La delicada situación humanitaria en Segovia y Remedios se agudiza conforme se alarga la protesta minera que este martes ajusta 33 días.
El personero de Segovia, Yeison Atehortúa, decidió en las últimas horas retirarse del Puesto de Mando Unificado (PMU) luego de argumentar que las declaraciones a EL COLOMBIANO del coronel Wilson Pardo, comandante de la Policía Antioquia, ponen en riesgo su integridad:
“No es cierto lo informado por el coronel Wilson Pardo al periódico EL COLOMBIANO, donde manifiesta que las actuaciones de la fuerza pública han contado con el aval de la Personería, por el contrario y con el ánimo de dar claridad, he rechazado cualquier intervención por parte de la fuerza pública, pues siempre he solicitado la llegada del Gobierno Nacional para el inicio de los diálogos y que se busquen soluciones definitivas a la problemática que se presenta”, indicó en el comunicado en el que anunció el retiro del PMU.
Atehortúa señaló además que no tiene la potestad de darle órdenes al Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) y calificó de irresponsable la justificación de la fueza pública de escudarse en la Personería para intervenir en el Nordeste antioqueño.
¿Qué dijo el coronel?
El comandante de Policía Antioquia, coronel Wilson Pardo, indicó a EL COLOMBIANO que sus hombres han actuado bajo la rigurosidad de la ley. “Lo que hemos realizado está amparado dentro de las normas legales, los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario. Tenemos un puesto de mando unificado con todas las autoridades, Personería, autoridades locales y regionales y nada de lo que se hace aquí, se hace sin el aval de ese puesto de mando”, concluyó el coronel Pardo.
Bomberos también se retiraron
Los 27 bomberos voluntarios de Segovia también anunciaron por medio de un comunicado su retiro del Plan de Contingencia luego de que se conocieran los señalamientos del gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, sobre pruebas de que los rescatistas estarían repartiendo explosivos a la comunidad.
ONU revela drama humanitario
Por su parte la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas (Ocha) reveló que por lo menos 5.500 familias, 200 de ellas indígenas, tienen dificultades para conseguir alimentos:
“Al menos 5.500 familias (22.000 personas) pertenecientes a comunidades indígenas, afrocolombianos y campesinos de zona rural y urbana presentan restricciones al acceso de alimentos, bienes, servicios, y movilidad como resultado de las confrontaciones entre mineros artesanales (manifestantes) y la fuerza pública”, señaló el organismo internacional.
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