En menos de una semana, la Procuraduría le formuló cargos al exalcalde de San Rafael Abad de Jesús Marín por dos contratos que presuntamente entregó de manera directa, saltándose los procesos de contratación establecidos por la ley.
Este lunes 13 de noviembre la Procuraduría General de la Nación formuló cargos contra Abad de Jesús Marín Arcila, ex alxcalde de San Rafael durante el periodo 2016-2019, por presuntas irregularidades en un contrato de prestación de servicios logísticos para la celebración del mes del adulto mayor.
Abad de Jesús fue elegido en el 2015 con el 55,44% de la votación del municipio y fue avalado por el partido Centro Democrático.
La decisión disciplinaria también vinculó al exsecretario General y de Gobierno, León Roldán Maya, y a la exdirectora local de Salud, Maribel Arredondo Gil.
Al parecer, dice el ente de control, los investigados omitieron utilizar los procedimientos legales que rigen la contratación pública, por cuanto habrían optado por la modalidad directa cuando en razón de la cuantía era preciso acudir a la selección abreviada.
La Procuraduría señaló que con este posible actuar Marín Arcila, Roldán Maya y Arredondo Gil habrían transgredido los principios de transparencia y selección objetiva que regulan la contratación estatal.
En esta etapa procesal, la Procuraduría Provincial de Instrucción de Rionegro calificó las conductas de los disciplinables como graves a título de culpa grave.
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El ente de control advirtió también que los sujetos procesales podrán presentar descargos y/o solicitar o aportar las pruebas que consideren pertinentes para su defensa.
Solo cuatro tres días antes de este anunció, el pasado 10 de noviembre, la Procuraduría ya había anunciado otros cargos en contra de Marín Arcila por un contrato de $1.189 millones para construir el colector de saneamiento de la quebrada La Veta, que entregó de manera directa.
La razón de la acusación es la misma que en el caso de la logística para la celebración del adulto mayor: por el objeto y el valor del contrato, el proceso debió hacerse mediante licitación pública y no de manera directa.
Para este caso, la Procuraduría Provincial de Rionegro considera que con esta posible actuación el investigado pudo omitir los procedimientos establecidos para la convocatoria pública de oferentes y la selección objetiva del contratista, conforme a la normatividad vigente.
En esta etapa procesal, el Ministerio Público calificó la falta de Marín Arcila como gravísima a título de culpa grave, por presuntamente incumplir los requisitos determinados por la ley para este tipo de contrato.
No es esta la primera vez que la Procuraduría formula cargos contra Marín por la manera en cómo entregó contratos durante su paso por la Alcaldía de San Rafael. Hace un año, en noviembre del 2022, ya lo había hecho por presuntamente entregar de manera irregular los contratos para el transporte de estudiantes de instituciones educativas rurales y urbanas.
