Uno de los primeros anuncios del gobierno entrante de Abelardo de la Espriella será derogar todas las Entidades Territoriales Indígenas (ETI) creadas durante el gobierno de Gustavo Petro.
¿Pero qué son las ETI y por qué generan tanta controversia? En términos prácticos, se trata de territorios casi que sin la intervención del Estado. Son entidades con facultades para administrar recursos públicos, ejercer gobierno propio y asumir competencias en áreas como salud y educación dentro de territorios indígenas.
No lo hará desde Bogotá. Según conoció en primicia EL COLOMBIANO, el presidente electo viajará el próximo 8 de agosto a la Alta Guajira para eliminar esas figuras.
La elección del lugar no es casual. En precisamente en La Guajira donde el Gobierno avanzó en uno de los casos más emblemáticos de este modelo territorial.
Apoyado en el Decreto 482 de 2025, el Ejecutivo argumentó que estaba “llenando el vacío” dejado por el Congreso al no reglamentar las Entidades Territoriales Indígenas previstas desde la Constitución de 1991.
Ese decreto del Ministerio del Interior le abrió la puerta para legalizar entre 16 y 18 nuevas entidades. Sumadas a las ya existentes, las 22 ETI abarcan cerca de 17 millones de hectáreas —alrededor del 15 % del territorio nacional— y cuentan con presupuesto propio, según denunció el senador electo de Salvación Nacional Enrique Gómez este jueves.
Desde el equipo de transición de De la Espriella consideran que el proceso excedió las competencias del Ejecutivo. Gómez ya había anticipado a EL COLOMBIANO que uno de sus principales hallazgos era justamente la creación de estos espacios territoriales.
“Hay una feria de adjudicación de personerías orientada a avanzar de manera significativa la ‘agenda subversiva’ en muchos departamentos del país. Estamos evaluando las acciones penales y disciplinarias correspondientes, además de diseñar estrategias para sugerirle al nuevo Gobierno cómo enfrentar este proceso que, claramente, viola los procedimientos internos del Ministerio y tiene una agenda enfocada en el control territorial. Es un proceso que no solamente consideramos inconstitucional, sino también abusivo”, afirmó Gómez.
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