Dos congresistas antioqueños resultaron en el ojo del huracán tras aparecer en una lista que hoy investiga la Corte Suprema de Justicia.
En medio de las indagaciones que avanzan en esa alta corte para esclarecer el entramado de corrupción que sacudió a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (Ungrd) –y cuyos indicios hoy apuntan al exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, como el presunto cerebro de esa operación– salió a la luz una tabla al parecer elaborada por el alto gobierno en la que se desagregaban proyectos por parlamentarios presuntamente para ponerlos a marchar a favor del bloque oficial.
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Mientras para veedores e investigadores el documento sería uno de los materiales más comprometedores en contra de Bonilla y además dejaría la puerta abierta para un posible canje de votos con dichos contratos, los congresistas relacionados controvierten esa versión y plantean que los señalamientos en su contra serían injustos, aduciendo que una de sus funciones parlamentarias fundamentales sería precisamente gestionar proyectos para los municipios.
Lo que se sabe de los listados
El nuevo material que emergió a la luz pública en días recientes hace parte del expediente que ya reposa en la Corte Suprema de Justicia por el escándalo de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (Ungrd).
Uno de los testimonios más sensibles corresponde al de la exasesora del exministro Bonilla, María Alejandra Benavides, quien se convirtió en la testigo estrella de la Fiscalía en dichas indagaciones.
Pese a su importancia, la totalidad de las declaraciones rendidas por Benavides a la Corte Suprema aún no se conocían.
Sin embargo, partes sensibles de ese testimonio fueron publicadas por la Revista Semana, especialmente varias en las que se refería a cómo se habrían presuntamente direccionado contratos con la bendición del alto gobierno para favorecer a congresistas.
Dentro de los puntos claves de la historia de la exasesora se encuentra por ejemplo una reunión que se habría realizado el 18 de septiembre de 2023 en la Casa La Giralda, situada entre el Palacio de Nariño y el Ministerio del Interior, en la que el exministro Bonilla se habría reunido con el entonces también ministro Luis Fernando Velasco y Jaime Ramírez Cobo, enlace entre la Presidencia y el Congreso.
“Cuando llegamos a Casa La Giralda, el ministro Luis Fernando Velasco nos atendió en su despacho. En esa reunión también estaba presente el enlace de la Presidencia de la República con el Congreso, Jaime Ramírez Cobo. También estaba presente Fernando Henao, quien en ese momento era el enlace del Congreso con el Ministerio del Interior”, declaró Benavides ante la Corte, señalando que en dicho espacio uno de los temas principales discutidos habría sido encontrar maneras de poner a la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público al paso del Gobierno Nacional, así como la situación de cara a las elecciones territoriales de ese año.
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Como parte de esas estrategias para ganarse presuntamente el favor de los congresistas, Benavides aseveró en su testimonio que la instrucción dada desde el alto gobierno habría sido la de estructurar un esquema de repartición de proyectos para ellos, presuntamente a través de entidades como la Ungrd y el Invías.
El documento más importante de dicha repartición serían dos tablas en las que los cupos indicativos se desagregaban según los senadores y representantes, aseguró Benavides.
“El 2 de febrero, el ministro me pide que le deje una copia actualizada de la tabla de cupos indicativos, tanto la de Invías como la de Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (...) le voy a dejar dos copias en sobres de la tabla, una con nombres y una sin nombres”, dijo la exasesora en sus respuestas a la Corte.
El pasado martes, la emisora Blu Radio publicó varias tablas que corresponderían a dichos cupos indicativos y en ella salieron mencionados varios congresistas, entre ellos los antioqueños Juan Diego Echavarría y Julián Peinado.
Mientras en el caso de Echavarría su nombre aparecía relacionado a dos contratos –uno de vías terciarias para San Pedro de los Milagros por $13.000 millones y $7.000 millones para vías terciarias en Angelópolis–, en el caso de Peinado se leen dos contratos – uno de pavimentación de vías rurales para Envigado por $14.152 millones y otro para la construcción de una placa huella de 4 kilómetros en las veredas La Arboleda y Chaguaní del municipio de Tarso–.
Los congresistas responden
Para conocer su versión ante esos señalamientos, EL COLOMBIANO consultó tanto con Peinado como con Echavarría.
El representante Peinado arrancó argumentando que dentro de las funciones inherentes a su labor como congresista estaría la de promover proyectos para los municipios, considerando errado que se viera con la lupa del interés particular un proyecto que beneficiaría al público.
“Dentro de las funciones congresionales, la Ley Quinta en su artículo 283, numeral sexto y numeral octavo, dice claramente que nosotros podemos intervenir, convenir y promover acciones ante el Gobierno Nacional para que se resuelvan asuntos que sean de interés público y exclusivamente se refiere a asuntos que tengan que ver con infraestructura, acueducto y agua potable”, argumentó.
“En ese orden de ideas es rutinario y normal que tanto senadores y representantes acudan a los despachos de los diferentes ministerios a solicitar sean atendidas las inquietudes y necesidades de los diferentes territorios”, dijo, sosteniendo que dicha labor él la ha realizado con todos los gobiernos en los que él ha sido congresista.
Sobre los dos contratos mencionados, Peinado señaló sí haber intercedido tanto por Envigado como por Tarso para ambos proyectos, negando que sus posturas como representante estuvieran influidas por dichos contratos.
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“En ese momento no teníamos discusiones en asuntos de créditos públicos. En ese momento inclusive estábamos en las discusiones rutinarias de la comisión a la cual pertenezco, que es la tercera y son los asuntos económicos y presupuestales. Yo seguía manifestando una postura muy crítica en contra de la reforma del gobierno y es importante advertir del carácter de crítico, porque mi partido es de gobierno, pero mi postura siempre ha sido separada del mismo. Nosotros somos críticos más no oposición sectaria. Eso quiere decir que si hay elementos que permitan acompañar un proyecto, lo vamos a hacer”, señaló, acotando que mientras el contrato de Envigado sí se realizó, el de Tarso nunca se concretó.
De igual forma, este diario consultó con el congresista Echavarría, quien vía chat remitió apartes de la misma ley mencionada por Peinado y extractos de la Sentencia 497/94, en la que la Corte Constitucional sentó jurisprudencia sobre esa condición de los parlamentarios.
Al ser consultado para una entrevista para referirse a los señalamientos en su contra, Echavarría no respondió.
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