La inspección Primera de Policía de Bello tomó la determinación ayer de suspender de manera inmediata y temporal las actividades de la planta de tratamiento de aguas residuales Aguas Claras de Bello, hasta no eliminar la generación de malos olores.
Así lo expresó ayer Juan Sebastián Montoya, inspector Primero municipal de Bello, mientras pegaba un letrero que reza “sellado por incumplimiento del Código de Policía” sobre la ventanilla de ingreso a la planta. “Hemos tomado la decisión en Derecho, basados en las normas. Hay personas que llevan 50 días encerradas con estos olores e, incluso, pacientes con covid-19 que se han agravado”.
La orden policiva número 2020- 01-010 exige que desde el viernes a las 8:00 a.m. se suspenda el ingreso de aguas provenientes del Interceptor Norte (túnel que conduce las aguas residuales de Medellín y Bello) y del río Medellín. También ordena la suspensión de los diferentes procesos de tratamiento, así como la evacuación del agua y de todos los biosólidos que se encuentran en la planta en un plazo “improrrogable” de 20 días.
Tras la notificación, se llegó a la decisión de llevar a cabo mañana una reunión que busca alcanzar un acuerdo entre el Inspector de Policía, la comunidad, Aguas Nacionales EPM y representantes de la autoridad ambiental y del Concejo de Bello, según informó EPM.
“No estamos en contra de que la planta opere, pero que opere bien”, expresó Montoya, y explicó que actúa siguiendo la Ley 1333 de 2009, según la cual en materia ambiental se presume el dolo del infractor, lo cual da lugar a medidas preventivas. “Estamos presumiendo que EPM está contaminando el aire”, dijo.
Aseguró que “antes de que empezara a funcionar esta planta en 2019 no había ningún tipo de olor, y ahora que se va a suspender la operación tampoco lo habrá”.
“Impacto monumental”
Sin embargo, Daniel Arango Ángel, vicepresidente ejecutivo de Negocios de EPM, aseguró que la empresa no comparte la decisión ya que “tendría impactos ambientales de carácter monumental”. Según la empresa, la suspensión de la planta implicaría verter al río más de 10.000 millones de litros de agua residual sin tratamiento por mes y, en una etapa posterior a la suspensión, se tendrían que verter más de 150 millones de litros de agua y lodo de la línea líquida de tratamiento, y 60 millones de litros adicionales de lodo.
Detener la operación, aseguró EPM, generaría olores de manera incontrolada, intensiva y permanente no solo por el proceso de vaciado de las estructuras sino por las aguas residuales que quedarían sin tratar y serían vertidas al río. Además, agregó que retomar actividades requeriría un proceso de más de ocho meses “con alta generación de olores”.
Al respecto, Montoya aseguró que la suspensión se realizaría siguiendo los lineamientos técnicos y que la labor ambiental de EPM no puede sobreponerse sobre otros derechos fundamentales. “Estamos protegiendo el derecho a la vida, el derecho a la salud, a un ambiente sano y el derecho a la intimidad personal. Concertamos que nos vamos a seguir reuniendo para que los daños causados con el posible cierre de la planta sean los menores”.
Por su parte, Gabriel Jaime Velásquez, gerente jurídico del grupo empresarial EPM, expresó que “echaremos mano de las herramientas que tenemos para tratar de corregir la orden o modificarla con el propósito de que se evite a toda costa un daño que sería muy grave para toda la comunidad”.
La Contraloría de Bello, por su parte, se manifestó solicitándole al inspector “el aplazamiento de la materialización de cualquier decisión consistente en el cierre de la planta”. Lo anterior, explicó, por las afectaciones que conllevaría para la comunidad y aquellas ubicadas aguas abajo “lo que generaría un daño mayor al que se pretende evitar”.
En tanto, Héctor Manuel Hinestroza, procurador Judicial Ambiental y Agrario de Antioquia, solicitó que el proceso sancionatorio adelantado por la inspección le sea comunicado para vincular de manera formal al Ministerio Público.
Cumplir las promesas
“EPM no puede pretender iniciar la operación de una planta cuando no está terminada en un 100 %. Es como si usted compra un carro y le hacen falta unas llantas”, aseguró Montoya al referirse a las acciones que aún EPM tiene pendientes por ejecutar y que quedaron consignadas en un plan de acción que se comprometió a cumplir entre enero y junio.
Juan David Casas, secretario de Medio Ambiente de Bello, aseguró en diálogo con EL COLOMBIANO que, según el cronograma concertado, los trabajos de control y eliminación de olores deberían estar en 80 %, pero van en un 55 %.
Según información de EPM, de 36 acciones que contempla el plan, se han ejecutado 21, cuatro están en curso y 11 presentan retrasos. Y de las 16 que son catalogadas como prioridad alta, se han ejecutado 8. Tras la órden de suspensión del inspector, EPM comunicó otro compromiso: ejecutar cuatro más durante junio para alcanzar 25.
Entre los pendientes se encuentran puntos claves como el cerramiento de las descargas de biosólidos húmedos y secos, la compra e instalación de filtros de carbón activado definitivo en los pulsos de aire de los silos secos y el diseño de un sistema de recolección y tratamiento del aire del edificio de secado térmico.
Al respecto, Henry Parra, presidente de Aguas Nacionales, explicó que la pandemia ha interferido con la ejecución de los compromisos, debido a que muchos de las actividades de los proveedores se han visto paralizadas, así como viajes de contratistas del exterior.
Sin embargo, expresó Alexander Álvarez, integrante del Comité de Afectados, “EPM tiene un equipo técnico, los ingenieros, los científicos y los recursos económicos para solucionar esta situación. Es un tema de decisión y de iniciativa. No queremos más promesas, queremos cero olores” .
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millones de litros de agua sin tratamiento por mes irían al río si se suspende operación.
