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Alistan castigos por maltrato a la dignidad animal

La medida está prevista en una directriz que se remitirá desde este martes a los 5.000 fiscales que hay en el país. En 19 meses van 61 condenas.

  • El fiscal Barbosa dijo que la protección a la dignidad animal es clave para reducir maltrato. Activistas defienen la medida. FOTO Edwin Bustamante
    El fiscal Barbosa dijo que la protección a la dignidad animal es clave para reducir maltrato. Activistas defienen la medida. FOTO Edwin Bustamante
17 de septiembre de 2021
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Un perro lanzado desde un puente, otro atacado con una pistola de balines y un caballo que iba a ser enterrado vivo son tres de los casos que hacen parte de las 61 condenas que la Fiscalía ha logrado en contra de maltratadores de animales desde el enero del 2020 hasta este 15 de septiembre.

Por eso, con el fin de investigar y judicializar con mayor efectividad a ese tipo de agresores, el fiscal general, Francisco Barbosa, alista una directriz para que los 5.000 fiscales que hay Colombia tengan herramientas para pedir castigos penales a quienes violenten la dignidad de los animales.

Barbosa aseguró que esta medida es “trascendental”, porque se convierte en la primera directiva que les da ‘dientes’ a los fiscales para analizar desde una perspectiva penal la relación agresor y animal, sus contextos de vida y el impacto del daño causado.

De hecho, Barbosa considera que el riesgo sobre la dignidad de los animales es un “evento que los vuelve sujetos y titulares del ejercicio de derechos” (ver destacado).

EL COLOMBIANO conoció que se expedirá el próximo martes y que Barbosa –para defender su contenido– está dispuesto a dar todos los debates jurídicos que sean necesarios. Su intención es potenciar el trabajo del Grupo Especial para la Lucha Contra el Maltrato Animal (Gelma).

La dignidad animal

El defensor de derechos de animales en Antioquia, Juan Guillermo Páramo, explicó que los casos que se empezarán a investigar con esa directriz, en específico, son cuatro, y todos tienen relación con las libertades y el principio de dignidad de los animales.

El primero es que se judicializará a alguien cuando la Fiscalía establezca que el animal pasa por condiciones extremas de hambre; el otro es cuando este sea atemorizado o angustiado por su dueño (esto genera debate al ser algo subjetivo); también, cuando sea víctima de agresiones físicas o térmicas al, por ejemplo, dejarlo bajo la lluvia; y, la última, aplica cuando al animal no se le permita su libre desarrollo natural, es decir, no se le dejen hacer sus necesidades.

Por esto, Barbosa aseguró que “si protegemos a nuestros animales, que son seres sintientes, y a su entorno ambiental, los humanos seremos mucho menos violentos”. Ese mensaje fue replicado por Andrea Padilla, activista por los derechos de los animales y concejala de Bogotá, quien resaltó la voluntad del Fiscal de robustecer el Gelma. Por ahora, aparte a las 61 condenas, en los últimos 19 meses se han recibido 1.540 denuncias por maltrato animal, y se han alcanzado 112 audiencias de formulación, cifras que para Padilla son interesantes, pues hablan de una importante persecución a agresores, y a la vez de una alerta para la sociedad por la cantidad de casos.

¿Será suficiente?

Para expertos consultados por este diario la medida se queda corta. Si bien destacaron que la directriz entiende la dignidad animal como un derecho de seres sintientes (al igual que el de los humanos), y que el trabajo que hace el Gelma rinde frutos, manifestaron que a este grupo se le debe dar más apoyo y que las alcaldías y la Policía tienen implementar más campañas de prevención contra el maltrato.

En efecto, Sandra Rojas, profesora del Instituto de Bioética de la Javeriana, explicó que el Gelma tiene 38 fiscales, grupo de trabajo que debería ser ampliado para que dé mayor rendimiento.

Por otra parte, la concejala Padilla afirmó que se requieren reformas a la Ley 1774 de 2016, la cual estableció como delito el maltrato físico o emocional contra animales, y lo sanciona con hasta tres años de cárcel.

En ese sentido aseguró que, por ejemplo, se debería reformar para incluir aspectos como la obligatoriedad de prestar beneficios sociales en albergues

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