Uno de cada tres municipios antioqueños está en riesgo de sufrir fraude o violencia durante las elecciones que se están realizando este año.
A escasas dos semanas de la primera vuelta presidencial, esta alerta emitida por la Misión de Observación Electoral (MOE) en febrero pasado ha vuelto a cobrar trascendencia en medio de una crítica situación de orden público en varias regiones.
La crisis más reciente se desató en Briceño, donde el asesinato del estudiante y periodista Mateo Pérez evidenció cómo en muchos rincones del departamento los grupos armados tienen más control y poder que cualquier institución del Estado.
En este municipio del Norte antioqueño subestructuras del Clan del Golfo y del Estado Mayor Central (EMC) de las disidencias de las Farc libran una guerra por controlar una corredor clave para el narcotráfico, la extorsión y la minería ilegal.
En una zona en la que los habitantes advierten que el Clan del Golfo controla la vía de acceso y los disidentes patrullan en moto portando fusiles al hombro, el riesgo de constreñimiento electoral está latente.
Territorios bajo la lupa
En el más reciente mapa de riesgo electoral divulgado por la MOE, Antioquia es uno de los departamentos con condiciones más complejas.
De sus 125 municipios, el departamento tiene 18 en riesgo extremo de violencia y fraude, 14 en riesgo alto y cinco en riesgo medio. Este acumulado de 37 municipios fue el que consolidó a Antioquia en el puesto siete en materia de riesgo electoral para este 2026, con un 29,6% de su territorio en esa condición.
A nivel nacional, la MOE identificó ocho grandes zonas del país en las que consideró que se están concentrando los peligros: Arauca, Atrato, la cuenca de los ríos San Juan y Baudó, el andén del Pacífico medio y Nariño, el norte del Cauca, el medio y bajo Putumayo, el suroriente del país, y el norte de Antioquia y el sur de Bolívar.
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En el caso de Antioquia, las zonas que más preocupan son el Atrato, donde aparecen varios municipios del Urabá y la zona limítrofe con Bolívar, que comprende municipios en subregiones del Nordeste, el Norte, el Bajo Cauca y hasta el Magdalena Medio.
En las fronteras con Córdoba, Sucre y Bolívar, la lista de municipios en riesgo extremo está compuesta por Amalfi, Anorí, Briceño, Caucasia, El Bagre, Ituango, Remedios, San Andrés de Cuerquia, Segovia, Tarazá, Toledo, Valdivia y Zaragoza.
Desde hace varios años, las autoridades han advertido que la principal razón de inestabilidad en esos municipios obedece a las disputas entre grupos como el Clan del Golfo, las disidencias de las Farc y el ELN, cada uno con sus diferentes estrategias de expansión.
Mientras el Clan del Golfo adelanta desde hace varios años una ofensiva para ampliar su influencia desde Urabá hacia el Magdalena Medio, lo propio están haciendo las disidencias de las Farc y el ELN, quienes buscan recuperar el poder que tuvieran varias estructuras de las antiguas Farc, antes de la firma del acuerdo de paz en 2016.
Desde 2024, año en el que la Gobernación de Antioquia invocó la figura de la asistencia militar, los entes territoriales han pedido al Gobierno Nacional disponer de un pie de fuerza más robusto para que el Ejército y la Policía puedan asumir el control de la zona y evitar que la población civil quede en medio del fuego cruzado.
Las confrontaciones han tenido varios momentos. Por ejemplo, en febrero de 2025, la principal consternación de las autoridades vino por cuenta de una fractura entre las disidencias de las Farc y el ELN, que motivó a su vez al Clan del Golfo a emprender una arremetida para aprovechar ese punto de quiebre.
Dicho grupo comenzó a realizar un movimiento envolvente que, en aquel momento, puso en máximo riesgo al municipio de Remedios, en donde los habitantes quedaron atrapados en esas confrontaciones.
Sin embargo, con el paso de los meses, las disidencias de las Farc respondieron a esa ofensiva y escalaron también sus acciones bélicas empleando drones, que ahora se utilizan para lanzar bombas que ya han dejado víctimas civiles inocentes.
El secretario de Seguridad de Antioquia, el brigadier general (r) Luis Eduardo Martínez, advirtió que esta última ofensiva obedece a una estrategia trazada desde lo más alto de esa agrupación, comandada por alias Calarcá.
En Briceño, mucho antes de lo ocurrido con el periodista Mateo Pérez, el funcionario advirtió que las disidencias ya habían realizado acciones como la detonación de una motobomba el pasado Viernes Santo, varios ataques con drones, hostigamientos a la Fuerza Pública y la dispersión de mensajes intimidantes a la población civil, que generaron confinamientos y desplazamientos.
La principal muestra de esa ofensiva fue la llegada de un integrante de esa agrupación identificado como alias Chalá, según la Fuerza Pública experto en el manejo de drones y quien ya estaba en el radar de las autoridades por acciones cometidas en zona limítrofe entre los departamentos de Huila y Cauca, cuando se desempeñaba como jefe de finanzas del Frente Darío Gutiérrez.
Además de esos señalamientos, la presencia de Chalá también puso de manifiesto los planes de expansión de las disidencias de las Farc, que según han advertido las autoridades estarían trabajando por retomar sus viejos planes de reabrir el Frente 5.
“Chalá llegó al territorio con dos encargos especiales de alias Calarcá: uno, dar instrucción y entrenar a los integrantes de ese grupo criminal, porque al parecer es experto en el manejo de drones. Y segundo, perfilarse para que, en caso de que se active el Frente Quinto que va a ser liderado por Primo Gay, él quede encargado de lo que hacía Primo Gay en el Frente 36”, dijo el secretario.
En la alerta de la MOE, otras regiones que concentran varios municipios en los que se pide especial atención de la Fuerza Pública están ubicados en las subregiones de Urabá y el Suroeste antioqueño.
En Urabá los municipios en los que se prevé mayor riesgo son aquellos ubicados en la zona de influencia del Atrato y aquellos que comparten límites con Chocó, en donde el Clan del Golfo se disputa territorio con el ELN.
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Entre tanto, en el Suroeste, este año las alarmas se han encendido por cuenta de un incremento en los homicidios calculado en un 18% en comparación con 2025, tal como lo documentó este diario a finales de abril pasado.
En los análisis realizados por expertos, las razones detrás de ese repunte se asociaban a una expansión del Clan del Golfo desde la subregión del Occidente antioqueño (que a su vez tiene siete municipios en diferentes niveles de riesgo para la MOE) hacia el Suroeste, lo que a su vez ha generado tensiones con otras estructuras, algunas incluso derivadas del mismo Clan del Golfo.
Además de las alertas de la MOE, en otras regiones que a simple vista no han solido ubicarse en ese mismo nivel de riesgo, sobre todo por tener grandes núcleos urbanos, también han entrado en el radar, como el Oriente y la misma área metropolitana de Medellín.
En el Oriente la situación de seguridad se ha desestabilizado principalmente por una confrontación entre el Clan del Golfo y otros grupos como El Mesa. Para este último, una de las más sonadas controversias vino por cuenta de la inclusión de alias El Montañero, su líder, en una lista negociadores de la Paz Urbana a quienes se les suspendieron las órdenes de captura en plena víspera de la cita en las urnas.
Otros cabecillas beneficiados por esa medida, según advirtieron expertos en crimen organizado, eran cabecillas cuya zona de influencia se concentra en Bello y el norte del Valle de Aburrá, en donde también se han intensificado los llamados a que haya vigilancia por parte de las autoridades en las jornadas electorales que se avecinan.
Medellín tampoco se ha escapado a esas alertas y especialmente en las comunas de Manrique (3) y Aranjuez (4), en las que tienen influencia otros cabecillas incluidos en esas conversaciones de paz con el Gobierno Nacional, hay consternación.
Con base en este contexto, en el departamento no han pasado de agache episodios ocurridos en otras latitudes del país, como el que puso bajo los reflectores públicos a un disidente de las Farc —que según la Policía se trataría de un recluso de la cárcel de Picaleña, Ibagué— en los que se refería a carnetizar a campesinos de una zona, cobrarles extorsiones y hasta se refería a un candidato con deseos de que resultara electo.
Más allá de la controversia y múltiples versiones que suscitó ese episodio, para varios candidatos, estas y otras situaciones han puesto de manifiesto una realidad a la que no pueden escapar muchos municipios: el alto riesgo que poderes ilegales influyan en la jornada que se realizará en dos semanas.
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