“Las comunidades de siete municipios del sur de Bolívar están corriendo un riesgo que catalogamos como alto debido a hechos violentos de miembros de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Clan del Golfo) y de la guerrilla del ELN”.
La denuncia es de Carlos Camargo Assis, defensor del Pueblo, quien afirmó que estas acciones violentas desencadenaron un aumento de homicidios, extorsiones, amenazas y restricciones a la movilidad, así como el control sobre la minería ilegal y la utilización de menores para cometer delitos.
La Alerta Temprana 003 del 2024, recién emitida para Achí, Altos de Rosario, Barranco de Loba, El Peñón, San Jacinto del Cauca, San Martín de Loba y Tiquisio, confirmó el riesgo para las comunidades de estos pueblos.
La Defensoría del Pueblo solicitó a las autoridades la adopción de medidas inmediatas para proteger a la población civil y evitar que se vea afectada por las imposiciones y acciones violentas de estos grupos ilegales.
Las exigencias extorsivas de estas estructuras armadas varían según los municipios, contratos y otros factores como ingresos o posesiones. Pueden ir desde el 10% del salario o contrato (para contratistas) hasta pagos específicos, como $50.000 por cabeza de ganado que deben pagar los ganaderos o impuestos sobre bebidas alcohólicas, como $2.500 pesos por canasta de cerveza vendida en los establecimientos comerciales.
La persistencia de estas “vacunas” obligó a una empresa de suministro de gas a cortar el servicio durante un día, según el Ministerio Público.
“Teniendo en cuenta nuestra preocupación por el respeto a los derechos humanos de la población del sur de Bolívar, hemos recomendado la implementación de medidas inmediatas en prevención y protección para que sea contrarrestado el accionar de los grupos armados ilegales y, a la vez, puestos en funcionamiento programas que incrementen o mejoren el capital social y humano de las familias en esa región del norte del país”, concluyó Camargo.
Además del ELN y el Clan del Golfo, en la región también está presente el frente 4 del Estado Mayor Central de las Farc (EMC), que entra en la pugna por el control de rutas de narcotráfico y la minería ilegal de oro.
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