Un impacto en el vidrio del vehículo que transportaba a una jueza despertó las alarmas en el gremio judicial, pues podría tratarse de un atentado relacionado con el proceso penal contra una red de corrupción en la Policía.
La afectada es la jueza 17 Penal Municipal de Medellín, con funciones de control de garantías, quien era transportada en un automóvil con la Oficial Mayor de su despacho. Según su propia narración, a eso de las 8:40 p.m. “un objeto circular” reventó el vidrio panorámico trasero del carro; por fortuna nadie resultó herido. El lugar del incidente no ha sido precisado, pero se sabe que ocurrió en el trayecto del centro de la ciudad hacia la casa de la abogada.
Aunque una hipótesis preliminar apunta a que se trató de un disparo, las autoridades han sido cautelosas y prefieren no asegurarlo hasta que no concluya el estudio balístico del CTI. La directora Seccional de Fiscalías de la ciudad, Adriana Villegas Arango, indicó que su institución ya recibió la denuncia y solicitó acompañamiento de la Policía Nacional para la jurista.
El pasado 23 de enero fueron capturados 23 policías activos, 11 civiles y dos agentes de tránsito de la Secretaría de Movilidad de Medellín, involucrados en una supuesta red de corrupción. Según el expediente, los sospechosos se habrían confabulado para comercializar vehículos y autopartes de los carros inmovilizados en parqueaderos públicos y privados, por lo cual les expidieron órdenes de captura por concierto para delinquir, cohecho y concusión.
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Las audiencias de control de garantías (legalización de captura, imputación y medida de aseguramiento) le correspondieron a la citada jueza 17 Penal Municipal. Seis días después de iniciadas, todavía no han terminado y se presume que podrían prolongarse otra semana, debido a la cantidad de procesados.
Precisamente, en la noche del atentado, la jueza acababa de terminar una diligencia relacionada con el caso, en el Palacio de Justicia: la legalización de captura del policía Arley Monroy Aragón, quien se entregó de manera voluntaria a las autoridades, para responder por los señalamientos. Con esta detención, el número de implicados subió a 37 y, de acuerdo con fuentes cercanas a la operación, se esperan más capturas.
“Es la primera vez que me sucede algo de este tipo”, contó la jurista este miércoles, en la continuación de las audiencias, donde hizo pública la denuncia. Por seguridad, decidió que en adelante las diligencias serán a puerta cerrada.
La situación enciende de nuevo las alarmas por el alto grado de vulnerabilidad de los servidores judiciales, tal cual quedó en evidencia con el asesinato de Alcibiades Libreros Varela, fiscal de la Dirección Nacional de Fiscalías contra el Crimen Organizado. El pasado 29 de diciembre fue acribillado cuando conducía su carro por una vía de Cali.
Tras lo sucedido, varios de sus colegas se quejaron por la desprotección a la cual están sometidos, pese a liderar las investigaciones contra las bandas más peligrosas del país.
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