Un juez de la República autorizó al municipio de Bello para que reanude el proceso de desalojo de cientos de familias, que durante los últimos seis años ocuparon ilegalmente un lote en la parte alta del barrio París.
Así lo informó la Alcaldía en un comunicado expedido en la noche de este lunes, detallando que la decisión fue tomada por el Juzgado Segundo Penal de Bello, en respuesta a una tutela interpuesta por la comunidad del sector Girasoles, mediante la cual habían logrado detener el procedimiento el pasado 3 de noviembre.
Aquel día, delegados de la Administración, en compañía del Escuadrón Móvil Antidisturbios de la Policía (Esmad), llegaron a la barriada de invasión, localizada en la frontera con la comuna Doce de Octubre de Medellín, para hacer el desalojo de 197 viviendas construidas sin las licencias reglamentarias.
La comunidad evitó el procedimiento arrojando piedras y organizando una asonada, que detonó un enfrentamiento con la Fuerza Pública, del cual salieron varios residentes lesionados.
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El lote en el cual está ubicado el asentamiento Girasoles pertenece al Hospital Mental de Antioquia, entidad que interpuso una querella para recuperarlo, el 19 de marzo de 2019. La solicitud derivó en la Orden de Policía N° 2020-09-027, que conminó a la Alcaldía a ejecutar el desalojo.
Daniela Ortega, secretaria de Seguridad de Bello, recordó que los ocupantes del predio han diligenciado tres tutelas, y todas fueron falladas a favor de la Administración. La más reciente, del Juzgado Segundo, precisó que “el Estado Social de Derecho no puede amparar situaciones irregulares que se configuran al margen de la ley cuando las autoridades públicas encargadas han actuado con la premura que se requiere de ellas, en cumplimiento de la normatividad vigente (...)”, según el extracto citado por la Alcaldía.
La urbanización ilegal es un fenómeno que se esparce por toda el área metropolitana. Tan solo en Bello, dichos urbanizadores han quemado 16 hectáreas de bosque en las laderas de la montaña, para luego vender los terrenos a las personas necesitadas de techo.
En una entrevista con EL COLOMBIANO, publicada hoy, el alcalde Óscar Andrés Pérez se refirió al tema: “El municipio no alcanza a generar una oferta institucional completa para todos esos sectores. Históricamente se ha fallado en el control y nosotros llegamos a ejercer control en estas zonas, pero hay que dejarle claro a la comunidad que no estamos recuperando ese espacio por fastidiarla, sino que detrás de estas invasiones está el fomento de rentas criminales por parte de grupos al margen de la ley, que venden estos lotes y le están haciendo daño al medio ambiente, porque los incendios de los últimos meses son intencionales, para la quema de árboles y poder entrar los ilegales a vender el terreno. En París estamos en la recuperación de un lote perteneciente al Hospital Mental, del cual se han apoderado los ilegales para vendérselo a la gente. La culpable no es la ciudadanía, porque abusan de su buena fe, pero son los que terminan sufriendo por los recursos que han invertido ahí”.
En el caso puntual de París, en cuyos alrededores se han erigido varios barrios irregulares, fuentes policiales señalaron que la venta ilícita de lotes es realizada por la organización criminal “Picacho”, por medio de varios de sus combos asociados, como “París” y “la Oficina del Doce”.
La secretaria Ortega advirtió que, en concordancia con el nuevo fallo judicial, el desalojo se retomará “en los próximos días”. Aún no se ha definido cuál será el destino de las familias, entre las cuales hay decenas de niños.
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