La Fiscalía General de la Nación solicitó la preclusión de la investigación adelantada contra el ciudadano que, por defenderse de un atraco en Medellín, le quitó sin querer la vida al cantante Fabio Andrés Legarda Lizcano.
Como se recordará, los hechos ocurrieron el pasado 7 de febrero en el sector Patio Bonito, de El Poblado, cuando un escolta que labora en una empresa de seguridad conducía un automóvil Volkswagen Golf GTI.
En inmediaciones de la clínica Medellín fue interceptado por dos ladrones motorizados, que lo intimidaron con un arma de fuego. El ciudadano reaccionó con su pistola amparada, disparando contra los asaltantes desde el interior del carro.
En la vía pública murió Jorge Hernán Ardila Valencia, de 27 años, y resultó herido su presunto compinche Juan Sebastián Ramos Duque, de 21. El atraco fue frustrado y a este último lo capturó la Policía unas cuadras más adelante, para luego imputarle cargos por tentativa de hurto calificado y agravado y porte ilegal de armas.
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Desgraciadamente, una de las balas disparadas por el escolta se desvió del objetivo e impactó en la cabeza al cantante y youtuber Fabio Legarda, quien ajeno a la situación viajaba como pasajero en un vehículo Uber, estacionado junto al carril del tiroteo.
El artista del género urbano, de 29 años, fue trasladado a un centro médico, donde fue imposible salvarle la vida.
De acuerdo con el comunicado de la Fiscalía, “expertos forenses establecieron que el escolta disparó su arma en seis oportunidades, de los cuales cuatro (proyectiles) impactaron a Ardila Valencia, otro a su presunto cómplice (Ramos Duque) y el último, de manera infortunada, al cantante”.
El documento añade que “todos los disparos estaban agrupados”, es decir, que el guardaespaldas se concentró en los atacantes y no apuntó de manera indiscriminada.
Tras estos análisis, la Fiscalía le pidió al juez del caso que precluyera la investigación en favor del escolta, por considerar que la muerte de Legarda fue accidental y que la de Ardila Valencia fue en legítima defensa.
El próximo 30 de abril, en el Palacio de Justicia de Medellín, el juzgado decidirá si aprueba o no la solicitud del ente acusador.
