Alarmante denuncia del defensor del Pueblo: “Disidencias tienen centros de reclutamiento y entrenamiento de niños”

Defensor del Pueblo, Carlos Camargo, alertó en entrevista con EL COLOMBIANO que en el Estado Mayor Central se libra una guerra interna que los tiene reclutando menores. Indígenas, los más amenazados.

Camargo reclamó que las Fuerzas Armadas son las únicas que han honrado el cese al fuego. Alegó que los grupos armados se siguen “burlando sistemáticamente” del Gobierno. FOTO Jaime Pérez - EL COLOMBIANO

Pasada justo una semana desde que el gobierno de Gustavo Petro le puso un alto al cese al fuego con el denominado Estado Mayor Central (EMC) de las Farc, el defensor del Pueblo, Carlos Camargo, alertó por la “inacción en la que se encuentran las Fuerzas Armadas” e hizo una dramática denuncia: las disidencias de alias “Iván Mordisco” no solo reclutan menores, sino que tienen montados centros de distribución y comercialización de niños combatientes para ofrecerlos como carne de cañón.

En diálogo con EL COLOMBIANO, el funcionario se abstuvo de hablar de asuntos como las reformas de Petro, pero sí reclamó que de nada sirve que el Ejecutivo haya suspendido el alto al fuego con el EMC en solo 4 departamentos, pues su influencia se extiende a más de 19 regiones. Denunció también que los grupos armados con los que el Ejecutivo mantiene ceses han incurrido en violaciones de derechos humanos y expresó su temor porque a Petro le pueda ocurrir lo de al expresidente Andrés Pastrana en San Vicente del Caguán (Caquetá).

De visita en Medellín –al presentar una cruda radiografía del abuso infantil–, usted alertó, entre otras, que cada 30 minutos un niño es sometido a exámenes para determinar si fue víctima de abuso. ¿En qué está fallando el Estado?

“La violencia sexual es la principal forma de maltrato infantil en Colombia. A través de sus distintas manifestaciones –abuso, acceso carnal o actos sexuales violentos–, se está impidiendo el desarrollo integral de niños y adolescentes. Pedimos celeridad en las investigaciones porque la conclusión es que hay una deficiente respuesta por parte de las instituciones del Estado. Eso nos lleva a pensar, mejor a concluir, que hay unos procesos de revictimización.

Otro de los hallazgos es que en el 78 % de los casos las agresiones surgen del entorno del hogar y en el 50 % de los casos el agresor es de la propia familia. Clamamos políticas afirmativas que logren contrarrestar estas situaciones de violencia sexual”.

¿A qué atribuyen esa deficiente respuesta del Estado?

“Se está fallando porque no hay políticas claras y es precaria la articulación de las instituciones del Estado, por no decir que no existe. Hemos atendido prioritariamente la representación judicial de más de 3.283 casos de delitos sexuales en niños y adolescentes.

La semana pasada la Procuraduría convocó a una gran mesa pro-mujeres ante estas situaciones de violencia basada en género, en específico por las altas tasas de feminicidio y los ataques que hemos conocido recientemente (lo ocurrido en el centro comercial Unicentro o lo sucedido en la cárcel de Girón). Nos llama la atención cómo están disparadas y exacerbadas todas las situaciones de violencia basada en género, en particular contra mujeres y niños”.

Este Gobierno va a completar un año de mandato. ¿Qué balance hace de las medidas a favor de la protección y defensa de los niños ante casos de abuso?

“No voy a hacer un juicio de valor sobre si ha venido cumpliendo o no, o si la política pública es la adecuada. Lo único que sí les digo a todas las instituciones –comenzando por el Bienestar Familiar–, es que no podemos desfallecer en cualquier intento que permita adelantar acciones afirmativas en la protección, defensa y la garantía de los derechos de la niñez. El panorama es desalentador”.

A propósito de la niñez y de lo ocurrido con los 4 menores acribillados por las disidencias del Estado Mayor, la Defensoría prendió las alertas por el reclutamiento de menores. ¿Cuál es el panorama?

“Hay un aumento de riesgo ostensible y evidente. Desde 2017 hemos emitido 274 alertas tempranas, de las cuales 231 evidencian riesgos asociados al reclutamiento, uso y utilización de niños y adolescentes. Es decir, estamos hablando del 85 % de las alertas tempranas. Este año hemos emitido 19, de las cuales 15 alertan situaciones de reclutamiento de menores.

Nos preocupa también el incremento de la presencia de los grupos armados. Las disidencias de las Farc ya están en un 63 % del territorio, el ELN en un 12 %, las autodefensas en un 4 % y otros grupos en un 19%. No menos preocupante es la situación de vulneración y riesgo en términos de las amenazas, que están disparadas en todo el país. No son solo la emisión de panfletos y comunicados, sino los riesgos de reclutamiento, de despojo de tierras o las extorsiones por parte de los grupos armados”.

¿Atribuye ese panorama a los ceses al fuego bilaterales promovidos por este Gobierno?

“No puedo atribuirlo y no voy a hacer juicios de valor, pero lo que sí es evidente es la inacción en la que se encuentran las Fuerzas Armadas. Son las únicas que han honrado el cese al fuego bilateral.

Retomando lo de reclutamiento le cuento una situación que nos llama especialmente la atención: lo que está ocurriendo en el norte del Cauca, puntualmente en los municipios de Toribío y Caldono. Hemos identificado centros de reclutamiento y entrenamiento de niños y adolescentes”.

¿Qué grupos están detrás de esos centros de entrenamiento y cómo operan?

“Toribío y Caldono se convirtieron en los principales centros para la distribución de niños reclutados para la guerra. Los envían luego a departamentos como Nariño, Valle del Cauca y Putumayo. Detrás de esto están las disidencias de las Farc a través de alias “Iván Mordisco”. Allá se hacen conocer como el Comando Coordinador de Occidente. Más recientemente se hacen llamar el bloque Jacobo Arenas.

Estuve en Vichada y constaté el riesgo de la población indígena, los Amorúa, por las disidencias y particularmente el frente Carolina Ramírez y el frente Primero Armando Ríos, ambos al servicio del EMC. Nos preocupa toda esa región del Orinoquía –Vichada, Vaupés, Guainía, Guaviare y un sector del Meta–, por una pelea interna de las disidencias que está llevando a que cada uno de los mandos busque fortalecerse rápidamente en número de hombres. Hay un riesgo muy alto de reclutamiento en las zonas indígenas”.

El frente Carolina Ramírez es justamente el responsable de la muerte de los menores que intentaban huir del reclutamiento...

“Sí, este frente se ha caracterizado por ser no tanto de combate, sino por dedicarse al reclutamiento de niños en el eje Caquetá, que lo configura esa región, Putumayo y Amazonas. Hay un pueblo indígena que nos preocupa muchísimo: los Juhup. De ellos, quedan muy pocas familias y están siendo amenazadas y desplazadas. Está en riesgo de desaparecer su cultura ancestral, con el agravante que los jóvenes de esa comunidad son reclutados por bandidos de las Farc –pero también del ELN y el Clan del Golfo–, que utilizan niñas para atraerlos”.

El Gobierno Petro suspendió el cese con las disidencias del EMC solo en 4 de los 16 departamentos donde tienen presencia. ¿Es suficiente? ¿la medida debió adoptarse en todo el territorio?

“Ya hacen presencia en 19 departamentos y, aunque su fortín está ahí en esas 4 zonas (Meta, Caquetá, Guaviare y Putumayo), su incidencia más recurrente son Cauca, Valle del Cauca y Nariño. Me preocupa mucho saber qué va a pasar con el frente Jaime Martínez y con el frente de Dagoberto Ramos, que tienen al norte del Cauca encendido y que pertenecen al Estado Mayor Central. Me preocupa qué va a pasar con la columna móvil Adán Izquierdo y qué va a pasar con el frente Franco Benavides que tienen a Nariño bajo control.

Tienen en peligro hasta las elecciones, la gente está confinada. El control territorial ya es un hecho, no es una advertencia. Hay control territorial de las disidencias de Iván Mordisco en el suroccidente del país. Por eso, la suspensión parcial es un saludo a la bandera, es un pañito de agua tibia, porque estos grupos tienen incidencia a través de acciones violentas contra la población civil en Cauca, Valle del Cauca y Nariño”.

¿Cuál es el balance en Antioquia?

“En Antioquia hemos emitido más de 34 alertas tempranas que destacan situaciones relacionadas con reclutamiento forzado”.

La Defensoría alertó que el EMC era responsable de más de 50 violaciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH). ¿Se demoró el Gobierno en suspender el cese?

“Como colombiano, y en mi condición de defensor del Pueblo, siempre estaré impulsando cualquier propósito que nos permita consolidar la anhelada paz. Pero también le exijo a los grupos armados que le hablen claro al país, que no se burlen como lo han venido haciendo de manera sistemática del Gobierno y del pueblo.

Hay límites, ya suficiente de mentira y burla. Lo que necesitamos son gestos concretos de paz. Si verdaderamente tienen intenciones de adelantar algún proceso de negociación, que le hablen claro al Gobierno y al país. Esto es una oportunidad histórica que ellos no pueden derrochar”.

Están vigentes dos ceses –con las autodefensas de la Sierra Nevada y la Segunda Marquetalia–, ¿han constatado violaciones de ellos?

“Sí, hemos venido registrando situaciones de acciones violentas contra la población civil por parte de estos grupos armados ilegales”.

¿Eso no sería suficiente para pedirle al Gobierno medidas y no esperar a que ocurra otra masacre?

“El llamado siempre lo hacemos en genérico a los grupos armados. Les hemos dicho, a cualquiera que sea –estructuras armadas ilegales o de crimen organizado–, que le hablen claro al país y para ello tienen que cesar de manera inmediata cualquier hostilidad que vaya en contra de la población civil. Repito, los únicos que han honrado el cese al fuego bilateral han sido las Fuerzas Armadas”.

¿Cree que con estos ceses de alguna manera el gobierno Petro está desestabilizando la institucionalidad del país?

“Es claro el deterioro de la seguridad. Mis funcionarios están a lo largo y ancho del territorio, en la ruralidad y en los centros urbanos, donde de manera evidente vemos cómo ya el Clan del Golfo no hace presencia en 12 departamentos, sino en 24 y en más de 398 municipios. Su carácter expansivo de control territorial y social viene en ascenso.

El Gobierno no puede ser indiferente a la situación que se está viviendo en los territorios. No es una cuestión de percepción, la gente está padeciendo de temor, de intimidación y de amedrentamiento por parte de los grupos armados ilegales. La situación es muy preocupante y el llamado que hacemos al Gobierno es que les exija a los grupos armados un cese inmediato de cualquier hostilidad y sobre esa base sí poder sentarse e iniciar cualquier proceso de negociación y de diálogo”.

¿Le preocupa que se pueda repetir lo del Caguán?

“Me preocupan las situaciones que están registradas en la historia y que ocurrieron en el Caguán, donde le hicieron conejo al Estado. El temor es a que se repita y que se sigan burlando de manera sistemática del Estado, que lo sigan engañando los grupos armados”.

Finalmente, ¿cómo sigue la situación de migrantes en el Tapón del Darien?

“Con Panamá emitimos la alerta temprana binacional relacionada con la revisión de las distintas dinámicas y los flujos migratorios que se vienen presentando, toda vez de que Colombia es una de las rutas obligadas de la población migrante. Encontramos que hay una amplia población de niños, niñas y adolescentes. Podemos decir que son de nacionalidad mayoritaria venezolana, seguida por la haitiana y ecuatoriana.

Ellos asumen la travesía de pasar el Tapón del Darién enfrentándose no solamente al azote de los grupos armados que los despojan hasta de sus vidas, sino a la inclemencia de la selva. Tuvimos la oportunidad de visitar los centros de recepción migratoria en Panamá, un punto de llegada de las personas migrantes de distintas nacionalidades que durante días asumen esa travesía”.