El nombre de Kendry Téllez Álvarez cobró notoriedad la semana pasada, luego de que la Fiscalía lo señalara como una pieza clave en la estructura que habría planeado y ejecutado el magnicidio del senador Miguel Uribe Turbay. Conocido como ‘Yako’, este exintegrante de las Farc, desmovilizado tras la firma del acuerdo de paz, habría continuado vinculado a la Segunda Marquetalia, disidencia fundada por los desertores del proceso de paz, alias Iván Márquez y Jesús Santrich.
De forma paralela, alias Yako, figuraba en procesos de reincorporación y había sido admitido por la JEP, condición que le permitió acceder a beneficios judiciales, como la libertad condicionada, la participación en procesos restaurativos y la suspensión de las sanciones e inhabilidades.
De acuerdo con los antecedentes, Téllez Álvarez tiene dos condenas vigentes, una de 28 años de prisión por secuestro extorsivo agravado y porte ilegal de armas de fuego, y otra de 51 meses por tentativa de extorsión.
Al momento de su sometimiento al sistema transicional, la Sala de Amnistía o Indulto de la JEP le concedió el beneficio de libertad condicionada. Desde entonces quedó vinculado a ese modelo de justicia, tras su desmovilización como integrante del frente 53 del Bloque Oriental de las extintas Farc.
Pese a esos antecedentes y a señales que apuntaban a un comportamiento que no se ajustaba plenamente a los compromisos del sistema transicional, Téllez Álvarez continuó vinculado a la JEP. Desde al menos un año antes de las recientes revelaciones, ya existían alertas sobre dificultades para ubicarlo y garantizar su comparecencia ante la jurisdicción, lo que empezó a generar inquietudes sobre el cumplimiento de las condiciones que sustentaban su libertad.
Amplíe la noticia: Álvaro Uribe acusó al presidente Petro de “instigar” con su discurso el asesinato de Miguel Uribe Turbay
En los registros del proceso quedó constancia de reiterados intentos por establecer contacto con él. Uno de esos episodios se remonta a marzo de 2022, cuando una magistrada auxiliar, a través de su defensa, buscó comunicarse sin éxito. El número suministrado permitió únicamente hablar con un familiar, quien atribuyó la falta de respuesta a problemas de conectividad en la zona donde se encontraba.
Años después, en julio de 2025, un mes después del magnicidio, la defensa volvió a entregar datos de contacto y aseguró que Téllez Álvarez se mantenía activo dentro del proceso de reincorporación, atendiendo requerimientos institucionales y vinculado a programas oficiales. Según esa versión, desarrollaba un proyecto productivo de avicultura en zona rural de Albán, Cundinamarca, donde las limitaciones de señal dificultaban la comunicación telefónica tradicional, por lo que se priorizaban canales como aplicaciones de mensajería. Aun así, el tiempo pasó y nunca se presentó.
La semana pasada, cuando la Fiscalía emitió una orden de captura en su contra, la Sección de Revisión del Tribunal para la Paz emitió un auto con el que pidió que se evalúe si el compareciente incumplió las condiciones que le permitieron acceder al beneficio de la libertad, en particular los compromisos de no repetición y sujeción a la legalidad.
En concreto, la JEP analizará si los hechos que hoy se le atribuyen constituyen un incumplimiento de las condiciones que sustentaron su vinculación al organismo. Esa evaluación será determinante para definir si será o no expulsado.
Participación de alias Yako en el magnicidio de Miguel Uribe
La Fiscalía ubica a Téllez Álvarez en un rol central dentro de la operación criminal. Según la línea investigativa, habría participado en la planeación, coordinación y financiación del atentado ocurrido el 7 de junio de 2025. Las autoridades sostienen que, a comienzos de ese año, estableció contacto con Simeón Pérez Marroquín, alias El Viejo, quien posteriormente actuó como enlace entre los determinadores del crimen y la estructura delincuencial urbana contratada para ejecutarlo.
Lea aquí: Tragedias, funerales, homenajes póstumos y política: así ha transcurrido la vida de Miguel Uribe Londoño
Uno de los puntos que se analizan es la realización de reuniones en zona de frontera con Venezuela, en las que se habría facilitado el contacto entre alias El Viejo ejecutores y alias El Zarco, identificado como uno de los cabecillas de la Segunda Marquetalia. En ese escenario, según las versiones recogidas, se habría definido el objetivo del ataque —el senador Uribe— y el monto que se pagaría por llevarlo a cabo, cifra que alcanzaría los 1.000 millones de pesos.
El testimonio de alias El Viejo, quien ya fue condenado a 22 años de prisión por estos hechos, es uno de los elementos que refuerzan la hipótesis de la Fiscalía. En su declaración, lo señala como la persona que lo contactó y lo vinculó con la operación. A partir de ese señalamiento y de otros elementos probatorios, las autoridades consideran que su papel no se limitó a una participación secundaria, sino que habría sido clave para integrar las capacidades de un grupo armado organizado con redes criminales urbanas.
En este contexto, contra ‘Yako’ fue emitida una orden de captura en su contra por los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir agravado y fabricación, tráfico o porte de armas de fuego. Además, las autoridades ofrecieron una recompensa de hasta 500 millones de pesos por información que permita dar con su paradero.
Regístrate al newsletter