Ambientalistas piden ser tenidos en cuenta en los diálogos por el paro

La protección del agua y el freno a los megaproyectos mineros son dos de las demandas que los ambientalistas le hacen al Gobierno Nacional en el marco de los diálogos con los sectores que participan en el paro. FOTO ARCHIVO JULIO CÉSAR HERRERA

En un manifiesto de 8 puntos, los colectivos ambientales de Antioquia y Colombia anunciaron su decisión de unirse al paro para que su clamor sea tenido en cuenta en la Agenda Ambiental que el gobierno discute con las diferentes organizaciones del país.

Las demandas que las organizaciones ambientales le hacen al gobierno tienen que ver con la protección de los defensores ambientales, el no uso del glifosato, el freno a la deforestación, la declaratoria de moratoria de los proyectos megamineros, la prohibición del fracking, el respeto a la consulta como mecanismo para la decisión de los destinos de los territorios, la protección integral del agua y la desaceleración de los proyectos hidroeléctricos en el país.

Según un comunicado firmado por más de 100 organizaciones, colectivos, movimientos y plataformas ambientales, todas defensoras de la vida y del territorio, los une la protección del agua y la naturaleza como eje de sus luchas.

Afirman que el modelo actual, “hace décadas ha dejado la naturaleza como víctima del maldesarrollo que violenta comunidades, despoja territorios, deja pasivos ambientales y sociales y vulnera ecosistemas naturales”, además de atentar contra la salud, la biodiversidad y la vida de quienes habitan los territorios, incluidos los humanos y no humanos.

Los firmantes sostienen que el pliego ambiental del paro de 2019 no fue aplicado por el actual gobierno, por lo cual este fue retomado para irlo nutriendo y mejorando en discusiones amplias, que esperan se den en el contexto actual de las protestas, de las cuales rechazan tanto el vandalismo como la respuesta de la Fuerza Pública, que ya deja, en sus cifras, a 52 personas muertas, 435 desaparecidas y 1.365 detenciones arbitrarias.

“En Antioquia hoy tenemos una preocupación grande, el Plan de Ordenamiento Departamental limita el territorio, el 15 % para minería y esa cifra se está superando; por eso estos puntos, además de la participación ciudadana con la validez de las consultas populares para decidir sobre los macroproyectos mineros y energéticos los ponemos en la mesa de negociación para llegar a acuerdos con el Gobierno Nacional y que el país pueda seguir avanzando en pos de un desarrollo sostenible”, subrayó Norman Correa, vocero de la Alianza Suroeste por la Defensa del Territorio, organización firmante del comunicado.

El mensaje

Estos son los puntos incluidos en el comunicado en el que los ambientalistas anunciaron su participación en el paro:

“1. Proteger la vida e integridad de los defensores y defensoras ambientales que vienen siendo amenazados, atacados y asesinados por su legítima labor de cuidar y proteger la naturaleza, en el país que, según Global Witness, lidera la cifra de ambientalistas asesinados. Exhortamos además al Congreso a la ratificación del Acuerdo del Escazú, enredado por la nula voluntad política del gobierno Duque y sus partidos aliados.

2. Prohibir la aspersión de glifosato sobre cultivos denominados de uso ilícito, garantizando la implementación de los puntos 1. Reforma Rural Integral y 4. Sustitución de cultivos de uso ilícito del Acuerdo de Paz, que permitan la dignificación de la labor y los proyectos de vida de quienes trabajan la tierra para la seguridad y soberanía alimentaria, a partir de prácticas agroecológicas, protegiendo las semillas como bienes comunes y reconociendo la Declaración de los Derechos de los Campesinos.

3. Detener de manera urgente la deforestación y frenar su principal foco de avance en la Amazonia. Evitando la expansión de la frontera agropecuaria, el latifundio, la agroindustria o agronegocio de palma africana y otros hacia áreas protegidas (jurídicas como comunitarias), sin que eso implique la militarización de las zonas de protección ambiental y la criminalización del campesinado.

4. Declarar una moratoria a los proyectos de megaminería en el territorio nacional, como los que se pretenden hacer en el Suroeste Antioqueño, el Páramo de Santurbán, la Sierra Nevada de Santa Marta, el Macizo Colombiano y Cajamarca, Tolima, que generan impactos irreversibles, acumulativos y a perpetuidad como los que se viven actualmente en la explotación de carbón en La Guajira y Cesar ante el inminente cierre.

5. Prohibir el fracking, la explotación de yacimientos no convencionales y de nuevos yacimientos costa afuera; sustituir en el corto plazo la explotación de combustibles fósiles y detener la construcción de nuevas termoeléctricas para avanzar hacia una transición energética justa como medida urgente ante la emergencia climática.

6. Respetar la consulta previa, libre e informada y las consultas populares como mecanismos legales y legítimos de participación, autonomía territorial y decisión de las comunidades sobre el destino de sus territorios.

7. Garantizar la protección integral del agua como bien común, sus cuencas hidrográficas y ecosistemas estratégicos (humedales, ciénagas, ríos, océanos, glaciares, páramos, etc) desde la autogestión territorial, fortaleciendo los acueductos comunitarios como organizaciones claves en el entramado social, histórico y cultural en torno al agua.

8. Desescalar el avance de megaproyectos hidroeléctricos, de turismo, navegabilidad, puertos e infraestructura, que puedan impactar negativamente los ecosistemas y las comunidades de su entorno”.