Después de 13 meses de la apertura del proceso, la Contraloría General de la República expidió ayer el auto de imputación a 28 personas naturales y jurídicas dentro de la investigación por la presunta responsabilidad fiscal que adelanta tras los sobrecostos en el proyecto hidroeléctrico de Ituango.
El organismo de control fiscal abrió el expediente el 8/11/2019 por un posible detrimento patrimonial de $4 billones, como consecuencia de las fallas en la planeación y ejecución del megaproyecto.
Ese monto se discriminó así: $2,9 billones a raíz de las “mayores inversiones realizadas no justificadas, que llevaron a que se diera una pérdida o destrucción del valor del proyecto”; y $1,1 billones por concepto de los recursos dejados de percibir por el Estado como consecuencia de la no entrada en operación.
El contralor General, Carlos Felipe Córdoba, informó que las decisiones responden a una investigación realizada por un equipo técnico que analizó dos terabytes de información (un terabyte equivale a 1.000 gigabytes). Esta actuación especial se originó por una solicitud de la veeduría ciudadana Recursos Sagrados en febrero de 2019.
Determinó el ente de control que las decisiones relevantes, así como las acciones u omisiones que presuntamente generaron el daño patrimonial, se originaron entre 2008 y 2015, como consecuencia de una cadena de errores que se dio desde su planeación y diseño, hasta su ejecución y control.
Entre los 28 imputados figuran 10 exmiembros de la junta directiva de Hidroituango, dos exgerentes de EPM, dos exgerentes de Hidroituango, un exgerente de la filial EPM Ituango, dos exalcaldes de Medellín y dos exgobernadores. El resto son contratistas (ver lista anexa).
Las personas naturales tendrán que responder por acciones y omisiones en torno al proyecto y por omisión al deber de tutela (es decir, de cuidado). Los consorcios y empresas intervinientes, según la Contraloría, serán procesados por atrasos y defectos en construcción de obras, incluida la Galería Auxiliar de Desviación (túnel que colapsó el 28 de abril de 2018), aumentos del valor del contrato, ausencia de seguimiento al contrato de obras principales, deficiente asesoría, precaria modificación en los diseños y omisiones de las advertencias del board de expertos.
Los reproches
La Contraloría consideró que los errores cometidos en el proyecto trajeron tres consecuencias: (1) El incumplimiento del compromiso de generación de energía ya contratada y acordada para 2018, lo que produjo el lucro cesante señalado ($1,1 billones).
En la subasta de energía en firme realizada a mediados de 2008, el proyecto prevendió 2.972.603 KWh-día para el periodo entre el 1 de diciembre de 2018 y el 30 de noviembre de 2038, a un valor de 13,9 dólares por megavatio-hora, compromiso incumplido.
(2) Se produjo un aumento de los costos de Hidroituango. Inicialmente estaba pactado en $6 billones y, por las fallas e improvisaciones, terminó costando $13 billones, por la destrucción del valor del proyecto a junio de 2019. Sin embargo, la junta directiva de EPM aprobó el pasado 28 de julio la más reciente actualización del presupuesto del proyecto, con un incremento de 5,88 %, quedando en $16,2 billones.
(3) La tercera consecuencia fue la contingencia que en abril de 2018 amenazó con causar una calamidad pública en el área de influencia.
Julián Ruiz, vicecontralor General (e), explicó ayer que “es difícil calificar actos de corrupción” dentro del proceso, pero afirmó que lo visto hasta ahora dentro de los hechos u omisiones “son decisiones desacertadas, fuera de tiempo, cambios en condiciones contractuales que difuminaron las responsabilidades y permitieron el cambio de cronogramas, que a la postre significaron implementar planes de aceleración y mayores costos”.
Hablan los implicados
El exalcalde de Medellín, Alonso Salazar, respondió que prefiere conocer la resolución de la Contraloría antes de emitir un pronunciamiento.
Aníbal Gaviria, actual gobernador de Antioquia y alcalde de Medellín 2012-2015, dijo que como servidor público ha actuado con apego a la ley. “Tengo la convicción de que las personas, instituciones y empresas han actuado basados en estudios, con criterios científicos y técnicos, y que la gravísima contingencia que afronta el proyecto fue producto de una situación que no tuvo origen ni en dolo o mala intención”, sostuvo. Anotó que entregará pruebas, documentos y explicaciones del caso, “con la certeza de que demostrarán la transparencia de mis actuaciones”.
El precandidato presidencial y exgobernador de Antioquia (2012-2015), Sergio Fajardo Valderrama, dijo que fue vinculado al proceso para explicar el control y seguimiento realizado a las personas que delegó ante la junta directiva de la hidroeléctrica Ituango cuando fue gobernador.
“Para realizar el control y seguimiento a la función delegada, sosteníamos reuniones periódicas, a fin de discutir y analizar el cronograma de trabajo y los costos financieros. En estas reuniones, no revisamos decisiones técnicas de construcción porque correspondían exclusivamente a EPM”, sostuvo Fajardo. Y añadió: “La junta directiva de la Hidroeléctrica Ituango ejerció una labor exclusiva de supervisión, vigilancia y control del cronograma de trabajos y de costos financieros del mencionado contrato. La junta no tomaba decisiones técnicas de construcción ya que correspondía a EPM, quien ha estado a cargo de las decisiones técnicas y su implementación”.
Luis Alfredo Ramos Botero (gobernador de Antioquia 2008-2011) declaró que ha estado listo para responder los requerimientos de la Contraloría relacionados con Hidroituango, “precisando que nunca fui miembro de la junta directiva de esa sociedad ni participé en las decisiones de planeación y ejecución de la obra. Espero que Hidroituango empiece a generar energía muy pronto”.
Los exgerentes de EPM
Federico Restrepo Posada, gerente de EPM 2008-2011, dijo que estará atento para colaborar y cooperar con la Contraloría. “Es importante resaltar que esta imputación de cargos no es una sentencia, una decisión definitiva o una declaración de culpabilidad. Se trata de una decisión preliminar en el avance de una investigación sobre las decisiones administrativas que tomé como gerente de EPM y que estoy seguro, fueron transparentes, de buena fe, apegadas a la ley y orientadas a generar los mejores resultados para la compañía y el país”, aseguró.
Juan Esteban Calle, gerente de EPM 2012-2015, le dijo a EL COLOMBIANO que se siente “totalmente tranquilo con respecto a todas las actuaciones durante mi gestión como gerente, las cuales seguiré defendiendo con absoluta tranquilidad de conciencia, diligencia y convicción, por su total apego a la integridad personal, la ética empresarial y la Ley”.
Indicó que continuará atendiendo los requerimientos de las autoridades, y que “los esfuerzos y buena energía de las instituciones, la empresa y el país deben estar dirigidos a que el proyecto entre pronto en operación para beneficio de los colombianos”.
Las etapas del proceso de responsabilidad fiscal son la investigación y el juicio. La investigación comprende un periodo de instrucción dentro del cual se allegan y practican las pruebas que sirven de fundamento para decidir el archivo del expediente o la apertura del juicio.
Es durante esta etapa de instrucción en la que la ley autoriza la adopción de las medidas cautelares sobre los bienes de las personas vinculadas a la investigación. El vicecontralor Ruiz dijo que no se han impuesto y que la decisión al respecto tendrá reserva procesal.
La del juicio es la etapa procesal en la que se define la responsabilidad de la persona o personas cuya gestión fiscal ha sido objeto de cuestionamiento y que culmina con una decisión en la cual se declara o no la responsabilidad.
Tras la imputación, procederá el traslado a los procesados para que ejerzan su derecho de defensa dentro de los próximos 10 días. Seguirá el decreto y práctica de pruebas solicitadas por las partes y, por último, se proferirá el fallo adjudicando o no la responsabilidad. Dicha etapa tardaría hasta un año y medio pero, en todo caso, está prevista una segunda instancia que conocerá un cuerpo colegiado denominado Sala Fiscal y Sancionatoria de la Contraloría.
$2,9
billones de detrimento patrimonial están asociados a mayores inversiones hechas.
$1,1
billones de detrimento patrimonial son por los
recursos dejados de percibir.
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