Un exfuncionario y un investigador activo del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía (CTI), fueron detenidos por su presunta participación en hechos de corrupción relacionados con Francisco Javier Martínez Ardila (“Pacho Malo”), el antiguo coordinador de ese grupo en Buenaventura, encarcelado por supuesto contrabando y narcotráfico.
Estos son los agentes del CTI detenidos por supuesta corrupción en favor de “Pacho Malo”
Y añadió que “los hechos que se les atribuyen corresponden a presuntas injerencias indebidas para modificar algunas versiones que involucrarían a un funcionario en actividades de narcotráfico”.
Extraoficialmente se supo que las versiones (testimonios) que habrían modificado son las que perjudicaban a Francisco Martínez (“Pacho Malo”), un excoordinador de investigadores de la Seccional del CTI en Buenaventura, quien fue capturado en febrero de 2024 por cargos de concierto para delinquir agravado con fines de contrabando y acceso abusivo a un sistema informático.
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En ese momento, a Martínez lo acusaron de aprovechar la influencia de su puesto para conspirar con otros servidores públicos, con el propósito de permitir la entrada y salida de mercancía de contrabando y narcotráfico por los puertos de Buenaventura y Barranquilla.
De igual manera, usurpaba - presuntamente - información reservada de las bases de datos de la Fiscalía, para vendérsela a los criminales involucrados en el negocio.
¿Presiones políticas?
Las detenciones de López y Forero tienen un componente adicional, al margen de la investigación por supuesta corrupción: ambos hicieron parte del equipo de la Fiscalía, que en la pasada administración del fiscal General Francisco Barbosa, recopiló las evidencias que llevaron a la captura de Nicolás Petro Burgos, el entonces diputado de la Asamblea del Atlántico e hijo mayor del presidente Gustavo Petro.
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Tanto López como Forero ayudaron con su trabajo a construir el expediente por los supuestos delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito, en el marco de la presunta captación ilegal de dinero por parte de Nicolás para financiar la campaña presidencial de su padre en 2022.
A raíz de esa situación, estos dos investigadores, al igual que el fiscal Mario Burgos, quien lideraba la investigación, fueron objeto de presiones políticas, supuestamente orquestadas desde la Casa de Nariño.