La presidenta de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi), Ana María Vesga, considera un fracaso la intervención del gobierno de Gustavo Petro a varias entidades promotoras de salud (EPS) del país, ya que no se ha logrado solucionar la crisis financiera del sistema de salud.
Vesga se basó en el informe de la Contraloría General de la República, en el que se advirtió que las EPS intervenidas atraviesan un “deterioro crítico y sostenido”. De hecho, en una entrevista radial expresó que “el remedio resultó peor que la enfermedad”.
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Según el organismo de control, las intervenciones no han cumplido su objetivo de estabilizar el sistema y, por el contrario, han profundizado los riesgos financieros que amenazan la atención de millones de colombianos.
“Se advirtió hace varios meses que la fragilidad de estas entidades históricamente nunca se ha corregido a través de las intervenciones. No conocemos el primer caso”, expresó la presidenta de ACEMI.
También habló sobre los retos que tendrá el próximo presidente de Colombia, pues se encontrará con 19,8 millones de personas afiliadas a EPS que presentan una fragilidad “administrativa y financiera severa”.
“Durante 2025, 700 mil usuarios se trasladaron desde esas EPS, en donde no están recibiendo atención, hacia EPS no intervenidas, generando también una presión sobre ellas”, dijo Vesga a Caracol Radio.
Y es que bajo la administración de la Superintendencia Nacional de Salud, las EPS intervenidas no han logrado mejoras estructurales. La inoperancia de las intervenciones ha permitido que los pasivos aumenten drásticamente, afectando directamente la red de clínicas, hospitales y prestadores de servicios.
“La Corte Constitucional le dijo en 2025 al Gobierno que hiciera un ejercicio de revisión de los recursos del sistema de salud, porque, si está mal financiado, entonces las EPS no pueden atender con suficiencia a la población”, explicó.
En este momento hay entidades que tienen hasta 16 millones de patrimonio negativo, pues han dejado de pagarle a la red de atención y también de atender a los usuarios. De hecho, la Contraloría advirtió que la rentabilidad operacional es negativa en todas las entidades analizadas, lo que limita la calidad y la oportunidad en la prestación del servicio de salud.
“Llevamos cuatro años de grandes titulares en donde la forma en la que el Gobierno ha justificado todas estas acciones sobre las EPS, parten de decir que las entidades son corruptas y han malversado los recursos, y en eso se ha quedado”, expresó Vesga al medio citado, agregando que ahora es la Contraloría la que dice que estas intervenciones no han solucionado los problemas para los usuarios.
“Lo que tenemos hoy es un sistema en cuidado intensivo, que no resiste más titulares. Necesita acción y planes concretos, que sabemos no van a llegar en los dos meses que le quedan a este Gobierno”, concluyó.
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