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Antioquia | PUBLICADO EL 04 diciembre 2020

El revuelo (y lo que sigue) tras la imputación fiscal por Hidroituango

  • El costo inicial del proyecto hidroeléctrico era de $11,4 billones. Tras la emergencia, ahora vale $16,2 billones. FOTO esteban vanegas
    El costo inicial del proyecto hidroeléctrico era de $11,4 billones. Tras la emergencia, ahora vale $16,2 billones. FOTO esteban vanegas
  • Los exgobernadores Luis Alfredo Ramos y Sergio Fajardo; los exalcaldes de Medellín, Alonso Salazar y Aníbal Gaviria; y los exgerentes de EPM, Federico Restrepo y Juan Esteban Calle, seis de los 28 imputados por la Contraloría. FOTO: EL COLOMBIANO
    Los exgobernadores Luis Alfredo Ramos y Sergio Fajardo; los exalcaldes de Medellín, Alonso Salazar y Aníbal Gaviria; y los exgerentes de EPM, Federico Restrepo y Juan Esteban Calle, seis de los 28 imputados por la Contraloría. FOTO: EL COLOMBIANO
  • El costo inicial del proyecto hidroeléctrico era de $11,4 billones. Tras la emergencia, ahora vale $16,2 billones. FOTO esteban vanegas
    El costo inicial del proyecto hidroeléctrico era de $11,4 billones. Tras la emergencia, ahora vale $16,2 billones. FOTO esteban vanegas
  • Los exgobernadores Luis Alfredo Ramos y Sergio Fajardo; los exalcaldes de Medellín, Alonso Salazar y Aníbal Gaviria; y los exgerentes de EPM, Federico Restrepo y Juan Esteban Calle, seis de los 28 imputados por la Contraloría. FOTO: EL COLOMBIANO
    Los exgobernadores Luis Alfredo Ramos y Sergio Fajardo; los exalcaldes de Medellín, Alonso Salazar y Aníbal Gaviria; y los exgerentes de EPM, Federico Restrepo y Juan Esteban Calle, seis de los 28 imputados por la Contraloría. FOTO: EL COLOMBIANO
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Lo que sigue

La Contraloría procesará a 28 funcionarios y contratistas

por la presunta responsabilidad en sobrecostos.

Después de 13 meses de la apertura del proceso, la Contraloría General de la República expidió ayer el auto de imputación a 28 personas naturales y jurídicas dentro de la investigación por la presunta responsabilidad fiscal que adelanta tras los sobrecostos en el proyecto hidroeléctrico de Ituango.

El organismo de control fiscal abrió el expediente el 8/11/2019 por un posible detrimento patrimonial de $4 billones, como consecuencia de las fallas en la planeación y ejecución del megaproyecto.

Ese monto se discriminó así: $2,9 billones a raíz de las “mayores inversiones realizadas no justificadas, que llevaron a que se diera una pérdida o destrucción del valor del proyecto”; y $1,1 billones por concepto de los recursos dejados de percibir por el Estado como consecuencia de la no entrada en operación.

El contralor General, Carlos Felipe Córdoba, informó que las decisiones responden a una investigación realizada por un equipo técnico que analizó dos terabytes de información (un terabyte equivale a 1.000 gigabytes). Esta actuación especial se originó por una solicitud de la veeduría ciudadana Recursos Sagrados en febrero de 2019.

Determinó el ente de control que las decisiones relevantes, así como las acciones u omisiones que presuntamente generaron el daño patrimonial, se originaron entre 2008 y 2015, como consecuencia de una cadena de errores que se dio desde su planeación y diseño, hasta su ejecución y control.

Entre los 28 imputados figuran 10 exmiembros de la junta directiva de Hidroituango, dos exgerentes de EPM, dos exgerentes de Hidroituango, un exgerente de la filial EPM Ituango, dos exalcaldes de Medellín y dos exgobernadores. El resto son contratistas (ver lista anexa).

Las personas naturales tendrán que responder por acciones y omisiones en torno al proyecto y por omisión al deber de tutela (es decir, de cuidado). Los consorcios y empresas intervinientes, según la Contraloría, serán procesados por atrasos y defectos en construcción de obras, incluida la Galería Auxiliar de Desviación (túnel que colapsó el 28 de abril de 2018), aumentos del valor del contrato, ausencia de seguimiento al contrato de obras principales, deficiente asesoría, precaria modificación en los diseños y omisiones de las advertencias del board de expertos.

Los reproches

La Contraloría consideró que los errores cometidos en el proyecto trajeron tres consecuencias: (1) El incumplimiento del compromiso de generación de energía ya contratada y acordada para 2018, lo que produjo el lucro cesante señalado ($1,1 billones).

En la subasta de energía en firme realizada a mediados de 2008, el proyecto prevendió 2.972.603 KWh-día para el periodo entre el 1 de diciembre de 2018 y el 30 de noviembre de 2038, a un valor de 13,9 dólares por megavatio-hora, compromiso incumplido.

(2) Se produjo un aumento de los costos de Hidroituango. Inicialmente estaba pactado en $6 billones y, por las fallas e improvisaciones, terminó costando $13 billones, por la destrucción del valor del proyecto a junio de 2019. Sin embargo, la junta directiva de EPM aprobó el pasado 28 de julio la más reciente actualización del presupuesto del proyecto, con un incremento de 5,88 %, quedando en $16,2 billones.

(3) La tercera consecuencia fue la contingencia que en abril de 2018 amenazó con causar una calamidad pública en el área de influencia.

Julián Ruiz, vicecontralor General (e), explicó ayer que “es difícil calificar actos de corrupción” dentro del proceso, pero afirmó que lo visto hasta ahora dentro de los hechos u omisiones “son decisiones desacertadas, fuera de tiempo, cambios en condiciones contractuales que difuminaron las responsabilidades y permitieron el cambio de cronogramas, que a la postre significaron implementar planes de aceleración y mayores costos”.

Hablan los implicados

El exalcalde de Medellín, Alonso Salazar, respondió que prefiere conocer la resolución de la Contraloría antes de emitir un pronunciamiento.

Aníbal Gaviria, actual gobernador de Antioquia y alcalde de Medellín 2012-2015, dijo que como servidor público ha actuado con apego a la ley. “Tengo la convicción de que las personas, instituciones y empresas han actuado basados en estudios, con criterios científicos y técnicos, y que la gravísima contingencia que afronta el proyecto fue producto de una situación que no tuvo origen ni en dolo o mala intención”, sostuvo. Anotó que entregará pruebas, documentos y explicaciones del caso, “con la certeza de que demostrarán la transparencia de mis actuaciones”.

El precandidato presidencial y exgobernador de Antioquia (2012-2015), Sergio Fajardo Valderrama, dijo que fue vinculado al proceso para explicar el control y seguimiento realizado a las personas que delegó ante la junta directiva de la hidroeléctrica Ituango cuando fue gobernador.

“Para realizar el control y seguimiento a la función delegada, sosteníamos reuniones periódicas, a fin de discutir y analizar el cronograma de trabajo y los costos financieros. En estas reuniones, no revisamos decisiones técnicas de construcción porque correspondían exclusivamente a EPM”, sostuvo Fajardo. Y añadió: “La junta directiva de la Hidroeléctrica Ituango ejerció una labor exclusiva de supervisión, vigilancia y control del cronograma de trabajos y de costos financieros del mencionado contrato. La junta no tomaba decisiones técnicas de construcción ya que correspondía a EPM, quien ha estado a cargo de las decisiones técnicas y su implementación”.

Luis Alfredo Ramos Botero (gobernador de Antioquia 2008-2011) declaró que ha estado listo para responder los requerimientos de la Contraloría relacionados con Hidroituango, “precisando que nunca fui miembro de la junta directiva de esa sociedad ni participé en las decisiones de planeación y ejecución de la obra. Espero que Hidroituango empiece a generar energía muy pronto”.

Los exgerentes de EPM

Federico Restrepo Posada, gerente de EPM 2008-2011, dijo que estará atento para colaborar y cooperar con la Contraloría. “Es importante resaltar que esta imputación de cargos no es una sentencia, una decisión definitiva o una declaración de culpabilidad. Se trata de una decisión preliminar en el avance de una investigación sobre las decisiones administrativas que tomé como gerente de EPM y que estoy seguro, fueron transparentes, de buena fe, apegadas a la ley y orientadas a generar los mejores resultados para la compañía y el país”, aseguró.

Juan Esteban Calle, gerente de EPM 2012-2015, le dijo a EL COLOMBIANO que se siente “totalmente tranquilo con respecto a todas las actuaciones durante mi gestión como gerente, las cuales seguiré defendiendo con absoluta tranquilidad de conciencia, diligencia y convicción, por su total apego a la integridad personal, la ética empresarial y la Ley”.

Indicó que continuará atendiendo los requerimientos de las autoridades, y que “los esfuerzos y buena energía de las instituciones, la empresa y el país deben estar dirigidos a que el proyecto entre pronto en operación para beneficio de los colombianos”.

Las etapas del proceso de responsabilidad fiscal son la investigación y el juicio. La investigación comprende un periodo de instrucción dentro del cual se allegan y practican las pruebas que sirven de fundamento para decidir el archivo del expediente o la apertura del juicio.

Es durante esta etapa de instrucción en la que la ley autoriza la adopción de las medidas cautelares sobre los bienes de las personas vinculadas a la investigación. El vicecontralor Ruiz dijo que no se han impuesto y que la decisión al respecto tendrá reserva procesal.

La del juicio es la etapa procesal en la que se define la responsabilidad de la persona o personas cuya gestión fiscal ha sido objeto de cuestionamiento y que culmina con una decisión en la cual se declara o no la responsabilidad.

Tras la imputación, procederá el traslado a los procesados para que ejerzan su derecho de defensa dentro de los próximos 10 días. Seguirá el decreto y práctica de pruebas solicitadas por las partes y, por último, se proferirá el fallo adjudicando o no la responsabilidad. Dicha etapa tardaría hasta un año y medio pero, en todo caso, está prevista una segunda instancia que conocerá un cuerpo colegiado denominado Sala Fiscal y Sancionatoria de la Contraloría.

$2,9
billones de detrimento patrimonial están asociados a mayores inversiones hechas.
Infográfico
$1,1

billones de detrimento patrimonial son por los

recursos dejados de percibir.

Contexto de la Noticia

PARA SABER MÁS conciliación y renovación contractual

El gerente de EPM, Álvaro Guillermo Rendón, aseguró el pasado 27 de noviembre que el futuro del proyecto Hidroituango no está en riesgo e indicó que el contrato con el consorcio constructor CCCI se ampliará hasta diciembre de 2021. El actual vínculo termina el 31 de diciembre de 2020 y su continuidad estaba en vilo. Rendón precisó que aún no hay nada firmado, pero dijo que “el ambiente va en esa dirección”. Cabe recordar que la audiencia de conciliación, en la que se tramitarán las reclamaciones de EPM por $9,9 billones contra este y los otros consorcios intervinientes en el megaproyecto energético, está prevista para el viernes 11 de diciembre.

la lista completa los imputados por la contraloría

Nombre Calidad

Alonso Salazar Jaramillo Alcalde de Medellín 2008-2011

Aníbal Gaviria Correa Alcalde de Medellín 2012-2015

Luis Alfredo Ramos Botero Gobernador Antioquia 2008-2011

Sergio Fajardo Valderrama Gobernador Antioquia 2012-2015

Federico Restrepo Posada Gerente de EPM 2008-2011

Juan Esteban Calle Restrepo Gerente de EPM 2012-2015

Alejandro A. Granda Zapata Exmiembro de junta directiva

Álvaro Julián Villegas Moreno Exmiembro de junta directiva

Sergio Betancur Palacio Exmiembro de junta directiva

Álvaro Vásquez Osorio Gerente del Idea 2008-2010

Ana Cristina Moreno Palacios Exmiembro de junta directiva

Iván Mauricio Pérez Salazar Gerente del Idea 2012-2015

Jesús A. Aristizábal Guevara Exdirector energía EPM

Luis G. Gómez Atehortúa Exgerente Hidroituango

John Alberto Maya Salazar Exgerente Hidroituango

Jorge Mario Pérez Gallón Exmiembro de junta directiva

Luis Javier Vélez Duque Exgerente EPM-Ituango

María Eugenia Ramos Villa Exmiembro de junta directiva

Rafael A. Nanclares Ospina Exmiembro de junta directiva

Camargo Correa Consorcio constructor CCCI

Constructora Conconcreto Consorcio constructor CCCI

Coninsa Ramón H Consorcio constructor CCCI

Ferrovial Agroman Chile Consorcio constructor de túneles

Sainc Ingenieros Constructores Consorcio constructor de túneles

Ingetec Consorcio interventor

Sedic S.A. Consorcio interventor

Integral S.A.S. Consorcio diseñador y asesor

Integral Ingeniería Supervisión Consorcio diseñador y asesor

Juan Diego Ortiz Jiménez

Redactor del Área Metro. Interesado en problemáticas sociales y transformaciones urbanas. Estudié derecho pero mi pasión es contar historias.

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