequeño cultivador, un punto clave que se traduce en que el Gobierno Petro priorizará la sustitución voluntaria de los cultivos y solo aplicará la erradicación forzosa a las plantaciones industriales.
Pero este último punto es sensible porque, según los datos oficiales de Unodc con corte a 2021, el 65% de todos los cultivos eran de menos de 10 hectáreas, lo que significa que más de la mitad del problema está en esos pequeños cultivadores que el Gobierno no atacará ni erradicará más que con programas para que transiten a proyectos productivos legales.
Por eso, y sin detallar como lidiarán con ese agravante, el presidente Petro y su ministro de Justicia, Néstor Osuna, presentaron la nueva hoja de ruta “Sembrando vida desterramos el narcotráfico 2023 - 2033”, una política de drogas que no solo se convierte en la segunda bandera política más importante del jefe de Estado después de la paz total, sino que pasa a ser una de los principales sellos de este Gobierno en el exterior: lograr un cambio en la lucha contra las drogas regional que obligue a Estados Unidos a redirigir sus enfoques.
Diferencias de nueva política
Para la Ph. D en Economía, María Alejandra Vélez, directora del Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas de la Universidad de Los Andes, la diferencia fundamental entre esta y políticas de drogas anteriores es que busca “dejar de perseguir al pequeño cultivador y propone una política integral de transformación territorial e incluye el tema ambiental como eje central buscando un liderazgo internacional para discutir la guerra contra las drogas”.
Y en eso coincide el experto Lucas Marín, investigador en temas de seguridad y droga, quien también agrega que este es uno de los primeros gobiernos que plantea de manera tan abierta la regularización del cannabis de uso adulto y los usos legales de la hoja de coca.
Sobre esto último, el ministro Osuna también dio otras pistas de lo que buscará el Gobierno Petro asegurando que optarán por “la elaboración de textiles, cosméticos, alimentos y otros productos derivados de la hoja de coca” que después se puedan comercializar con la ayuda de empresas.
Todo esto constituye una diferencia muy radical a lo que propusieron gobiernos como los de Iván Duque y Álvaro Uribe Vélez, aunque se acerca un poco más a las formas de el de Juan Manuel Santos.
En los de Duque y Uribe, las políticas de drogas se centraban en atacar la cadena de producción desde la base, por lo que priorizaron la erradicación de cultivos de uso ilícito de manera forzada y con uso de herramientas como el glifosato.
El de Petro, en cambio, solo menciona la palabra “glifosato” tres veces en ese extenso documento de 85 páginas y 8 ejes de acción, y las tres veces que lo menciona lo hace para enfatizar en las consecuencias que tuvo para la comunidad ese tipo de aspersión y para enfatizar en que este Gobierno no buscará “de ninguna forma” el uso de ese herbicida.
En este punto Marín argumentó que está de acuerdo no solo por las consecuencias que trae para las comunidades, sino por los costos. “Actualmente erradicar una sola hectárea de coca con glifosato vale entre 80 mil y 108 mil dólares, mientras que de manera voluntaria cuesta 10 mil dólares, por lo que estamos hablando de una diferencia de casi 10 veces”, dijo el experto.
Aún así, es probable que al gobierno Petro le cueste mucho más alcanzar su objetivo de una disminución del 43% de hectáreas para 2026, todo esto teniendo en cuenta que la Unodc ha venido reportando un crecimiento constante desde 2009 con aumentos más marcados desde 2020.
Sobre los puntos débiles de la nueva política, Vélez enfatizó en que no está claro cómo hará el Gobierno para implementar lo propuesto porque implicaría de una articulación institucional enorme y, además, “no veo la estrategia para proteger líderes sociales y comunidades, pues cualquier intervención para reducir oferta tendrá efectos sobre la violencia”, dijo.
Y justo por esa misma línea viene una preocupación mayor: ¿Cómo hará el Gobierno para articular esta política con la paz total?
“Mientras la cocaína sea ilegal –dice Vélez–, tendrá unas rentas muy altas. No es claro entonces cuáles serán los incentivos de los grupos armados para sentarse a negociar”, e ahí el mayor reto del Gobierno: convencer o atacar a los ilegales hasta que cedan a no sembrar más hoja de coca.
