La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia dejó en firme la condena a 31 años de prisión en contra de cuatro militares que secuestraron, asesinaron y presentaron como guerrillera a una menor de 16 años de edad en septiembre de 2003 en Antioquia.
Se trata del teniente del Ejército Nacional Edwin Leonardo Toro Ramírez y de los soldados profesionales Darwin Alejandro Echavarría Jaramillo, Herlindo Antonio Bravo Restrepo y Francisco Javier Vanegas Céspedes.
De acuerdo con el expediente, el 18 de septiembre de 2003 a la vereda El Morro del municipio de Granada (Antioquia) llegaron varios integrantes del Batallón de Artillería número 4, adscrito a la IV Brigada.
Llegaron, concretamente, a la vivienda donde se encontraba la menor Luz Stelly Morales Arias y algunos de sus familiares y, con engaños, la sacaron de su casa y la retuvieron manifestando que sería entregada al ICBF Bogotá porque se había dicho que supuestamente era parte de un grupo subversivo.
La menor fue conducida por los militares a la vereda La Linda de ese mismo municipio, acompañada por su hermana hasta la base militar artesanal de una finca vecina en donde estaban asentados los soldados. Allí los militares le dijeron a la hermana que debía regresar para conseguirle ropa.
Según señala el expediente, “un par de días más tarde el cuerpo sin vida de la niña Luz Stelly Morales Arias fue entregado por la Fuerza Pública a la inspección Municipal de Policía de la Población de San Carlos, Antioquia, señalando que la muerte se había producido en combate”.
No obstante, se pudo probar que el enfrentamiento no existió y que los militares secuestraron y mataron a la niña para presentarla como baja, en un caso más de ‘falsos positivos’.
Por estos hechos, Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Antioquia condenó en 2012 a los militares a 31 años y 6 meses de prisión por los delitos homicidio agravado y secuestro simple, fallo que fue confirmado por el Tribunal Superior de Antioquia el 19 de marzo de 2014.
La defensa de los militares presentó ante la Corte Suprema un recurso de casación con el que buscaban ‘tumbar’ su condena, pero el mismo no fue admitido por estar mal presentado y por eso la pena quedó en firme. Aun así, la Corte revisó el expediente y no encontró irregularidad alguna:
“Se tiene que si bien se sabe que los hoy sindicados fueron los que sacaron a la víctima de su casa y la condujeron al lugar donde estaban asentados, no se sabe cuál de ellos fue quien finalmente disparó en contra de su humanidad porque la hicieron aparecer como muerta en combate, dentro del entramado que crearon. En esa medida, no resulta necesario conocer el nombre del autor de las mortales detonaciones, porque, como concluyeron las instancias, lo importante es que todos sabían a qué iban y cuál sería la suerte que correría la menor”.
