El estudio de la reforma pensional en la Corte Constitucional, uno de los temas más sensibles para el gobierno de Gustavo Petro, enfrenta ahora un nuevo problema. Se trata de una denuncia por intimidaciones contra el abogado Germán Calderón España que pidió apartar al conjuez encargado de destrabar la decisión.
Todo comenzó el pasado 6 de diciembre cuando el abogado presentó una recusación para que el conjuez Carlos Pablo Márquez no participara en la revisión de la Ley 2381 de 2024, conocida como la Reforma Pensional. Márquez había sido llamado para resolver el empate entre los magistrados, un paso decisivo para definir si la ley se mantiene o se cae.
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La recusación fue presentada luego de que se conociera una fotografía que dejaría en evidencia una posible amistad entre el conjuez Pablo Márquez y el magistrado Miguel Polo Rosero, elegido para ese cargo en la Corte Constitucional con apoyo del gobierno Petro.
“Claramente, se evidencia una amistad íntima entre el conjuez Pablo Márquez y el magistrado Miguel Polo, conocido en forma pública y notoria como un magistrado apoyado por el Gobierno Petro y ascendente a esa ideología gobiernista”, se lee en la recusación.
Tras esa solicitud, Calderón España asegura que comenzó a recibir llamadas y correos electrónicos de tono amenazante. Según la denuncia, estos mensajes fueron enviados por César Eliecer Mojica Dorado.
Los correos no solo van dirigidos al abogado, sino también al presidente de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez Najar. En los mensajes se le exige a Calderón España que retire la recusación y, de forma especialmente grave, se mencionan incluso “actos fúnebres de Jorge Enrique Ibáñez Najar”, una frase que encendió alarmas.
Calderón España aseguró que actuó dentro de la ley y que está legitimado para presentar este tipo de solicitudes. Los mensajes ya fueron puestos en conocimiento de las autoridades.
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El movimiento Defensores de la Patria, del que hace parte el abogado, rechazó las intimidaciones y afirmó que ocurren en un momento político tensionado. En su comunicado mencionan, además, el informe del Centro de Paz y Seguridad Externadista que registra 40.000 asesinatos durante el actual gobierno.
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